La justicia y seguridad social integral en que se fundamentó la Ley 100 de 1993, hacía presumir un buen principio en la salud. Daba la idea de ser una verdadera reforma y un buen plan de beneficios especialmente para los grupos de menores recursos. Pareciera que se multiplicaran los recursos disponibles, pero no fue así, sus fallas son de enormes proporciones, tanto que no hay antecedentes en nuestra historia.
Esa delegación al sector privado, dió al traste con un buen servicio. Argumentan infinidad de causas para justificar el deterioro de la atención que convirtió al ser humano, al paciente, en cliente consumidor de un producto industrial. El acto medico ha sido comercializado y su administración delegada en intermediarios que conforman la industria de la salud. El Estado transfirió su responsabilidad a entidades comercializadoras haciendo posible que éstas suplanten la gobernación política. Esto demuestra alarmante ausencia estatal y fallas en los mecanismos de control. Los recursos para una buena prestación del servicio, van a los bolsillos de los intermediarios. Urge que el gobierno le ponga interés a la reforma de la salud, que es un “derecho humano constitucional fundamental” como fue el estatus que años atrás le dió la Corte Constitucional a la salud. La resistencia a la reforma radica en que los dueños de éstas empresas, o son congresistas o tienen sus fichas claves que no la dejan pasar. El 8 de abril de 2013, a la primera audiencia de reforma a la salud los congresistas no asistieron. Nada justifica que las personas mueran en la puerta de las clínicas o de los hospitales esperando ser atendidas, o que les hagan el paseo de la muerte. El gobierno abandonó los enfermos. Cómo justificar que el sistema de salud obligue a los médicos a regirse por unas normas que no permiten solucionar los problemas de los pacientes. Por qué darle vueltas a las condiciones delegadas para éste servicio, si no se cumplen. En la Constitución de 1991, la salud dejó de ser un favor que el Estado hacía a la población sin capacidad de pago, para convertirse dentro del estado social de derecho, en un derecho exigible y defendible que en ocasiones se ligaba a otros de mayor jerarquía. Esta nueva condición trae profundas implicaciones de tipo legal y económica para el Estado, quien ahora deberá garantizar el acceso a la atención en salud a través del diseño de un Sistema de Salud que organizará las instituciones, sean públicas o privadas. La seguridad social es un servicio público y la dirección, coordinación y control corresponde al Estado.