El director de Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, Andrés Preciado, evalúa el primer año del gobierno de Gustavo Petro y confirma no sólo un incremento en las extorsiones en regiones como el Huila sino una disminución en las acciones de las Fuerzas Militares y de Policía contra los grupos armados. “Pasamos de un conflicto insurgente a un conflicto multicriminal”, advierte.
Jesús Antonio Rojas Serrano
Los grupos armados continúan fortaleciéndose. La amenaza de ellos ya no es el Estado sino otros grupos armados. Las extorsiones han crecido, mientras que las acciones de las Fuerzas Militares y de Policía han bajado. Estas son las principales conclusiones del informe ‘Paz Total, disputas e inseguridad en el primer año del gobierno Petro’, elaborado por la Fundación Ideas para la Paz. Andrés Preciador, director de Conflicto y Violencia Organizada de la fundación, el hombre que estuvo al frente de este análisis, conversa con LA NACIÓN.
¿Cuáles son los resultados más importantes del informe ‘Paz Total, disputas e inseguridad en el primer año del gobierno Petro?
Lo más importante de este informe es que analizamos cuál fue la condición en la que el gobierno Petro recibió el país en materia de seguridad y conflicto y los resultados un año después. Hay que decir que el gobierno recibió un panorama que no era alentador, el impacto humanitario venía en aumento y con cifras preocupantes; el 2022 fue un año bastante complejo en indicadores de seguridad y violencia. Esa era la situación más apremiante que el gobierno Petro debía revertir, pero se encontró además con el fortalecimiento de los grupos armados. Se trata de un fortalecimiento significativo, que arrancó después de la desmovilización de las Farc, pero que se ha profundizado en cuanto a su control territorial y la capacidad para generar impacto en las comunidades. El gobierno Petro, a través de la Paz Total y la política de Seguridad, Convivencia y Defensa, trató de revertir esa situación de inseguridad, pero lo que se puede ver es que los grupos armados se siguen fortaleciendo; hay menos confrontación contra el Estado, ya que la mayor parte de la confrontación se da entre los mismos grupos armados; y aunque hay una disminución en los homicidios, hay otro tipo de afectaciones que se mantienen en una situación alarmante como el crecimiento de la extorsión y el crecimiento del secuestro en un 77%.
Sobre la extorsión, ¿qué explicación hay a su incremento en regiones como el Huila?
En términos generales, la extorsión creció un 15% en el primer año del gobierno Petro, pero hay muchas zonas en las que este delito presenta un aumento considerable. La extorsión es un delito altamente subregistrado, por lo que hay pocas denuncias formales; aun así crecen las denuncias ligadas a fenómenos de gobierno criminal y fortalecimiento de grupos armados. En la Paz Total, los grupos armados tienen acuerdos parciales con el Estado, algunos en cese al fuego y en negociación, por lo que acciones como las masacres y los atentados a la infraestructura son mal vistos en ese escenario de diálogos, pero otras estrategias de gobierno criminal más silenciosas como el secuestro y la extorsión terminan siendo más significativos para ellos. Otra cosa importante es que la respuesta del Estado a la extorsión es bastante precaria. La extorsión no es un fenómeno nuevo; llevamos ya varias décadas de consolidación de la extorsión como uno de los principales problemas de seguridad, pero las respuestas del Estado no se han actualizado en debida forma; seguimos dependiendo de la denuncia y de poner, de alguna manera, contra la pared a las víctimas y en una vulnerabilidad muy significativa.
¿Las Fuerzas Militares y de Policía sí están reaccionando con contundencia?
Hay dos fenómenos que van de la mano: de un lado, los enfrentamientos. Durante el primer año del gobierno Petro, los enfrentamientos entre los mismos grupos armados aumentaron en un 85%. Eso quiere decir que los grupos armados cada vez ven menos al Estado como su enemigo y tienen más a otros grupos armados como su principal enemigo; ahí se ha concentrado la confrontación. Pero, el otro fenómeno que va ligado es que los combates y los bombardeos de la fuerza pública contra los grupos armados siguen disminuyendo. Este es un fenómeno que ya se venía presentando, pero que llegó a un 47% de reducción. El gobierno Petro ha privilegiado la negociación con los grupos armados y no tanto su persecución policial o militar. En lugares donde hay nuevos focos de confrontación, como en el norte del Cauca, el occidente del Caquetá, Huila y el nordeste antioqueño, y las disputas que se han reactivado en Putumayo y zonas urbanas de Buenaventura, no están siendo enfrentadas por parte del Estado. El Estado está dejando que los grupos armados se enfrenten entre sí y no está con su accionar contrarrestando esos enfrentamientos.
Pero, ¿por qué?
Uno de los motivos es que, sin duda, los cambios que se llevaron a cabo en la cúpula militar y de Policía afectaron la capacidad ofensiva del Estado. Los ceses al fuego que se decretaron con los distintos grupos armados pusieron en un aprieto operativo y logístico a la fuerza pública porque en muchos casos, los protocolos de actuación no eran claros y también había zonas confusas en donde se podía atacar o no a determinados grupos. Creemos que estas son las dos principales explicaciones de esa reducción de las acciones de la fuerza pública.
¿Esta reducción no puede estar motivada también por baja moral en las tropas o porque no se sienten identificadas con las decisiones del actual gobierno?
