Alexander Molina Guzmán
La Justicia Especial para la Paz (JEP) reveló hace unos días que teniendo como base varias fuentes de información sobre los llamados “falsos positivos” se determinó que entre el año 2002 y 2008 fueron asesinadas 6.402 personas por militares y las legalizaron como “bajas en combate”, como guerrilleros. Esto desmintió a la Fiscalía General, pues según esa entidad los llamados “falsos positivos” eran 2.248. Y se desató una controversia con el uribismo, pues al parecer el 76% de esos 6.402 casos sucedieron durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.
El primero en revirar fue el mismo expresidente Uribe, ya que atacó de nuevo con el viejo cuento que esa jurisdicción especial para la paz lo “atropella” y quiere es “desacreditar” su gobierno y su “buen nombre”. Dijo este expresidente que esa cifra de la JEP era muy “abultada” y que no correspondía con la de la fiscalía. Po eso, expresidente Uribe, la JEP está diciendo que la fiscalía tenía una cifra menor y engañosa sobre esos casos. Al ataque se unió el subordinado de Uribe en la Casa de Nariño, pues el actual presidente dijo, como lo exigió Uribe, que de ese “bulto” de 6.402 casos se requieren pruebas de cada uno de ellos. Eso significa, que no creen ni en la cifra menor que había reportado la fiscalía. Mejor dicho, lo que le dijo Uribe Vélez y su subordinado a la JEP fue ¿”de qué me hablas viejo”?
Pero, ahí están esos 6.402 casos y sus familias reclaman ¡justicia! Porque esos casos no son como “bultos de café”. Eran personas inocentes a quienes les violaron el primer derecho fundamental que es ¡la vida! Y, qué contradicción, los asesinaron quienes por Constitución y la ley debieron proteger sus vidas, miembros del Ejército Nacional. Y esos asesinatos no le duelen al establecimiento, a los que tienen el poder, porque esas personas no eran hijos de presidentes, ni de ministros, ni de congresistas, ni hijos de los grandes empresarios y dueños de este país. No. Eran personas comunes y corrientes, sin poder, que tenían incluso problemas mentales… No le duelen sino a sus familias que se enteraron (nos enteramos) que habían sido cazados como animales para que sus asesinos lograran ser premiados por cada “presa cazada”.
Con esto se ratifica que el gobierno de Uribe Vélez, denominado de la “seguridad democrática”, no fue seguro ni democrático. Él y sus ministros de defensa también deberían pagar por eso. Y el premio Nobel de Paz debería ser devuelto, pues no se lo merece quien está rodeado de esta gran mortandad de inocentes.