Autorizan a Aliadas para el Progreso nuevo plazo para terminar la fase de complementación del plan remedial. Una nueva acción judicial se abre paso para exigir la rápida intervención de la vía concesionada.
RICARDO AREIZA
unidadinvestigativa@lanacion.com.co
Una nueva acción judicial para obligar al Gobierno Nacional a la inmediata intervención y ejecución de la autopista Santana-Mocoa-Neiva se abrió pasó en momentos en que se tramita la cesión del cuestionado contrato de concesión.
La acción popular la radicó la abogada Elizabeth Quintero Molina contra el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura y el concesionario Aliadas para el Progreso que incumplió la ejecución del proyecto, adjudicado en el 2015.
El medio de control ciudadano fue presentado para garantizar la defensa y protección de los intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza.
La acción popular en trámite solicita que se le ordene al Ministerio de Transporte o a quien corresponda, que adopte las medidas conducentes a la ejecución de los 22 kilómetros de doble calzada entre Neiva y Campoalegre, así como las variantes en Campoalegre, Hobo y Gigante, la ampliación a un tercer carril entre Hobo y Gigante, así como las demás obras civiles entre los dos departamentos.
El trámite
La demanda fue presentada inicialmente en Bogotá y repartida al Juzgado Diecisiete Administrativo de Bogotá. El despacho judicial, mediante auto del 23 de febrero de 2021, la remitió al Tribunal Administrativo del Huila por carecer de competencia en razón a la naturaleza de la entidad accionada y el lugar de ocurrencia de los hechos.
La accionante pidió que se declare la responsabilidad de las tres entidades por la afectación y amenazas a los derechos colectivos por todas las omisiones derivadas del Contrato de concesión No. 012 de 2.015 suscrito por la ANI con la firma Aliadas para el Progreso, bajo un esquema de asociación público privada. Igualmente reclamó que se ordene al Ministerio del Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura la intervención inmediata y la ejecución de las obras proyectadas.
“Si no fuere así, tome las medidas inmediatas para que se realicen los controles pertinentes, de manera que se garantice que las inversiones en la Ruta 45 y demás vías del territorio departamental huilense se mantengan en perfecto estado, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales suscritas por la Agencia Nacional de Infraestructura”, agregó Quintero Molina.
La cesión
La nueva demanda se presentó en momentos en que el Gobierno Nacional anunció la cesión del contrato, como alternativa para conjurar el descalabro inicial y permitir la reactivación.
La cesión debía protocolizarse este año pero sigue aún enredada. El vicepresidente de gestión contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura Luis Eduardo Gutiérrez amplió hasta junio como nueva fecha de terminación del periodo de complementación de la primera fase del llamado plan remedial.
El otrosí permite la ampliación del plazo de ejecución de las obras que no se han ejecutado en su totalidad
El plan remedial diseñado para la concesión Santana-Mocoa-Pitalito-Neiva solo exclusivamente las intervenciones en sitios críticos y el mejoramiento de la vía. Las obras demandaron inversiones iniciales por 29 mil millones de pesos.
De los 44 puntos críticos identificados solo se priorizó la intervención en 12 puntos.
El plazo inicial era de tres meses, contados a partir del 8 de junio de 2020 cuando se iniciaron las labores de rocería y mantenimiento preventivo.
Las intervenciones contemplaban como atención prioritaria, la remoción de derrumbes, bacheo, mantenimiento rutinario mayor y menor y rocería. Además, la realización de diseños para la atención de sitios críticos y para el desarrollo de actividades que garanticen la prestación del servicio y transitabilidad por esta zona del país.
La segunda fase debía comenzar en agosto del año pasado pero se fue dilatando. Ahora, el concesionario solicitó otros 2.578 millones de pesos para labores de operación y mantenimiento.
La interventoría avaló los recursos y la extensión del plazo en 45 días para culminar las gestiones y facilitar la cesión.
El otrosí, firmado el 30 de abril, amplía el plazo hasta el 6 de junio próximo, periodo durante el cual el concesionario deberá complementar la primera fase del plan remedial conforme al plan de inversiones y culminar las gestiones para la cesión del contrato.
Durante este periodo las sociedades Rodovías Colombia SAS y MC Victorias Tempranas SAS (Subsidiaria de Mercantil Colpatria S.A) iniciaron las gestiones como potenciales cesionarios
Incumplimiento
La firma contratista se comprometió, por su cuenta y riesgo, a la financiación, elaboración de estudios y diseños definitivos, gestión social y ambiental, gestión predial, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor Santana – Mocoa – Neiva, en una extensión de 447 kilómetros, con una inversiones por 3,87 billones de pesos Además, se obligó a construir 22 kilómetros de doble calzada entre Neiva y Campoalegre, así como las variantes en Campoalegre, Hobo, Gigante, Timaná y la construcción de 1,97 kilómetros en nuevos viaductos.
El contrato de concesión fue firmado el 18 agosto de 2015 pero nunca despegó. En realidad, desde esa fecha el proyecto nació muerto por graves problemas estructurales que terminaron impactando la financiación y abortando la viabilidad.
El contrato fue firmado con el consorcio Infraestructura Vial pero terminó en manos de Aliadas para el Progreso, que no pudo terminar el cierre financiero, entre otras razones por el descalabro de los socios, luego de los escandalosos sobornos de la multinacional Odebrecht.
Además, debía iniciar con la construcción los primeros 36 kilómetros en calzada sencilla, incluidas variantes en Mocoa, Villa Garzón, Puerto Caicedo (Putumayo) y en el Huila la vía Mocoa-Bruselas-Pitalito. Nunca cumplió.
Pobre ejecución
Aliadas para el Progreso, en cumplimiento del contrato de concesión, debía acometer la rehabilitación de la vía Pitalito- San Agustín y de la variante El Juncal; un tercer carril entre Hobo-Gigante y la construcción de la variantes en Gigante, Hobo, Campoalegre y Timaná. También abarca soluciones viales para la zona de Los Altares, Pericongo y Puerto Seco, obras de conexión en la central mayorista Surabastos y el cruce hacia Algeciras.
El plazo de la fase de construcción de la etapa pre operativa finalizó el 5 de septiembre de 2019, sin que el concesionario hubiera cumplido con la ejecución de las intervenciones.
La ANI estimó que el porcentaje de avance ejecutado del proyecto Santana-Mocoa-Pitalito- Neiva, hasta el 6 de septiembre de 2019, fecha de finalización de la etapa pre operativa, es apenas del 2.21%.
El proyecto, según la Contraloría General de la República, no se desarrolló como fue pactado ni el concesionario ha cumplido con las obligaciones de financiación y fondeo de subcuentas del patrimonio autónomo, la columna vertebral, hoy fracturada.
Tampoco cumplió con el cronograma del plan de obras, con las actividades de operación y mantenimiento del corredor concesionado, ni con la actualización de las pólizas.
El magistrado José Miller Lugo avocó el conocimiento de la acción popular y dispuso su trámite.