El comerciante Rened Cantillo y el ex diputado Oscar Urueña, regresan al banquillo, en una nueva fase de la acusación por la elección de Contralor y Personera de Neiva. La Fiscalía revelará hoy las gestiones secretas para ‘torcer’ el polémico concurso.
RICARDO AREIZA
unidadinvestigativa@lanacion.com.co
El empresario Rened Cantillo Álvarez anunció que ‘prendería el ventilador’ frente a su real participación en la ‘torcida’ elección de Contralor y Personero en el 2016.
El solo anuncio fue una bomba de tiempo que se quedó con el temporizador sin programar. Incluso, en algún momento, pensó en un principio de oportunidad con la Fiscalía. Ese preacuerdo también se quedó sin baterías.
Cantillo Álvarez, señalado de haber aportado el dinero para sobornar a los concejales, se entregó voluntariamente el 27 de agosto de 2018.
Cuatro días antes, en plena sesión de la corporación, fueron capturados 11 de los 15 concejales que vendieron su voto en la elección de los dos representantes de los organismos de control.
El comerciante, de 50 años, quedó en libertad plena el 24 de septiembre de 2019 por vencimiento de términos.
Desde entonces se propuso contar “toda la verdad”. En este caso, se ha hablado mucho pero no se ha contado toda la verdad”, afirmó.
Antes que las aspas del ventilador comenzaran a girar, la Fiscalía se le anticipó.
Con 1.500 horas de interceptaciones telefónicas la fiscal de la Unidad Anticorrupción, Susana Lozano Lozano, continuará hoy con la sustentación de los cargos formulados a los 15 implicados el 20 de diciembre de 2018. Los audios grabados por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones sirvieron para documentar las negociaciones secretas.
La diligencia, en suspenso desde el 28 de noviembre de 2020, proseguirá mañana, de manera virtual.
“Castillo Álvarez, reconocido comerciante de Neiva en el área del café, ofreció y prestó su respaldo económico aportando dineros, guiado por la mera conveniencia personal y con el fin específico de que los entes de control (Contraloría y Personería) quedarán en cabeza de José Hildebrand Perdomo y Heidy Lorena Sánchez para obtener posteriormente provecho de ello con el nombramiento de familiares y particulares que pudieran escoger entre varias hojas de vida”, reseñó la funcionaria.
“La Fiscalía-dijo- cuenta con varios registros de llamadas intervenidas que revelan no sólo el acuerdo previo sino que hubo ofrecimientos de prebendas y otra utilidad a cambio de la elección de los dos personajes en este escrito citamos sólo algunos de ellos sin embargo se descubrirán a la defensa todas las llamadas intervenidas”.
De éstas 33.000 interceptaciones telefónicas realizadas entre enero y abril de 2016 a través de la plataforma Esperanza, soportan el voluminoso expediente. Otras 14.000 resultaron relevantes para imputarle cargos a los 15 implicados entre ellos concejales, servidores públicos y particulares.
Además, desglosó, clasificó y ‘desliteralizó otras 6.000 llamadas que pueden inferir nuevas líneas de investigación. LA NACIÓN tuvo acceso al voluminoso expediente.
Primeros encartados
Durante la primera fase de la diligencia realizada en septiembre y noviembre de 2020 fueron acusados con probabilidad de verdad, a título de coautores, la ex personera Heidy Lorena Sánchez y el ex contralor José Hildebrand Perdomo, quienes de común acuerdo ofrecieron dinero y otras utilidades representadas en nombramientos y contratos en entidades públicas y privadas para amigos y recomendados de los concejales.
En el orden del día estarán el médico Luis Antonio Medina, encargado de manipular el concurso, el ex diputado Oscar Eduardo Urueña (garante del pacto secreto) y el exportador de café, Rened Cantillo, ‘El hombre del maletín’.
El financista
La fiscal explicará hoy oralmente la participación del empresario Rened Cantillo Álvarez, quien facilitó el dinero para el pago de los sobornos.
“En estos hechos, es mencionado como ‘El hombre del maletín’, esto es, la persona que pagaría los compromisos adquiridos con los concejales, evidencias que aparecen en las 33.000 conversaciones telefónicas, legalmente interceptadas”, anotó la Fiscalía.
Entre ellas, aparecen conversaciones con varios concejales solicitando el pago de los dineros. En otras, hablan sobre los compromisos adquiridos, los dineros pendientes. Y toda la estrategia de “persuasión”
“Es que yo monté Contralor y Personera, le dice Rened Cantillo a su interlocutor en una de las llamadas en poder de las autoridades.
“La elección de Contralor y Personera eran actos legítimos, no obstante, los concejales en lugar de obrar conforme a la ley, vulneraron principios como los de objetividad y transparencia en la convocatoria para proveer esos cargos, a cambio de recibir dinero, nombramientos para recomendados y otras prebendas”, reseñó la fiscal.
