El fiscal general Francisco Barbosa advirtió que más de 3.600 miembros de organizaciones criminales quedarían libres con la aplicación de la ley de sometimiento. “Con esta ley se presentaría un “festín de libertades” a los miembros del Clan del Golfo y de cualquier otro grupo criminal que se someta a este proyecto”, mencionó el funcionario.
Después de la radicación de la ley se sometimiento en el Congreso de la República, uno de los que más ha criticado esta iniciativa del Gobierno Petro es el fiscal general, Francisco Barbosa. En esta oportunidad, el funcionario lanzó una nueva advertencia y aseguró que cómo está planteado el proyecto de ley de sometimiento a la justicia del Gobierno Nacional, más de 3.600 delincuentes responsables de delitos graves podrían salir de la cárcel.
Según el jefe del organismo investigador, en este articulado se plantea la idea de tratar de mostrar que el concierto para delinquir agravado es un mecanismo que va a tener una suerte de indulto a través del principio de oportunidad en Colombia.
“La preocupación según la revisión que ya tenemos de la Fiscalía es que más o menos 3.500 o 3.600 personas directamente podrían salir de la cárcel, lo que para nosotros hace que sea muy grave”, dijo Barbosa.
Por otro lado, el funcionario explicó al mismo tiempo que esta iniciativa incluye una cláusula dentro del artículo 324 numeral primero del Código de Procedimiento Penal. “Son 217 delitos, es decir, podría haber un festín de corrupción en las cárceles para que esas personas salgan por principio de oportunidad, asimilando el principio de oportunidad a una suerte de indulto”, indicó el fiscal general.
“Un proceso de paz con narcotraficantes”
Adicionalmente, el fiscal Barbosa calificó la ley de sometimiento como “un proceso de paz con narcotraficantes”, pues según él, de ser aprobado este proyecto, habría un “festín de libertades” a miembros de organizaciones criminales como el Clan del Golfo.
A su vez, el funcionario también calificó de inapropiado que el proyecto contemple una libertad provisional condicionada contra personas judicializadas por delitos de lesa humanidad.
“Una persona que comete un genocidio, una masacre, está condenada a 40 años, hoy lleva ocho años en la cárcel y con la aprobación de esta ley, al momento de que se firmen el acta de sujeción, inmediatamente puede salir de la cárcel”, agregó.
¿Quiénes se beneficiarían por el principio de oportunidad?
Finalmente, con el Código de Procedimiento Penal en mano el fiscal Barbosa dijo que quienes cometieron los siguientes delitos, se podrían ver beneficiados: Genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de niños, niñas y adolescentes, trata de personas, tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o psicotrópicas, secuestro extorsivo, extorsiones, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, testaferrato, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, administración de recursos relacionados con actividades terroristas, delincuencia organizada, ilícito aprovechamiento de recursos naturales renovables, contaminación ambiental por exploración de yacimientos mineros de hidrocarburos y explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales y delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado.