El uso de una tarabita para trasportar productos agrícolas y que ahora es utilizada para el paso de niños que van a la escuela, es la manzana de la discordia. El uso de una tarabita para trasportar productos agrícolas y que ahora es utilizada para el paso de niños que van a la escuela, es la manzana de la discordia. Tras una visita a la vereda Quebradón, zona rural de Íquira, el Icbf pidió al alcalde garantizar a los menores un trasporte adecuado. El mandatario argumenta no tener los medios, mientras la comunidad pide que el mecanismo no sea inhabilitado. CAROLINA AMÉZQUITA CASTRO LA NACIÓN, NEIVA Un malestar generalizado entre la comunidad de la vereda Quebradón, zona rural de Íquira, motivó la visita de una comisión del Icbf y el alcalde municipal a conocer el estado de una tarabita en la que se transportan niños para ir a la escuela y la posibilidad de inhabilitarla. Mientras el Instituto pide al alcalde garantizar condiciones a los menores, los habitantes argumentan que es su único medio de transporte. 
Lo que inició como un ejemplo de unión y progreso para la comunidad, se convirtió en un ‘Florero de Llorente’. La tarabita ubicada en la vereda Quebradón del municipio de Íquira y que comunica un caserío con el resto del mundo, pende de un cable de 500 metros de largo y cruza sobre un abismo de 1.500 metros de altura. El mecanismo, instalado en el año 2007 gracias al esfuerzo de sus habitantes, ha generado desarrollo a sus usuarios quienes a través de ella sacan los productos agrícolas para la comercialización. Sin embargo y ante la inexistencia de vías alternas para comunicarse, la comunidad emplea la tarabita para su transporte, esto incluye menores de edad que diariamente arriesgan sus vidas para ir a la escuela. El particular caso generó alarma en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), quienes enviaron una comisión para verificar que los derechos de los menores se estén cumpliendo en su totalidad. Según María Eugenia Alzate, directora Regional del Instituto, “con la visita se logró establecer que existen tres familias funcionales, que dependen del café, lulo y el plátano, los niños de estas familias cuentan con derechos como salud y educación, pero para llegar a las clases deben utilizar un mecanismo de trasporte riesgoso sin existir otro medio para llegar a ella”. Compromisos La Directora afirmó que durante el recorrido el Alcalde municipal, Darwin Hernán Leiva acompañó a la funcionaria, quien en el informe presentado afirmó que hay otras sedes educativas con mejores vías de acceso pero demasiado retiradas de las viviendas de los menores. “Se logra establecer algunos compromisos con el Instituto, el Alcalde expresó que dentro de su plan de desarrollo tiene contemplada la apertura de vías y en especial alternas, que den paso de la vereda a otras regiones. Igualmente realizar mantenimiento a la tarabita, cambio de cable, reforzar la canastilla y motor, ya que este es un medio para trasportar café del cual de dependen todas las familias”, dijo. Alzate se mostró altamente preocupada por el inminente riesgo que a diario corren los menores que pasan por la tarabita. “El alcalde se comprometió con que a través del Consejo de Política Social del municipio, gestionará posibles soluciones para garantizar la integridad física de los niños que utilizan este medio de trasporte”. Ante la solicitud hecha por el Icbf al mandatario, sobre las garantías que debe ofrecer a los menores, quedó claro que el municipio no cuenta con recursos necesarios, menos ahora, luego del drástico recorte de recursos por regalías petroleras. “Como Alcalde me encantaría poder garantizarle todo esto a los niños, y como padre tampoco me gustaría que mis hijos pasaran por ahí, me preocupa, pero se me sale de las manos. Se podría construir un puente sobre el río, pero igual los niños deben caminar una hora, son situaciones sociales que van más allá de la alcaldía y no tenemos los recursos para ello”, afirmó Leiva. Sin embargo, el funcionario expresó que pondrá toda su disposición para gestionar ante los gobiernos nacional y departamental, y obtener una solución a la problemática. “El recorte de regalías ha sido duro, en Íquira el transporte escolar tiene un costo de 336 millones de pesos, cuando llegue el presupuesto el municipio pone 75 millones y la gobernación 40 millones, aún así queda faltando”. Finalmente, la Directora del Icbf hizo un llamado al gobierno departamental para que volteé la mirada a esta situación. “Es apoyar a la administración con recursos para que pueda abrir esas vías alternas y los niños sean los más beneficiados. Igual seguiremos haciendo seguimiento al caso y las soluciones que se busquen al respecto”. ‘Tarabita no será cerrada’ La posibilidad de que la Alcaldía Municipal cierre la tarabita generó polémica entre la comunidad, quienes reclamaron al gobierno nacional soluciones concretas. “Esa obra fue construida por la comunidad con recursos que nosotros mismo conseguimos, con ella buscamos generar desarrollo en una comunidad que prácticamente no tiene acceso por tierra, esa fue la mejor solución y más viable en el momento, si la hemos utilizado para transportar personas es debido a que el camino por tierra es intransitable y peligroso”, afirmó Orfenis Aldana, líder comunal de Quebradón. Asimismo, la mujer expresó que esta solo es una de las muchas necesidades que tiene su comunidad. “El Icbf lo toma como un atentado contra los derechos de los niños, cuando nosotros no lo vemos de esa manera, por eso nos preocupa la decisión que pueda tomar el alcalde”. Aldana hizo un llamado a las gobiernos municipal, departamental y nacional, “que sean consientes de las necesidades que tenemos los campesinos, con esto solo buscamos progresar y solucionar nuestros problemas sin esperar nada de nadie, ya que eso si es más difícil. Sería necesario que revisen la problemática nuestra, cómo vivimos, para que en lugar de venir a criticar aporten”. Finalmente el Alcalde de Íquira fue enfático al afirmar que la tarabita no se cierra. “No vamos a cerrar la tarabita, lo que hay que prohibir es el paso de las personas, porque eso se construyó para el paso de carga. Es posible que expidamos un acto administrativo y dárselo a conocer a la comunidad para que se enteren sobre la prohibición del transporte de personas por allí”.
