En diciembre próximo será llamado a juicio por irregularidades en el PAE en el 2020, el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, y un juez le resolverá en segunda instancia la medida de aseguramiento domiciliario. La acusación también será contra los exfuncionarios y operador del Programa de Alimentación Escolar.
Un diciembre ‘negro’ parece ser el que va a tener el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, por el proceso penal en su contra, por las por las presuntas irregularidades en los contratos de suministro e interventoría del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2020 por valor de 5.250 millones de pesos para 105 mil raciones para estudiantes de la zona rural y urbana de la capital huilense.
Y es que el dos de diciembre a las 8:00 de la mañana se desarrollará la audiencia de acusación en su contra ante el Juez Segundo Penal del Circuito de Neiva con Funciones de Conocimiento, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
En la diligencia también serán llamados a juicio Giovanny Córdoba Rodríguez, exsecretario de Educación de Neiva; el exconcejal de Tumaco (Nariño) Haiden Otoniel Vergara Quiñonez, con vínculos con Asoformando y con Colombia florece; los contratistas Carmen Rosaida Castillo Arboleda, representante legal de Asoformando Colombia y Miguel Alfonso Banguera Jaramillo, representante legal de Colombia Florece y los asesores jurídicos externos Juan Felipe Molano Perdomo y Andrés Camacho Cardozo.
Dos semanas después de la acusación, el 16 de diciembre a las 9:00 de la mañana, se definirá si se mantiene o no la medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra el mandatario, impuesta por la Juez Séptima Penal Municipal de Neiva con Funciones de Garantías, quien acogió los argumentos del fiscal Séptimo Seccional de Neiva, Juan Carlos Durán Cujar, que había pedido cárcel.
“Usted siendo el primer defensor de los bienes y recursos del municipio como ordenador del gasto, aparece como la mayor amenaza de los recursos públicos…”, había dicho el fiscal el pasado 26 de mayo.
La decisión de segunda instancia para definir si sigue o no la medida de aseguramiento domiciliario, será adoptada por el juez Tercero Penal del Circuito de Neiva, Juan Carlos Bolaños Motta.
La acusación
El fiscal Séptimo Seccional de Neiva, Durán Cujar, sostuvo que el alcalde Muñoz Calderón se interesó “indebidamente” en la tramitación, en la celebración, en la ejecución y en la liquidación, del contrato de suministro 698 del año 2020, que consistía en la adquisición de productos alimenticios básicos para ser entregados como suministro del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
El contrato por valor de 5.250 millones de pesos para 105 mil raciones en tres mensualidades, fue suscrito con la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño (Asoformando Colombia), cuyo domicilio se encontraba en el municipio de Tumaco (Nariño).
Sostuvo el fiscal que el mandatario neivano no solo se interesó en el contrato del PAE sino que también se comprometió con el contrato 703 del 2020 de interventoría que implicaba un continuo seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico para garantizar la correcta ejecución y liquidación del contrato PAE. “Se interesó indebidamente en un segundo contrato, este ya de interventoría para que se ejerciera vigilancia y control integral de la orden de suministro”.
Precisó el delegado del ente investigador que el contrato de interventoría tuvo un valor de 300 millones de pesos y fue adjudicado a la fundación Colombia Florece ubicada también en el municipio nariñense de Tumaco. “Bajo este contexto se tiene que el Secretario de Educación de Neiva, junto con sus dos asesores jurídicos vinculados a esa cartera municipal, habrían puesto a disposición del Alcalde estos dos contratos con el propósito, con el fin de favorecer los intereses de Haiden Otoniel Vergara Quiñonez”.
Indicó el fiscal que la contratación del municipio de Neiva era el reflejo de la retribución hacia ese particular Vergara Quiñonez, “quien habría contribuido económicamente a la campaña política del señor Alcalde”.
Aseguró el funcionario judicial que se pudo también identificar que se vulneró al menos en una oportunidad el régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades, por cuanto el interventor fungía así mismo en calidad de asociado de la fundación Asoformando Colombia en cargada de la ejecución del PAE.
“Usted señor Alcalde conforme a los dispuesto por el ordenamiento penal, claramente tiene la calidad de funcionario público, se le imputó conductas en la modalidad dolosa, toda vez que usted tenía la capacidad de comprender los hechos constitutivos para la infracción penal y quiso aun así su realización, tenía la capacidad de entender y auto determinarse para el atentado contra la administración pública”, dijo el fiscal.
“Pagó los favores recibidos”
Indicó que según el Manual de Funciones de la Alcaldía, no se encontró que el mandatario realizara la elaboración de estudios previos, por lo que se advierte el presunto interés “marcado en cabeza del alcalde Gorky Muñoz en el direccionamiento del primer contrato”.
Reiteró que la etapa precontractual no debía ejercerla el mandatario. “Estando por fuera de sus funciones, usted de manera dolosa, de manera intencional, controló y dirigió la maduración y planeación de la etapa precontractual, así como celebró los contratos de suministro 698 y de interventoría 703”.
El contrato desde un inicio se sabía que era para Vergara Quiñonez, quien fue uno de los aportantes a la campaña para la Alcaldía de Gorky Muñoz. “Se puede afirmar con probabilidad de verdad” que la campaña política del alcalde Muñoz Calderón recibió la financiación económica de Vergara Quiñonez, reconocido político y concejal de Tumaco (Nariño), habiéndose pactado entre aquellos que una vez Gorky Muñoz Calderón, estuviera a cargo de la administración municipal de Neiva como alcalde, devolvería a través de procesos de contratación, la contribución económica que habría obtenido por su campaña”.
Agregó que además el alcalde Muñoz Calderón tramitó y celebró el contrato de interventoría 703 de 2020, “con violación directa al régimen de inhabilidades y compatibilidades, permitiendo que un miembro, un integrante del contratista ejecutor del PAE realizara interventoría a la ejecución del mismo”.
Reiteró el fiscal que esas funciones no las debió realizar el mandatario local. “Usted se abrogó funciones desconcentradas y delegadas para controlar y reunir esfuerzos con dominio del hecho sobre la acción de tramitar y celebrar con funcionarios y contratistas de la Secretaría de Educación para favorecer los intereses de los contratistas con claro propósito de pagar, de retribuir favores políticos a aquel colaborador, Haiden Otoniel Vergara Quiñonez”.
Indicó el funcionario judicial que el Alcalde de Neiva tenía la capacidad de comprender que su actuar estaba fuera de la norma. “Del compendio de elementos materiales probatorios usted señor Gorky Muñoz ostentando la calidad de servidor público, en consideración de calidad de Alcalde, tenía la capacidad de comprender los hechos constitutivos de la infracción penal y quiso su realización y para aquel entonces se encontraba por fuera de la órbita de sus funciones…”.
Precisó que el alcalde Muñoz Calderón se interesó de manera indebida, “llegando a asumir el control y dirección de la maduración y planeación de la etapa precontractual, llegando en todo caso a la celebración de los contratos de suministro e interventoría y con el claro objetivo de favorecer a un particular, Vergara Quiñonez, quien había contribuido de manera activa en su campaña política y esto a manera de pago por los favores recibidos tan pronto usted asumiera como primera autoridad administrativa de Neiva por lo que se alcanza el grado autoría”.