A raíz del anuncio del Presidente de impulsar una Constituyente es oportuno mencionar algunos aspectos operativos de nuestra Constitución Nacional en sus 33 años de existencia.
Después de sancionada dicha carta magna se instaló un Congreso revanchista por haber sido revocado, este ente y los sucesivos órganos legislativos se dedicaron a expedir leyes reglamentarias que frustraron el noble espíritu de la Constitución, en especial los artículos referidos a derechos socioeconómicos.
Una constitución en sí no es buena ni mala pues su aplicabilidad depende de las leyes reglamentarias; en nuestro caso las posibilidades de adoptar políticas socialdemócratas han sido mínimas dado el perfil neoliberal del Congreso, veamos algunos casos:
El artículo 60 sobre privatización plantea que el Estado al enajenar sus bienes deberá democratizar la propiedad, pero simultáneamente establece que el Congreso debe expedir la ley reglamentaria; el resultado, la privatización concentró aún más la propiedad. Los artículos 48 y 49, “garantizan el derecho a la salud”, pero en términos que establezca la ley (nos imponen la Ley 100).
El artículo 25 plantea que toda persona tiene derecho a un trabajo digno, pero los resultados son desastrosos en virtud de las leyes laborables, pues hace tres décadas el 60% de la fuerza laboral tenía empleos formales, actualmente se ha reducido a 30%; el resto es informalidad, rebusque y desempleo.
Además de expedir leyes perversas y antipopulares, el Legislativo abusando de su privilegio de ser juez y parte en varios aspectos, se ha engargolado infinidad de beneficios que no los tiene entidad alguna, basta mencionar que hace tres décadas el salario de un congresista equivalía a unos 25 salarios mínimos, actualmente equivale a más de 40.
Nuestra Constitución (socialdemócrata) ha tenido algunos cambios, pero conserva su estructura original, entonces no amerita ser reformada, se requiere cambiar las leyes pero esto implica reforma estructural del Congreso.
Petro acierta cuando afirma que no es posible la aprobación de leyes que afecten privilegios y de ahí su polémica propuesta, lástima que no haya condiciones como se ha explicado suficientemente. Además cometió varios errores al promover la reforma tributaria como la exclusión de impuestos para pensiones altas y el aplazamiento de la reducción de salarios de congresistas; inicialmente cuando mantuvo alta popularidad debió proponer una Consulta sobre temas básicos, algo más más razonable, aún a riesgo de críticas por no haber apoyado la anterior Consulta Anticorrupción.
En síntesis, es iluso combatir la corrupción o esperar reformas sustanciales, dejando intacto el actual Congreso, por tanto, es razonable acudir a instancias populares como la Consulta para lograr verdaderos cambios. De otra parte, pese a los riesgos e inconvenientes, una constituyente en el mejor de los casos podría avivar el debate ante nuestro apático y desinformado pueblo o servir de plataforma para futuros movimientos progresistas. Lamentable que en la propuesta general de la Constituyente petrista, no se incluya una reforma radical al Congreso, ni soluciones al mayor problema social: Desempleo e informalidad que afecta al 70% de la fuerza laboral.