La sabiduría popular goza de una capacidad sin igual para representar pictóricamente y con buena rima, la realidad trágica. Es el caso del famoso refrán, ‘lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta’. Específicamente, este adagio puede usarse para calificar la fiesta sabrosa que hacen Petro y su estructura (incluida su bailarina personal) con nuestros recursos.
El problema de la mala gestión de Petro va más allá de su mediocridad e incapacidad para encargarse de los asuntos del Estado, incluso de su ignorancia. Ni siquiera tiene que ver con sus absurdas concepciones económicas, ni tampoco con su delirante posición política. El verdadero problema que subyace del gran error que presuntamente cometió una porción del país con la elección de Petro-Márquez es de nefasto alcance para Colombia. Además de su fanatismo rábico, de su raquítico tecnicismo y de su sobrada incapacidad para gestionar, el talento de la dupla maravilla está en generar caos, avivar el odio de clases y hablar mucho sin decir nada.
Así las cosas, no podríamos mencionar las muchas decisiones con las que el país paga el altísimo costo del error Petro-Márquez. Sin embargo, invito a centrar nuestra atención en uno de los más recientes fiascos del “gobierno”.
Sí, me refiero a la polémica adquisición de los carrotanques (inicialmente 40, ahora, 60) para proveer de agua a la Guajira. Pues, muchos indicios de posibles sobrecostos e irregularidades en la contratación han sido revelados por los medios de comunicación. Adicionalmente, los camiones que fueron anunciados en un discurso demagogo, cargado de retórica insulsa y con su característico estilo mesiánico, no tienen conductores.
Gracias a una denuncia hecha por Revista Semana, se puso al descubierto que varios días después del redentor anuncio, los carrotanques se encuentran estacionados todavía en Uribia por falta de gerencia, obviamente. Por si fuera poco, recientemente se han dado a conocer videos en las redes sociales en los que ciudadanos denuncian con evidencia fílmica que los famosos camiones se entierran en recorridos de prueba en el desierto guajiro porque no son aptos para dicho territorio.
Entonces, ¿qué puede haber detrás de tanta ineptitud? La respuesta es simple; detrimento patrimonial.
Pues, a la luz de la Ley 610 de 2000, la responsabilidad fiscal surge de la toma de decisiones de servidores públicos y/o particulares que administran recursos públicos que, de forma dolosa o culposa, por acción u omisión, afectan el patrimonio del Estado colombiano. El origen de tal responsabilidad podría ser una gestión fiscal antieconómica, es decir, antitécnica, ineficaz, inoportuna, negligente e ineficiente.
Esto, por supuesto, tiene un efecto social de colosal tamaño, por lo que la Contraloría y demás entes de control deberían iniciar las respectivas investigaciones, no sólo sobre este caso, sino sobre los muchos en los que los recursos de los colombianos han sido, presuntamente, dilapidados, como los nombramientos de personas incompetentes en cargos clave, los estrambóticos gastos de su majestad la primera dama, los costos de las movilizaciones independientes de sectores sociales pagadas por el ‘gobierno’, los viajes en helicóptero de la que, al parecer, sigue siendo la vicepresidente, y las demandas contra el Estado por la ineptitud de los funcionarios de la ‘administración’, entre otros.