Los posibles riesgos por eventos naturales, en una zona de alta sismicidad y fallas geológicas, revivieron ayer en el Consejo de Estado donde se estudia la nulidad de la licencia ambiental. Experto ratificó las amenazas por eventos catastróficos.
RICARDO AREIZA
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El precario plan de contingencia diseñado para la represa El Quimbo no es suficiente para enfrentar una emergencia de gran envergadura que pudiera presentarse.
En caso de una falla funcional, la Central Hidroeléctrica de Betania tampoco tendría la capacidad para administrar estos caudales adicionales.
Las situaciones no contempladas adecuadamente en el plan de contingencia como la alta sismicidad, las crecientes, inundaciones, filtraciones, y desplazamientos, colocan a la represa en un alto riesgo, según lo ratificó ayer el geólogo, Julio Fierro Morales ante el Consejo de Estado.
Según el especialista, durante el proceso de construcción de la represa El Quimbo no se tuvieron en cuenta todas las amenazas potenciales y por lo tanto, no fueron contempladas en el plan de contingencia, imprescindible para enfrentar una eventual falla en un escenario de alta vulnerabilidad.
Tampoco se incorporaron las medidas de mitigación por eventos de gran magnitud, originado por fallas geológicas o alta sismicidad que pueden repercutir en el embalse y en su zona de influencia.
Es más, el Servicio Geológico Colombiano consideró que los estudios sobre el riesgo sísmico no fueron abordados con el suficiente sustento técnico ni con la rigurosidad necesaria, para la toma de decisiones, recordó Fierro Morales.
La diligencia se surtió en el trámite de una acción de nulidad de la licencia ambiental del complejo hidroeléctrico en operación desde el 17 de noviembre de 2015.
La acción de nulidad fue presentada el 10 de noviembre de 2014 por los abogados Andrea Torres Bobadilla y Juan Pablo Muñoz Onofre del Centro de Estudios para la justicia social (Tierra Digna).
A la audiencia de pruebas concurrieron las partes, John Huertas, apoderado de la multinacional; Carlos Medellín Becerra, apoderado de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales; el procurador delegado, Jaime Alexander Díaz y líderes regionales de Asoquimbo que coadyuvaron la demanda, entre ellos el docente Miller Dussán.
Incertidumbres
Según el geólogo, Julio Fierro Morales, la represa El Quimbo registra serias deficiencias de diseño, construcción y operación, que pueden eventualmente generar riesgos.
Las omisiones en la caracterización de las unidades de roca y depósitos generan grandes incertidumbres en los componentes geotécnico e hidrogeológico, que pueden generar fallas o accidentes en la represa.
“La ausencia de datos estructurales medidos sobre planos de fractura, genera igualmente incertidumbre respecto a la tipología y rasgos estructurales de las fallas que figuran en la cartografía”, reiteró el académico.
Adicionalmente, los estudios previos para el diseño de la represa se hicieron con una base de información instrumental precaria. En otras palabras, los consultores de la compañía Emgesa no caracterizaron las fallas geológicas de acuerdo con los parámetros de la Comisión Internacional de Grandes Represas (Icold).
Estas deficiencias quedaron plasmadas en un estudio preliminar (no concluyente) realizado por la corporación geoambiental ‘Terrae’, que soporta la demanda.
El documento fue elaborado por un equipo técnico de la Universidad Nacional conformado por ocho geólogos y una ingeniera ambiental.
Omisiones
Los demandantes alegan tres tipos de omisiones: la ausencia de una zonificación por amenaza volcánica relacionada con la presencia y actividades del Volcán Nevado del Huila y el Volcán Sotará; la carencia de un modelamiento morfo dinámico relativo a las amenazas provenientes de las avenidas torrenciales y flujos de lodos, generadas por crecientes en el sector de los ríos Páez y La Plata y el sector del río Magdalena y río Suaza. Además, no existe una caracterización geométrica, cinemática y sismológica que permita establecer bajo un modelo determinístico o probabilístico la ocurrencia de sismos generados por las diez fallas geológicas, identificadas en el Estudio de Impacto Ambiental.
Serios reparos
“La empresa Emgesa, según la Contraloría General de la República, expuso a riesgos previsibles en el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto, a la población aguas abajo a escenarios de contingencia graves y catastróficos sin contar con las medidas de manejo requeridas para abordarlos, quedando expuesta a factores sobre los cuales tampoco tenía control como los recursos naturales y el medio ambiente.
