Entre la ‘espada y la pared’ se sienten líderes comunales del Huila debido al panorama de violencia que atraviesa el departamento. Por un lado, dicen ser instrumentalizados y, por el otro, estigmatizados por la sociedad e institucionalidad. El Ejército reconoce que algunos están siendo constreñidos, pero que otros sí están “colaborando”.
Johan Eduardo Rojas López
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Una realidad compleja atraviesan líderes comunales del Huila de acuerdo a la posición que les ha tocado enfrentar por la inseguridad que azota a la región. Y es que ellos, al ser el primer eslabón para acercarse a la ciudadanía, están siendo acechados y sometidos por los grupos armados de manera ilegal, pero también, muchos se han sentido estigmatizados y juzgados por la sociedad.
Luis Humberto Soto Suaza, vicepresidente de la Federación Comunal del Huila, señaló que, lastimosamente en gran parte de los municipios del departamento han tenido inconvenientes dado que ellos son el primer ‘trompo al que le pegan’.
“Los comunales por la acción que realizan en los territorios se violentan de dos formas: la primera es que estos grupos ilegales llegan a una comunidad y le dicen al presidente que tiene que reunir a la gente y usar esos liderazgos para ellos. Ahí sufrimos la segunda consecuencia y es que la sociedad y la institucionalidad los estigmatizan. Entonces quedamos en fuego cruzados”, señaló el vicepresidente.
Aseguró además que, mucha información se está tergiversando y los ha puesto por el ‘piso’ como si los malos del ‘paseo’ fueran ellos. Se han sentido, por otro lado, expuestos de muchas formas y es que cada vez que uno de ellos habla sobre la realidad de inseguridad, su vida corre riesgo y, por tanto, prefieren guardar silencio para no estar en constante peligro.
“Duele decirlo, pero ese tema es casi vetado. Nosotros los que estamos en la dirigencia comunal a nivel departamental, muchas veces decimos que es mejor no hablar sobre la seguridad porque estamos solos”, detalló.
¿Cinco muertos?
Según Soto Suaza, durante lo corrido del 2024 en el Huila se han registrado cinco asesinatos de dignatarios comunales que han sido ultimados en razón a la actividad de liderazgo que desarrollan y casi en todos los municipios hay amenazados. Sin embargo, es importante aclarar, que esta cifra no es oficial y, de hecho, las autoridades competentes dicen desconocerlas.
“No se tienen datos consolidados de esa información oficialmente porque es muy difícil denunciar. Los instrumentos y los protocolos de seguridad para líderes comunales, son desconocidos por ellos mismos. La institucionalidad tampoco hace un mayor esfuerzo en darlos a conocer, si ellos dan a conocer como es el proceso que se debe seguir en caso de una intimidación o amenaza, tendríamos cifras oficiales”, agregó.
¿Víctimas o victimarios?
Soto Suaza reconoció también que con la llegada de estos grupos ilegales a las regiones, se identificó que algunas personas por convicción deciden ayudarlos, mientras que otros sí realmente son sometidos.
“Esa es una realidad que todos sabemos, pero es un porcentaje mínimo el que lo hace por convicción; la gran mayoría de la población comunal es obligada y acceden por ser zonas apartadas del Huila donde el Estado no tiene presencia. Esa ausencia prácticamente total hace que los ciudadanos caigan fácilmente en las manos de los innombrables”, afirmó.
Alerta por riesgo
Ante esta situación, ellos generan una alerta en aras de que no se vaya a repetir la historia y es que existe, de acuerdo con ellos, un riesgo de judicialización a estas personas que son inocentes y les ha tocado actuar por miedo.
Advirtió bajo esta lógica que, “hay un riesgo en el cual van a terminar judicializando a líderes comunales como si estuvieran colaborando cuando resulta que estaban sometidos. Eso ya ocurrió antes del proceso de paz en un periodo alto de violencia donde los líderes de Baraya, Colombia, Campoalegre y Rivera, fueron capturados y judicializados por terrorismo solo por estar sometidos por esos grupos. Entonces como eso ya ocurrió, ahora podría pasar y eso es injusto”.
Invitó de esta manera a ponerse en los ‘zapatos’ de todos los líderes comunales que se encuentran en veredas lejanas al casco urbano, asustados, intimidados y sin muchas salidas dado que ven lejos a la institucionalidad.
