A casi cinco años de la firma del acuerdo final de paz con las Farc, el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Andrés Stapper, defiende los avances en la reincorporación de los excombatientes. “No solo se les han mantenido los apoyos económicos, sino que trabajan en proyectos productivos y recibirán viviendas”, anuncia.
Jesús Antonio Rojas Serrano
Casi cinco años después de la firma final del acuerdo de paz con las Farc, los excombatientes siguen en su proceso a la legalidad, recibiendo no sólo apoyos económicos sino trabajando en proyectos productivos. Próximamente, recibirán viviendas.
Así lo asegura el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Andrés Stapper, quien en diálogo con LA NACIÓN, hizo un balance del proceso de reincorporación de los exguerrilleros en el Huila y el país.
A cinco años de la firma del acuerdo final de paz entre el Gobierno y la entonces guerrilla de las Farc, ¿Cuál es hoy la radiografía de los excombatientes en la legalidad?
Más de 11.000 personas vienen adelantando su proceso de reincorporación en el marco de la política de ‘paz con legalidad’ del señor presidente Iván Duque. Esto nos ha permitido tener resultados significativos desde las distintas dimensiones en que se tiene que observar este tipo de procesos. Lo primero: el plan nacional de desarrollo generó profundas transformaciones al proceso de reincorporación. Ejemplo de ello es que varios de esos beneficios que eran por 24 meses fueron ampliados por el tiempo que fuera necesario para las personas que están en su tránsito a la legalidad; estamos hablando de las ayudas económicas, la formalización de los antiguos espacios territoriales. A nivel nacional, tenemos 24 de estos espacios en donde hay 2.500 personas desarrollo proyectos productivos y sociales. El objetivo del Gobierno es seguir comprando esa tierra y avanzar en los proyectos de vivienda para esta población. Se estableció una hoja de ruta con componentes como sostenibilidad económica, hábitat y vivienda, salud, educación.
En cifras concretas, ¿Qué avances ha habido?
Estamos hablando de más de 7.000 personas con proyectos productivos aprobados y desembolsados por el Gobierno Nacional. Esto representa $69.000 millones. En el Huila, tenemos 513 personas que vienen avanzando en su proceso de reincorporación, de las cuales 350 ya tienen proyectos productivos. En estos proyectos se han invertido más de $3.000 millones.
¿Cuáles han sido las mayores dificultades a la hora de mantener en la legalidad a exguerrilleros?
Son muchas las dificultades porque a medida en que va avanzando la política, el reto se transforma. Ya no estamos hablando de formular proyectos sino de que sean sostenibles en el tiempo, es decir, que cada proyecto tenga, por ejemplo, capacidad de comercialización y asistencia técnica. El reto es comenzar a incorporar esos proyectos productivos en los planes de desarrollo de los municipios y departamentos. Aquí en el Huila el gobernador Dussán ha permitido que esos proyectos tengan ese horizonte, fortaleciendo las siete cooperativas que tenemos para el desarrollo de estas unidades productivas. La Alcaldía de Neiva ha venido apoyando los procesos de comercialización de los productos de los excombatientes; estamos pendientes de formalizar algo que se habló con el alcalde Gorky Muñoz sobre un centro de acopio para fortalecer este proceso.
Cuando habla de proyectos productivos, ¿A qué se refiere? ¿Me puede dar ejemplos concretos?
Cuando estamos hablando de proyectos productivos, me refiero a más de 200 unidades productivas que hemos diseñado y aprobado. Un ejemplo: una ferretería de excombatientes cuyo objetivo no es solo tener un local para la venta de insumos sino un punto de referencia para la misma población para que acceda a herramientas para sus propias unidades productivas. Tenemos proyectos apícolas y ganaderos. En el municipio de Palermo, por ejemplo, se asignó un predio para un proyecto ganadero.
¿Los empresarios ya perdieron el miedo de hacer negocios con los exguerrilleros?
Cuando hablamos del sector privado, lo hacemos desde distintas dimensiones: desde los temas de no estigmatización, desde los componentes comunitarios, desde la sustentabilidad económica. Nosotros hemos diseñado una estrategia con los empresarios para que en el marco de sus negocios, también vean en esto una oportunidad, no sólo para vincular a la población sino para llegar a las comunidades de manera acelerada. Hemos tenido un diálogo muy activo con las Cámaras de Comercio para facilitar la comercialización de los proyectos productivos.
Pero, ¿esos temores a vincular laboralmente a exguerrilleros ya se disiparon? O ¿Hay cierta resistencia aún?
Más que resistencia, aún tenemos un camino aún por andar. Todavía hace falta una mayor comprensión de lo que es el proceso de construcción de paz en los territorios y también de las políticas que lidera el Gobierno Nacional. En 2019, hicimos un censo socio-económico y nos arrojó datos importantes. Por ejemplo, el 96% de la población quería tener un proyecto productivo sostenible y de carácter rural. Y el 4% quería emplearse. Con base en esto, hemos venido trabajando, conscientes además que estos procesos tienen que ir acompañados de iniciativas en temas comunitarios para que las comunidades y el sector privado vean en todo esto una oportunidad.
El Gobierno Duque ha recibido numerosas críticas alrededor de la implementación del acuerdo de paz y de darle oportunidades a los excombatientes que se mantienen en la legalidad, ¿Qué tan comprometido ha sido Duque con los reincorporados?