“Al no efectuarse los seguimientos y controles oportunos, eficaces y efectivos por la autoridad ambiental en los términos establecidos por la norma, se puede poner en riesgo a la población y a los recursos naturales y el ambiente de los compromisos adquiridos por el titular de la licencia ambiental”, insistió la CGR en el último informe revelado en diciembre de 2020 incorporado también como prueba en el trámite de nulidad.
“Según la Contraloría, el estudio de impacto ambiental no tuvo en cuenta la caracterización de las amenazas naturales localizadas dentro del área de influencia directa e indirecta del proyecto.
Áreas sensibles
Según el Estudio de Impacto Ambiental (2008) las áreas más sensibles en caso de una avalancha serían la represa de Betania, y la zona aledaña localizada aguas abajo en las márgenes del río Magdalena, generando inundaciones en épocas de alta hidrología como la actual.
En caso de una falla funcional, la Central Hidroeléctrica de Betania no tendría la capacidad para administrar estos caudales.
Por esa razón, el gobierno seccional requirió la realización de un estudio de amenaza para cuantificar las alturas de la lámina de agua (zonas inundables) y las velocidades asociadas a la eventual ruptura de la represa de El Quimbo, considerando el efecto en la estabilidad y funcionalidad de la llegada de esta onda (caudal) a la represa de Betania provocando inundaciones aguas abajo.
En estas condiciones, es necesario evaluar la estabilidad de la represa considerando el impacto que generaría una eventual onda hacia Betania, reseña el estudio que soporta la demanda. El estudio fue presentado el 24 de abril de 2017,
Incompleto
La sismicidad propia del proyecto requería que las instalaciones e instrumentos estuvieran en funcionamiento previo, antes del llenado. Sin embargo esta obligación no se cumplió. Emgesa debió cumplir con el análisis y seguimiento a la sismicidad inducida y realizar los monitoreos del caso.
Además, debió instalar la infraestructura requerida, entre ellas una estación de sismicidad, acorde con los estándares internacionales. Los registros de sismicidad al inicio del llenado quedaron incompletos.
Según el estudio, el llenado se llevó a cabo sin instrumentación previa y no se han reportado los datos dentro de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA). “Con ello, no es posible tener la sismicidad natural de fondo, necesaria para establecer de manera más precisa la eventual influencia del embalse en la sismicidad”, precisó el geólogo Julio Fierro Morales, director de la consultoría.
La otra cara
Emgesa por su parte consideró que el riesgo sísmico tiene una muy baja probabilidad de ocurrencia y que en caso de presentarse un sismo de magnitud inferior al de diseño, no se presentarían emergencias que pudieran afectar zonas aguas abajo de la central.
“En caso de que ocurriera un sismo de magnitud mayor a la del sismo de diseño, no se espera una falla de la presa. Sin embargo, se podrían presentar algunas afectaciones sin que comprometa el colapso de esta”.
El área del proyecto y la influencia de las fallas existentes, realizando una modelación de la atenuación con el objeto de determinar los niveles de aceleración a nivel de roca, que se generan por el efecto de cada una de las fuentes.
La demanda
Según los demandantes, el Ministerio del Medio Ambiente declaró inviables las tres alternativas presentadas para el desarrollo del precitado proyecto, en virtud de los graves impactos ambientales y sociales que este conllevaría (Auto 517 de 1997).
Diez años después (2 de noviembre de 2007), Emgesa presentó a la autoridad ambiental el proyecto “El Quimbo”, anunciando su interés en desarrollar un proyecto que técnica, financiera, social y ambientalmente con una sola alternativa posible.
Los accionantes argumentaron que el Ministerio debió exigir la presentación de un Diagnóstico Ambiental de Alternativas, lo que constituyó una grave omisión y generó graves impactos sociales y ambientales.
Además, sustrajo irregularmente, de la Reserva Forestal de la Amazonia, las áreas de influencia del proyecto, contrariando el procedimiento contenido en la normatividad en materia ambiental.
“En estas condiciones se debe declarar la nulidad de la resolución 0899 de 2009 y sus modificaciones, puesto que como demandantes consideramos que existen suficientes elementos de juicio de hecho y de derecho, que prueban como Minambiente incurrió en falsa motivación y, por lo tanto, se ha afectado un elemento central que fundamenta el acto definitivo”, afirmaron.
Después de una dura controversia jurídica le otorgó la licencia ambiental (Resolución No. 0899 del 15 de mayo de 2009), cuya nulidad estudia el Consejo de Estado.
La audiencia de pruebas continuará el 26 de julio próximo, confirmó el magistrado Roberto Augusto Serrato.
