El jurista tolimense, con una reconocida trayectoria en la Rama Judicial aseguró que el blindaje es un proceso en construcción, que debe adelantarse en medio de unas condiciones particulares, con imaginación y respetando la normatividad internacional.
El magistrado respaldó la Comisión de Aforados, pero criticó el equilibrio de poderes y urgió una reforma integral a la justicia. También reiteró que el plebiscito es el mecanismo idóneo para revalidar los acuerdos de paz que se firmen en Cuba.
El funcionario estará hoy en Neiva con varios consejeros, en una jornada académica sobre “cultura de la legalidad y la seguridad jurídica”, previsto por la mañana en la Asamblea Departamental. Por la tarde, estará en un coloquio sobre responsabilidad del Estado, en el auditorio del Palacio de Justicia, organizado por el Colegio de Jueces y Fiscales.
Rojas Betancourt en diálogo con LA NACIÓN explicó los alcances de la jornada en Neiva
¿Por qué las regiones deben entrar en una cultura de la legalidad y seguridad jurídica?
Lo que se quiere es que las administraciones locales alcaldías, gobernación, la institucionalidad en general conozca quienes son los jueces administrativos, que nosotros que somos los jueces los estamos condenando permanentemente por las mismas razones de siempre, porque hacen mal los contratos, porque despiden mal a la gente, porque se inventan impuestos, porque no hay prevención en violación a derechos humanos. Entonces contándoles esa jurisprudencia que estamos sacando sobre los mismos temas, queremos generar una cultura de prevención, motivarlos para que tomen los correctivos del caso.
¿De qué dimensión es la responsabilidad del Estado en estas demandas?
Es uno de los vectores más importantes de condenas al Estado, la responsabilidad extracontractual, especialmente en este momento en que estamos fallando los casos relacionados con el conflicto armado. Estamos fallando casos sobre las tomas guerrilleras, las desapariciones, las torturas, y otros casos no por la guerra sino por situaciones de descuido de las administraciones cuando no se tapan los huecos, cuando no se reparan las carreteras que terminan generando responsabilidades extracontractuales.
¿Qué responsabilidad puede tener la justicia?
Si, desafortunadamente, ese es otro factor importante de responsabilidad, especialmente en lo que tiene que ver con las detenciones injustas, que corresponden a la administración de justicia. Es muy frecuente que la Fiscalía y en ocasiones los propios jueces, toman decisiones que afectan la libertad de las personas y que en muchos casos resultan inocentes. Entonces ahí se trata de preservar el principio de libertad y condenar a la administración de justicia por no haber hecho una detención que llevara efectivamente a una condena. Esencialmente se trata de aplicar lo que ya es un hecho que la detención preventiva por parte de las autoridades judiciales sea la última medida a tomar por parte de la Fiscalía.
¿Las detenciones masivas de otras épocas quedaron proscritas?
Por supuesto, porque las responsabilidades penales son individuales y no colectivas. Muchos de esos casos, en su momento generaron angustia y tanta arbitrariedad en relación con las personas detenidas, demandaron la responsabilidad del Estado y en muchos de esos casos, se ha condenado.
El acceso a la justicia y la impunidad son limitantes. ¿La justicia tiene todos los instrumentos para garantizar el acceso?
No, no los tiene todos porque estamos viviendo lo que he llamado un SOS de la justicia que es una congestión impresionante. Cuando hay una congestión tan grande como la que tenemos, los tiempos de respuesta por parte de los jueces son por supuesto dramáticos, hasta vergonzosos. Tomar una decisión después de veinte años de haber ocurrido el caso, como ha pasado en la justicia contenciosa, es vergonzoso.
¿De qué dimensión es la congestión?
El Consejo de Estado tiene actualmente una congestión impresionante, como que la Sección Primera que son cuatro magistrados, tienen ocho mil expedientes para fallo. La Sección Segunda que son seis magistrados tiene once mil expedientes para fallo y la Sección Tercera a la que yo pertenezco, hay alrededor de dieciséis mil expedientes con nueve magistrados. Lo que ha sido el éxito de la descongestión en los tribunales se convirtió en el drama en la segunda instancia en el Consejo de Estado. Necesitamos como lo hemos pedido un ‘Plan de choque’ para poder evacuar esa enorme congestión.
