Marcos Silva Martínez
Hay consenso en que el manejo económico y la riqueza de las naciones, es una responsabilidad de especial trascendencia, que no se le debe confiar solo a economistas, sociólogos, historiadores, abogados y filósofos, magos y adivinos. Es imperativo redefinir y reorientar el modelo económico-político.
Candidatos anuncian nueva reforma tributaria. Debe tener total justificación socioeconómica. Debe ser estructural y racionalmente socioeconómica. El déficit fiscal crónico, el desbalance comercial endémico y el endeudamiento público, desde hace varios años crecen continuamente. Si no se revierten hace inviable el desarrollo socioeconómico integral nacional.
La solución del problema exige imaginación, objetividad en el análisis de causas, honestidad y factibles soluciones. No debe proyectarse con fundamentos dogmáticos, ni recetarios desarticulados con la realidad nacional.
La solución puede lograse en el mediano plazo, solo si aplican correctivos al modelo productivo-comercial y tributario, redefinen el régimen de contratación pública en términos de sustentabilidad de costos, priorización de proyectos, democratización de contratación y deben tomar las medidas necesarias para acabar con el flagelo de la corrupción.
La contratación pública se convirtió en la vena rota del fisco; local, regional, nacional y descentralizado. Es obligación ética y moral rescatar la nación del dominio de los delincuentes camuflados de distintas formas.
Indicadores socioeconómicos nacionales, demuestran endémico desempleo, subempleo e informalidad. Son factores que reducen consumo, potencial tributario y sirven para justificar los engañosos volúmenes de subsidios (más de $100 billones/año).
Son realidades que deben ser objeto de análisis para lograr estructurar reformas económica-tributaria, sociales, de salud y educación que garantice mejorar ingresos fiscales, reduzcan el déficit fiscal y de balanza de pagos y la deuda pública.
Las reformas deben contener decisiones sobre la dinamización de la producción nacional dirigidas a generar empleo e ingresos salariales, sustituir importaciones por producción nacional, especialmente en el sector agropecuario y ahorrar divisas.
Cada una de las problemáticas económicas públicas, tienen causas específicas. El déficit fiscal que presiona el endeudamiento público, externo e interno, lo determinan entre otros:
Un régimen impositivo aplicado a bienes y servicios, que realmente recae sobre la clase media (asalariados) y de bajos ingresos (impuestos indirectos), con precario poder adquisitivo. Es un porcentaje muy alto comparado con el 33% promedio de la OCDE y las reales condiciones socioeconómicas y laborales de las mayorías nacionales.
Las afirmaciones de que la tributación empresarial alcanza el 60%, es falaz e indemostrable, frente al conjunto de deducciones y exenciones vigentes y la endémica evasión. Bajo estas condiciones, la tasa de tributación empresarial y de grandes contribuyentes, no supera el 17% efectivo. Diversas investigaciones lo demuestran.
Estudios sobre el sistema tributario-fiscal colombiano señalan que por deducciones, exenciones y evasión, el fisco deja de recaudar más de $70 billones anualmente.
Órganos de Control y Oenegés han concluido que en los últimos años, por corrupción, el estado colombiano pierde o le roban, más de $60 billones anuales. Además, se ha establecido que en Colombia, la infraestructura pública puede costar entre 2 y tres veces lo que cuesta en el resto de la región.
Ahí están los talones de Aquiles de la economía oficial, manejados por la co9rrupción. Suprimirlos es parte de la solución de la encrucijada socioeconómica-fiscal de la nación y es el mayor desafío para el próximo gobierno y oportunidad de corregirlo, por el bien común.
Las venas rotas que tiene el fisco, tanto en tributación como en contratación pública y manejo económico, pueden suturarse. Se requiere voluntad política y responsabilidad social, del gobierno y del órgano legislativo.
Una reforma tributaria estructural debe establecer aumento sustancial de la tasa tributaria sobre capitales, especialmente impuestos sobre la tierra (catastro integral) y regalías de la industria extractiva. Debe complementarse, con severas y efectivas sanciones penales y económicas para los carteles de la contratación pública y la evasión.
Las cuantías que señalan los órganos de Control e investigadores, que pierde el estado, por contratación irregular, no corresponden solo a los hallazgos escuetos de las investigaciones. Incluyen también: sobrecostos por imprevisiones y deficientes diseños, costos unitarios exorbitantes aceptados (interventorías), mala calidad de obras e inconclusas, entre otros.
La ausencia de estudios y diseños previos a la contratación, se convirtió en práctica común en los últimos 20 años, especialmente en concesiones viales, 4G y APP.
Se debe prohibir la contratación sin estudios y diseños y reestructurar el sistema de concesiones.
La ausencia de estudios y diseños detallados, previos a la contratación, impiden; el análisis técnico y de costos reales confiables, exploración y adopción de alternativas, previsión de potenciales riesgos, definición de especificaciones, cuantificación de cantidades y análisis de costos unitarios, acordes con las condiciones de cada proyecto, facilitan reconocimiento posterior de costos exorbitantes y aceptación de baja calidad de las obras ejecutadas. Son prácticas que catapultan el costo de obras.
El modelo de contratación de obras e interventoría y la deficiente supervisión técnico-financiera vigentes, facilita las prácticas corruptas. Es imperativo corregirlo.
El marco legal que rija la contratación pública, debe ser obligatorio para toda entidad que maneje recursos públicos.
Es posible reestructurar a fondo, la contratación pública. Debe contener sanciones, tanto para el contratista como para el funcionario público que viole las disposiciones legales sobre contratación. Debe excluir de la contratación y el servicio público indefinidamente y perdida de todo el patrimonio a quienes resulten responsables de corrupción.
El próximo gobierno, mediante autorización del congreso y/o mediante convocatoria al Constituyente Primario, puede adoptar en poco tiempo, un estatuto de la contratación pública, que contenga criterios y definiciones, capaces de cortar de tajo a los corruptos y taponar el desangre del presupuesto público. Si el Congreso, torpedea el propósito, debe hacerlo mediante el Constituyente Primario. Con la composición del próximo congreso, no nos podemos hacer ilusiones.
El próximo gobierno, se enfrenta a un congreso variopinto, en el que abundan los oportunistas, deshonestos y verdaderos parásitos sociales, casi siempre listos a negociar y acomodarse al mejor postor y no pocos de mentalidad obtusa, torpes en la sana imaginación, en el pensamiento y en el sentimiento. Ese Congreso se puede identificar muy bien con el candidato de la extrema derecha y con sus aliados y áulicos, muy afines con el diabólico uribismo.
El elector honesto y responsable debe ser consciente de esa incuestionable realidad y por eso debe votar por Petro y Francia Márquez. Pensemos que el conformismo y sumisión, compromete negativamente el futuro de la nación, en todos los sentidos. Seamos conscientes: estamos gobernados, dominados y sometidos por un estado fallido.