Bastante polémica ha causado la orden presidencial de suspender las fumigaciones a los cultivos ilícitos con glifosato. El Ministerio de Salud con base en estudios científicos ha señalado la nocividad para el medio ambiente como para las personas. El Procurador-candidato, ha llamado “culipronta” a la decisión. Los estadounidenses lo único que dicen es que respetan la autonomía de los colombianos. Ahora bien detrás está todo el tema de la ilicitud de la economía, en la medida en que en el imaginario popular se piensa que si no se fumiga las Farc van a seguir teniendo ingresos desmesurados para sus actividades delincuenciales. Lo cierto es que las guerrillas sobreviven por varias fuentes. Cultivos ilícitos, minería ilegal, extorsiones, secuestros, comisiones a contratistas, a alcaldes, contrabando, “peajes ilegales”, ganadería, agricultura, lavado de activos, entre muchos otros. Se pueden dar el lujo de decirle al país que no secuestraran más, promesa realizada al iniciar el proceso de paz. Para nadie era un secreto que esta era una fuente importante de recursos, sin embargo, tienen tantas maneras de recibir dinero, que renunciar al secuestro era una opción. Ahora bien, con fumigación o fumigación, el debate era el mismo, con Pastrana, Uribe o Santos, los cultivos ilícitos nunca mostraron una disminución contundente, por el contrario se movían de un lugar a otro si era necesario, como fue con el Plante programa del presidente Samper. Funcionó, pero a la vez no, así pasa con el glifosato. La suspensión de la aspersión aérea o la continuación de la misma, en nada cambiara el balance de la ecuación de ingresos de las Farc, el país es tan rico, que asfixiar económicamente a la guerrilla no es tan viable, ni tan fácil.
En el fondo, también está la cuestión de la libertad. Si la gente quiere matarse fumando cigarrillos, tomando alcohol, inhalando cocaína o simplemente comiendo lechona o alimentos que deterioran la salud del corazón, la reacción cual debe ser. ¿Prohibir el cigarrillo, el alcohol, la cocaína o la lechona? O tomar medidas en términos de políticas públicas para que estas personas no le cuesten tanto al bolsillo de los contribuyentes por los efectos en el sistema de salud. Cada quien es libre de hacer lo que considere con su vida y con su cuerpo desde que no le haga daño a nadie y aún más si la droga en su gran mayoría se exporta a otros países. ¿No será eso un problema de otros Estados y no simplemente nuestro?