La captura de la Alcaldesa y el alcalde electo del municipio de El Agrado, la detención del ex secretario de Hacienda de Baraya, John Edison Torrejano; la aprehensión de tres funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que conformaban una banda de asaltantes y las heridas sufridas por un policía alcanzado por una ‘papa bomba’ en manifestaciones de la Universidad Surcolombiana, son algunas de las noticias judiciales del 2019.
A la Alcaldía ilegalmente
La Fiscalía adelantó una investigación por delitos electorales que llevaron al candidato a la Alcaldía del Municipio de El Agrado, Carlos Alberto Murcia Méndez, a ganar las elecciones.
A su favor, la mandataria local Waldina Losada Vega, junto con el candidato y la concejala Bertilda Ramírez Valderrama, entre otras personas, ‘montó una maquinaria’ para lograr ganar las elecciones.
Las maniobras fueron descubiertas por la Fiscalías a través de interceptaciones telefónicas y declaraciones juramentadas de personas que fueron al parecer beneficiadas con prebendas por los funcionarios a cambio de su voto para Murcia.
“Se concertaron desde el inicio del año que transcurre con el fin de cometer delitos indeterminados con vocación de permanencia antes, durante y luego de la campaña política para las elecciones de autoridades con la finalidad de elegir ilícitamente a usted Carlos Alberto Murcia Méndez como el sucesor y alcalde del municipio de El Agrado…”, dijo la Fiscalia.
Los tres deberán responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir, fraude en inscripción de cédulas y corrupción de sufragante, que les imputó la Fiscalía y que ninguno de ellos aceptó.
Torrejano defraudo a Baraya
Asegurado terminó el exsecretario de Hacienda de de Baraya, Jhon Edison Torrejano Sandoval y cuatro particulares más por presunto fraude a las arcas del municipio entre 2017 y 2018.
Los investigadores en desarrollo de las pesquisas lograron determinar que el entonces funcionario se habría apropiado de más de $944’866.440 millones del municipio. “Hay indicios de que el exfuncionario, al parecer, se envió por lo menos $26 millones a sus cuentas personales”, dijo la Fiscalía.
Torrejano Sandoval, fue imputado de los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, acceso abusivo a un sistema informático y hurto por medios informáticos y semejantes.
La Fiscalías además vinculó a la investigación y les imputó cargos a Luis Miguel Charry Forero y Jorge Edgardo Soache Perdomo, Jhon Edison Castro Sandoval y Edisson Izquierdo Sabogal, a quienes Torrejano les habría además consignado parte del dinero que se apropió.
La presunta defraudación se hizo a través de 74 operaciones que afectaron cuatro cuentas corrientes oficiales y cuyos dineros fueron distribuidos —según la investigación— en las cuentas de los particulares hoy asegurados.
Golpe a disidencias en el Huila
Las autoridades dieron un golpe a las disidencias de las Farc al capturar a tres integrantes de la agrupación 48.
Se trata de Ricardo Antonio Garvín Rojas, alias ‘El Médico’ o el ‘Mompy’, y los hermanos Yesinid Canacué Pajoy, como Carlos Andrés Canacué Pajoy.
Según las autoridades militares, alias ‘Médico’ o ‘Mompy’, habría recibido la orden de controlar el narcotráfico en el bajo Putumayo, especialmente en el sector del municipio de La Hormiga y tenía bajo su mando a los hermanos Canacue Pajoy.
Además los tres tendrían como misión la adquisición de material de intendencia y de la compra de armas de corto y largo alcance “traídas del exterior, acciones delictivas que tendrían como propósito fortalecer la estructura delincuencial con 50 hombres más”, indicó el portavoz castrense.
Funcionarios del CTI en banda de asaltantes
La ambición de obtener dinero ‘fácil’ llevó a tres miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), a integrar una banda de asaltantes en el Huila, quienes fueron descubiertos en sus andanzas no solo con una denuncia sino interceptaciones telefónicas.