Yo sí creo que algo significativo pasó al interior de las Fuerzas Militares y de Policía que llevó a una disminución tan drástica de sus acciones. Insisto: los cambios en la cúpula policial y militar afectaron la organización interna; se generaron además confusiones y falta de línea en cuanto a las prioridades. La política de Seguridad, Convivencia y Defensa sólo se definió meses antes de terminar el primer año del gobierno Petro. No ha habido una estrategia clara sobre cuál es el foco operativo de la fuerza pública y esto llevó a la disminución de acciones. Es claro que el gobierno debe equilibrar toda su política de negociación con los grupos armados con un mayor protagonismo de la política de seguridad ciudadana, en particular en las zonas en donde se han concentrado las disputas entre esos grupos. El Estado no puede ser un actor pasivo mientras los grupos ilegales se enfrentan, generando vulnerabilidades territoriales en las comunidades. El Estado debe tener un protagonismo más grande desde el sector defensa para contrarrestar el impacto humanitario.
¿Lo que debe haber, entonces, es una gran articulación entre la Paz Total y la estrategia de seguridad ciudadana?
Sí. Pasa por un equilibrio. En el primer año, vimos que hay más protagonismo de la política de Paz Total y vimos relegada la política de Seguridad, Convivencia y Defensa. Lo que piden hoy las comunidades y lo que reclaman las autoridades locales es un mayor protagonismo de las Fuerzas Militares y de Policía.
¿Qué tanto han matado o han amenazado líderes sociales en el primer año del gobierno Petro?
Una de las principales banderas del inicio del gobierno Petro era parar los homicidios de líderes sociales. Los homicidios de líderes sociales se mantienen en una cifra similar a la del 2022, no hay aumentos significativos, pero tampoco hay una disminución. Aquí tenemos que señalar que la estrategia en los primeros meses del gobierno Petro con los ‘puestos de mando unificados por la vida’ para contrarrestar el homicidio de líderes sociales, no funcionó. Luego, cuando arranca la política de Paz Total, esa prioridad quedó relegada. Y uno de los grandes retos para el segundo año del gobierno Petro es lograr romper la condición de vulnerabilidad de los líderes sociales y disminuir esa cifra de homicidios, que sigue siendo históricamente alta y una alerta bastante importante.
Una de las mayores críticas que ha recibido el gobierno nacional es por abrir muchos frentes de diálogos con grupos ilegalmente armados, ¿qué tan contraproducente ha sido eso?
La Paz Total se ha reducido a la apertura de ocho tableros de negociación o frentes de negociación que lidera el Alto Comisionado para la Paz. Si entendemos que el objetivo como lo ha declarado el gobierno es que la Paz Total disminuya la afectación humanitaria en los territorios, esto no se ha conseguido. Los anuncios de finales del año pasado generaron algunas disminuciones particulares, pero lo que ha pasado es que la expectativa bajó al no concretarse avances en los procesos de negociación y las afectaciones humanitarias regresaron. Por eso, pedimos equilibrar la negociación de paz con la política de seguridad. El Estado tiene que tener una cara que le permita llegar de manera fortalecida a esas mesas de negociación, y debe hacerlo a través de la política de seguridad que demuestre una capacidad operativa suficiente. En efecto, hay muchas críticas al gobierno por tener muchos frentes de negociación sin avances. Sería importante que el gobierno priorizara algunas mesas con mayor conversión de éxito. La reconfiguración de la Paz Total para el segundo año de Petro debería llevar a una estrategia más clara de cómo se está negociando, pero además a que si efectivamente se quieren disminuir las afectaciones humanitarias, se negocien no sólo ceses al fuego sino ceses de hostilidades.
¿Hay alguna explicación a por qué la violencia se está acentuando particularmente en Huila, Cauca, Caquetá y Putumayo?
Lo que pasa es que los grupos armados quieren demostrar que tienen una capacidad importante de cara a la negociación. Hay que recordar que en esta Paz Total se está negociando con grupos que no estaban ni militar ni política ni estratégicamente derrotados. Esta es una situación distinta a la que tuvimos para negociar con las Farc, que llegaron a una negociación debilitadas. Con estos grupos armados pasa todo lo contrario. Las zonas de influencia se han hecho cada vez más grandes desde el 2016; la presencia y su línea de mando también se han fortalecido. Por ejemplo, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia están consolidados. El control social, territorial y político busca fortalecer estratégicamente estos grupos, mientras el Estado no contrarreste con su política de seguridad estas situaciones. La Paz Total no ha revertido las zonas de disputa y los grupos armados han encontrado una manera de operación, en donde no tienen un reto por parte del Estado sino por parte de otros grupos. Pasamos de un conflicto insurgente a un conflicto multicriminal, en donde los grupos no tienen como objetivo obtener el poder nacional sino el poder local y territorial y sus enemigos son otros grupos armados. Si el Estado no rompe esa lógica de enfrentamiento entre esos grupos, no se va a garantizar la seguridad en los territorios.
Muchos dicen hoy que estamos de regreso al pasado, ¿hay algún punto de comparación entre esto que estamos viviendo frente a lo que se vivió a finales de los 90 y principios de la década del 2000?
En cuanto a vulnerabilidad territorial y a la afectación a las comunidades, podemos estar en un escenario similar, pero hoy el riesgo ya no es por la confrontación del Estado con los grupos armados sino por el enfrentamiento entre los mismos grupos. Por eso, creemos que el objetivo del Estado debe ser contrarrestar estas disputas y no permitir que los grupos armados se enfrenten en los territorios. Hay algo significativo por decir es que hay una distancia entre el gobierno nacional y los gobiernos locales; esto tiene que ver con que estamos en un año electoral en el nivel local y ya hay un desgaste de los actuales gobernantes. Vemos con preocupación que se han roto los lazos de coordinación en los niveles locales, departamentales y nacionales. La actitud del gobierno nacional será determinante para recomponer las relaciones con los gobiernos locales y regionales que salen, pero también con los gobiernos que entran, para que haya una acción articulada del Estado y de las instituciones legítimas.