“Cantillo, de común acuerdo con los candidatos, ofrecía el pago de dinero, gestión en nombramientos y contratos con entidades públicas y privadas, a cambio de que ellos ejecutaran actos contrarios a sus deberes oficiales, en los procesos de elección de Contralor y Personera”, reseñó la fiscal.
Con abundantes pruebas, entre ellas las interceptaciones telefónicas, la fiscal acusó a Cantillo con probabilidad de verdad por el delito de cohecho por dar u ofrecer, en concurso homogéneo y sucesivo, por los ofrecimientos que hizo a los diez concejales.
El garante
El ex concejal Oscar Eduardo Urueña, quien participó activamente en el proceso de elección en enero de 2016, pero en ejercicio de su cargo como diputado a la Asamblea Departamental, aparece en el expediente como el garante del pacto secreto.
“Urueña Medina, actuando de común acuerdo, también ofreció a los concejales el pago de dinero y nombramientos para sus recomendados a cambio de que estos votaran por Perdomo y Sánchez, a la Contraloría y a la Personería de Neiva”, recordó la fiscal.
“Si bien no participó en la elección para Contralor toda vez que para enero de 2016 ya no era concejal; en una de las llamadas intervenidas se evidencia que entregó dinero a varios miembros del nuevo concejo”, afirmó la funcionaria judicial.
“En las conversaciones legalmente intervenidas revelan con claridad que una vez elegidos los dos funcionarios, Urueña realizó actividades encaminadas a cumplir los pagos prometidos, ya fuera en dinero en efectivo o a través de favores, así como los compromisos laborales a varios concejales, ya fuera en la Personería o Contraloría, siempre guiado por José Hildebrand Perdomo, bajo un acuerdo común con Rened Cantillo y Lorena Sánchez”, reseñó la fiscal.
Urueña, según la Fiscalía, contribuyó desde su cargo como segundo Vicepresidente del Concejo de Neiva a finales de 2015, cuando intervino ante los cuestionamientos públicos que se hacían sobre una posible ilegalidad y falta de transparencia en el concurso para la provisión del cargo de Personero.
El 19 de noviembre, antes de la elección, los concejales Ingrid Tatiana Jiménez y Hernán Motta, llamaron la atención sobre los cuestionamientos que hacían docentes y decanos sobre el concurso. Sin embargo, Urueña le bajó el tono con informaciones que no eran ciertas.
“La información suministrada fue errónea y acomodada, para hacer creer a los demás miembros de la corporación que la convocatoria transcurría con absoluta normalidad y dentro de los parámetros legales”, anotó la Fiscalía.
De antemano sabía que el supervisor del convenio, direccionado por el contralor, y amigo personal de Urueña, realizaba múltiples maniobras para favorecer la elección de la Personera.
“Por lo anterior, lo acusa con probabilidad de verdad, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, a título de partícipe en grado de cómplice”, reconociéndole en su favor la ausencia de antecedentes.
El hombre clave
Luis Antonio Medina, en su coordinador del Grupo Interinstitucional de Proyectos Especiales de la Universidad Surcolombiana, fue el hombre clave, encargado de ‘amarrar’ el concurso de Personeros.
El Grupo de Proyectos Especiales, adscrito a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social fue creado en octubre de 2014 para fomentar, formular y gestionar proyectos externos de alto impacto para la institución y la venta de servicios especializados.
“Medina Arias, en condición de coordinador, desde octubre de 2015, se interesó indebidamente para favorecer a Heidy Lorena Sánchez en el concurso para personeros”, apuntó la Fiscalía.
Medina aparecía como supervisor, sin embargo no ejerció ningún control, ya que además de coordinador era el encargado de la selección de personal, hacía la evaluación y finalmente terminó manipulando la calificación de los aspirantes.
La Personera electa desde el principio tuvo la ventaja. Primero la cambiaron de salón, la ubicaron en un lugar estratégico respecto de los demás competidores; se le entregó a ella un cuadernillo de examen que venía por fuera de la caja sellada. El cuadernillo, según la Fiscalía, fue llevado a última hora por una de las personas designadas para la vigilancia del salón. “Esto permite inferior, dijo, que no se garantizó la confidencialidad ni la cadena de custodia”.
Además, Medina compró con particulares las pruebas de competencias laborales, cuando el convenio establecía que se harían con las demás facultades, lo que nunca ocurrió. Además realizó el consolidado de las pruebas de conocimientos académicos, competencias laborales, valoración de estudios y experiencia.
“Ese consolidado contiene información falsa porque la valoración de estudios y experiencia de Heidy Lorena Sánchez fue puntuada en forma inexacta para favorecerla en la calificación de los factores de mérito”, precisó la fiscal.
Una vez terminó la prueba ocultó información relevante en la calificación de la Personera y en la calificación de los demás concursantes.
La Fiscalía le endilgó los delitos de interés ilícito en la celebración de contratos, en calidad de coautor; obtención de documento público falso como autor y ocultamiento o destrucción de documento.
“Medina Arias, al interesarse indebidamente en favor de uno de los concursantes, faltó al compromiso plasmado en el convenio”, resaltó el organismo investigador.