Se trata del Jefe de Seguridad de Sedes y Personas Héctor Engelberth Rodríguez Aragonés, el investigador Héctor Merardo Ramos Lozano y el guía canino Jarley Vargas, quienes fueron cobijados los dos primeros con medida de aseguramiento en la cárcel y el tercero con detención domiciliaria.
Los tres funcionarios judiciales, junto a cinco particulares, al parecer hurtaban en conjuntos residenciales, condominios, cooperativas financieras, una casa cural, locales comerciales y clubes, bajo las modalidades de ventosa, llave maestra, factor de oportunidad, atraco, violación de cerraduras y de cajas fuertes. “Se apoderaban de dinero en efectivo en moneda nacional o extranjera y objetos de valor”, dijo la Fiscalía.
Las investigaciones y las 8.800 horas de interceptaciones telefónicas a las líneas de los celulares de los miembros de la organización delictiva, permitieron a los investigadores establecer que la ‘empresa delincuencial’ coordinaba los asaltos a través de la información entregada por cómplices que adelantan actividades de inteligencia sobre la posible víctima.
“Recibían datos de la zona para verificar las condiciones de seguridad y factores de vulnerabilidad del inmueble, como que no cuente con moradores, poca vigilancia privada y que no tenga alarmas o cámaras de seguridad”, manifestó la Fiscalía.
Policías heridos con ‘papas bomba’ en la Usco
A punto de perder la vida estuvo el patrullero de la Policía Metropolitana de Neiva, Arnoldo Veru, tras ser alcanzado por una ‘papa bomba’ lanzada por un estudiante encapuchado de la Universidad Surcolombiana en desarrollo de la protesta realizada en inmediaciones del Alma Matar el 27 de octubre.
Tres uniformados que se encontraban cerca donde cayó el artefacto explosivo también resultaron lesionados.
La protesta inició desde tempranas horas del día, con una Asamblea Permanente en las Ágoras de la Universidad, allí se desarrollaba un ambiente de dialogo y acuerdos, cuando inesperadamente varios encapuchados hicieron presencia.
Los ánimos se calentaron cuando varios uniformados intentaban tener el control de la situación, las vías estaban cerradas, los desmanes iniciaron sobre el medio día y en medio de una confrontación de encapuchados contra uniformados, resultó gravemente herido un policía al caerle una papa bomba.
El patrullero Veru se recupera satisfactoriamente de las graves heridas que sufrió en la cara. Ha sido sometido a intervenciones quirúrgicas para reconstruirle la parte afectada.
Corrupción en hospital de Aipe
Un nuevo escándalo de corrupción estalló en el Hospital San Carlos del municipio de Aipe, antes epicentro de la explotación petrolera del Huila. El saqueo de recursos públicos podría superar los 800 millones de pesos.
El subgerente administrativo y financiero, Edilberto Macías Villarraga, el principal responsable, fue fulminantemente relevado del cargo.
El alto ejecutivo de la entidad, aprovechándose de la información privilegiada que poseía, utilizó los datos de empleados y contratistas y desvió cuantiosos recursos públicos que terminaron en su bolsillo. Los destinatarios eran empleados o contratistas. Les colocaba firma y huella y luego los hacía efectivos.
“Efectivamente existieron unas irregularidades en el pago de nómina del hospital. Hasta el momento se han podido identificar las irregularidades durante el 2018 y los últimos meses del 2017. Esto no quiere decir que, en años anteriores, en vigencias anteriores no se hayan presentado irregularidades”, confirmó el abogado Sebastián González Cortés, quien acompaña al equipo de auditoría interna, encargada de examinar el monto de la defraudación.
El funcionario confirmó que una vez conoció el desfalco lo puso en conocimiento de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, para que adelanten las labores que le corresponden. La Contraloría activó una auditoría ‘exprés’.