¿El equilibrio de poderes ha servido para enfrentar entre otros estos dramáticos problemas de la justicia?
No, para nada. El equilibrio de poderes nada tocó en este tema. La reforma dejó por fuera dos de los problemas más acuciantes que tiene el poder judicial: la autonomía presupuestal y dejó por fuera todo el tema de la descongestión. El equilibrio de poderes pasó por alto los problemas más asfixiantes que tiene la Rama Judicial.
¿La reforma integral a la justicia es una necesidad inaplazable?
Totalmente. Hemos insistido en ese tema. Lo hicimos la semana pasada ante el Congreso y lo venimos reclamando: una misión justicia para que se analicen adecuadamente todos los problemas de la Rama Judicial.
¿Colombia está jurídicamente blindada para asumir los retos del posconflicto?
No, no creo que haya blindaje aquí ni en ninguna otra parte del mundo, que tenga situaciones semejantes. Creo que son procesos de construcción permanente y democráticos que hay que ir avanzando teniendo en cuenta la normativa internacional que en todo caso gravita sobre el escenario colombiano y la imaginación que nosotros podamos tener en función de nuestras propias especificidades.
¿No son suficientes las medidas para atender todo lo que se viene con un acuerdo de paz?
Por supuesto. Ahora se viene la parte más difícil, diría yo, sin demeritar lo difícil que ha sido, por supuesto, el escenario político en que se ha movido el proceso de paz. Esto como se ha visto en los últimos días, empieza a pasar al escenario jurídico que es el escenario del Estado de Derecho, que tiene unas lógicas y unas exigencias y limitaciones mayores. Aquí necesitamos toda la imaginación jurídica, toda la disposición y el esfuerzo constructivo común para tratar de crear instituciones jurídicas readecuadas y nuevas que puedan responder a esos desafíos.
¿El plebiscito es un mecanismo legítimo para revalidar los acuerdos de paz?
Yo creo que sí. El plebiscito como lo sostuve en la Corte Constitucional, es uno de los mecanismos idóneos para efectos de incorporar al ordenamiento jurídico, con la aprobación del pueblo, uno de las decisiones más importantes de los últimos años que es ese acuerdo de paz.
¿Cree que este proceso de paz es ya irreversible?
No hay nada irreversible en materia política, siempre hay avances, reveces. Es un deseo pero también es un derecho que todos debemos reclamar, como el derecho a la paz. El tema es lograr un acuerdo que pueda consultar la normativa internacional que busque equilibrios entre verdad, justicia y reparación.
¿La Comisión de Aforados tiene futuro?
En relación con la Comisión de Aforados, quisiera decir que los jueces necesitamos un buen juez. Si no hay un buen juez, que juzgue a los jueces especialmente a los de las altas cortes, creo que no es posible, realizar una función judicial equilibrada. Como la Comisión de Acusaciones demostró que no es un buen juez, cualquier propuesta de modificación es importante. Me parece bien el avance que se ha intentado hacer en el equilibrio de poderes, lo que no me parece suficientemente apreciados con algunos detalles que se pueden superar. La figura es acertada.
¿Cuándo se conocerá el fallo definitivo sobre la elección del Procurador?
En breve. Ya la corporación está en los debates finales. Creería que esa decisión sobre la elección del Procurador en poco tiempo se va producir.
Agenda académica
El Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Huila realizará hoy una apretada agenda académica sobre cultura de la legalidad. La jornada comenzará a las 8:00 a.m. en el recinto de sesiones de la Asamblea. Los temas: la prevención del daño, una política en construcción; Control de repetición, causas para su interposición y cumplimiento de fallos. Igualmente vigencias futuras, legalidad en los procesos de nulidad electoral y lineamientos para una contratación estatal eficiente. El vicepresidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramírez, disertará sobre impuestos y autonomía territorial y cerrará el presidente con ética judicial.
Coloquio judicial
A partir de las 2:30 en el auditorio del Palacio de Justicia se realizará un coloquio sobre responsabilidad estatal. Los temas: suspensión provisional de los actos administrativos (Alberto Yepes), Responsabilidad contractual del Estado (Edgar González), responsabilidad estatal por expedición de leyes tributarias declaradas inexequibles (Jorge Octavio Ramírez) y Responsabilidad Extracontractual por fallas del Servicio (Danilo Rojas).