Desde el día del discurso de posesión del señor Presidente, se dio esa manifestación política de acompañar por el tiempo que sea necesario a las personas que estén en su tránsito hacia la legalidad. Una de las primeras políticas fue la de ‘paz con legalidad’. Y le dio dientes a través de dos artículos en la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Se le dio continuidad a los apoyos económicos a los excombatientes y se puso en marcha toda la estrategia en la cual se definió la tierra como un elemento fundamental para el desarrollo de vivienda y proyectos productivos. Y el tema de tierras no estaba pactado para la población en proceso de reincorporación en el marco del acuerdo de paz. Obviamente, estamos hablando de una manifestación política, respaldada por normas que sustentan toda esa inversión pública y una planificación para que ese proceso sea de carácter irreversible, con metas y resultados. En el Huila, para diciembre de 2021, debemos tener el 100% de la población con proyectos productivos; vamos en el 70%. Lo que esperamos es que esta política de ‘paz con legalidad’ no de vuelta atrás y que los nuevos Gobiernos sigan apoyando la reincorporación.
Sobre el tema de vivienda para los excombatientes ha habido una controversia en los últimos días, ¿Cuáles son los planes del Gobierno Nacional?
Aquí no hay controversia. Nosotros lo que hemos sido en estos últimos días es reiterativos en que existe un compromiso manifiesto por parte del Presidente de la República en avanzar en su estrategia de comprar la tierra y construir la vivienda. El caso emblemático lo tenemos en el antiguo espacio territorial de Llano Grande, en el municipio de Dabeiba, departamento de Antioquia, en donde compramos las tierras y se entregaron; se hizo la contratación de una gerencia integral en marzo este año por $9.000 millones; comenzamos a trabajar en la definición de materiales, tipología, diseños y espacialidad de las viviendas. Concertamos con la comunidad una vivienda de 68 metros, que supera el estándar de la vivienda de interés social tanto urbana como rural, con materiales que están ajustados a la norma de calidad. Esa decisión que fue tomada por la comunidad fue desconocida por sus dirigentes, quienes decidieron cambiar todos los diseños y materiales. El llamado enérgico que nosotros hacemos como Gobierno es que no dilatemos y avancemos en la construcción de las viviendas. Si desde el inicio nos dicen que quieren ladrillo y cemento, nos vamos con ladrillo y cemento, pero el tema es que la vivienda no se puede politizar, la reincorporación no se puede politizar.
Pero, ¿Van a continuar con la construcción de las viviendas para los exguerrilleros?
Objetivo: vamos a continuar con la construcción en Dabeiba, ya contratamos otro en el departamento de Arauca; allá son 187 viviendas, que demandan una inversión de $15.200 millones. Y vamos a seguir avanzando con la contratación en el Cauca y la Guajira. El objetivo es comenzar con la construcción de las primeras 500 viviendas para reincorporados.
‘Timochenko’ dijo que “Duque quiere ver durmiendo en galpones a los excombatientes”, ¿Cómo son estas viviendas en realidad?
Estamos hablando de viviendas de 68 metros cuadrados. Están compuestas de dos o tres habitaciones, un baño, sala-comedor. Vienen con acabados, protección de la zona húmeda. También viene con la bodega para guardar herramientas en razón al contexto de áreas rurales. Es una vivienda que en el concepto de la ruralidad, tiene que ser progresiva porque a medida que va creciendo la familia, la vivienda tiene que tener la posibilidad de ir creciendo. Y no es solo la vivienda, también se entrega un lote de aproximadamente 300 metros cuadrados para que ellos puedan avanzar en esa construcción de la vivienda. Estamos hablando que el subsidio de vivienda para la población colombiana está entre 60 y 70 salarios mínimos, aquí ampliamos el subsidio de 70 a 90 salarios mínimos porque la vivienda viene con luz, agua y alcantarillado. Vamos a entregar vivienda digna, avanzando más allá de lo acordado porque esto no estaba en los acuerdos de paz. Todo esto fue concertado y las directivas del partido lo echaron para atrás. Ahora, volver a arrancar de nuevo.
Duque entró en su recta final, ¿Cuál es su recomendación para el próximo Gobierno en materia de reincorporación?
Yo he tenido la oportunidad de trabajar en esto más de 14 años y obviamente, el objetivo lo resumo en una frase: es construir sobre lo construido. Hay que seguir acompañado a la población en proceso de reincorporación, acompañando los proyectos productivos para que sean sostenibles en el tiempo; hay que seguir avanzando en todos los temas de acceso a la tierra. Nosotros podemos dejar la construcción de cinco espacios territoriales y es necesario que se siga avanzando en el próximo Gobierno para que sean los 24 contratados. Ya hicimos toda la hoja de ruta, creamos la normatividad, tenemos los presupuestos, tenemos los diseños y la planeación para llegar a esos objetivos. Por eso, es construir sobre lo construido.
¿Hacia dónde va ese mensaje de que la reincorporación no se puede politizar?
Yo creo que tenemos objetivos comunes y es darle oportunidades a una población que estuvo más de 50 años en la violencia. Debemos acompañarlos con oportunidades, no estigmatizando lo que se ha avanzado porque es casi estigmatizar los mismos logros de su población.