“El trámite es muy engorroso, son muchos procesos y no ayudan a resolver el caso concretamente, por eso, el comunal en toda esa burocracia que existe, decide hacer caso a esa amenaza y se somete. Yo llamaría a la sociedad que tienen mayor acceso a la educación y tecnología, a que apliquemos el principio del sentido común y aprovechando que estamos en Semana Santa para que nos pongamos en los zapatos de los comunales antes de juzgar”, concluyó.
Así operan
Al llegar a cada territorio, los grupos armados de manera ilegal lo primero que hacen es buscar al presidente y dirigentes de las juntas de acción comunal que ya están plenamente estudiados. Eso debido a que ya están organizados y desde luego se encuentran cerca a la comunidad.
En esos espacios, a los que llegan amablemente, pero armados, les plantean sus ideales y las ‘leyes’ que regirán, que claramente van en contravía a las del Estado. “Entonces el comunal tiene dos opciones, va y baja a denunciar y no puede volver a donde estaba, es decir, tiene que renunciar y exiliarse o quedarse en el lugar y cumplir las leyes que esta gente impone a la fuerza, primero como una invitación, pero que de no acatarse, recurren a la violencia”, anotó una fuente que habló con LA NACIÓN.
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Sin denuncias, no hay nada
Frente a todas estas revelaciones, el secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Huila, Edgar Martin Lara, dijo que le gustaría tener mayor certeza en cuanto a cifras, pues desconoce si se habla de las 2.400 juntas de acción comunal o de algunas que operan en ciertos municipios.
“En la Gobernación del Huila también hay un proceso de derechos humanos y lo que nosotros estamos instando como siempre digo es a que denuncien porque es importante conocer la situación de las personas para poder ayudarlo de manera oportuna. Sin denuncia, no hay posibilidad de actuar porque se desconoce la realidad. Yo conozco de algunos casos (muy pocos) de instrumentalización porque ellos mismo han venido a denunciarlo y sobre eso se han tomado medidas y hay resultados”, aseveró el jefe de la cartera.
Sin embargo, también dejó claro que, la institucionalidad les ha dicho que ellos deben actuar en favor a su vida porque eso es lo primero.
Empadronamiento
William Calderón Vargas, coordinador de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra, Redepaz, a su vez, contó que, este tema es evidente y muchos los comentan, pero pocos los denuncian por miedo.
“Eso en derecho internacional humanitario se llama empadronamiento, un delito de lesa humanidad. Hay que estudiar las medidas de protección que hay que tener sobre esos líderes comunales que están siendo coaccionados por grupos al margen de la ley y el Estado a través del gobierno departamental, local y nacional; tiene que incrementar la protección y defensa de quienes ejercemos liderazgos en tema de paz y comunales”, comentó.
Denunció de esta manera que los líderes comunales han decidido dar un paso atrás por la autoprotección de la vida y fue enfático al decir que los comunales son víctimas y no victimarios como a veces se quiere hacer ver.
“Eso es una realidad que nos consta y se sienten amenazados y vulnerados, la gran mayoría de los comunales de nuestro departamento. Lo que tienen que hacer, al momento de recibir esas amenazas, es acudir a la ruta de atención para evitar ser revictimizados. Es importante que el Gobierno Departamental que acaba de crear un instituto para el desarrollo del movimiento comunal se pronuncie en la defensa y protección de los movimientos comunales”, mencionó.
Sin cifras
Calderón Vargas, además dijo desconocer la cifra de muertos dada por el vicepresidente de la Federación Comunal. Lo más raro para él es que, se supone que ellos como organización bien informada, tienen todas las estadísticas, pero hasta el momento no tiene información de homicidios por estos hechos y, por tanto, no confirmó la veracidad de la misma.
Fácil de identificar
Por su parte, el coronel Pedro Pablo León Silva, comandante de la Novena Brigada del Ejército, expresó todo el apoyo y respaldo a los comunales. Igualmente, los invitó a creer en la institucionalidad y desde luego en el Ejército Nacional.
“Nosotros sabemos del temor e impotencia que se siente cuando llegan estos tipos armados, maltratando a todo el mundo y amenazando. Nosotros somos conscientes que ellos están siendo constreñidos, pero también somos conscientes que quizás hay algunos que sí están colaborando con esos grupos ilegales que se dedican a permear a infiltrar. No es complicado identificar quienes están por convicción y quienes obligados porque la misma gente es la que a nosotros nos dicen quienes ayudan de manera voluntaria”, sostuvo.