Por: Amylkar D. Acosta
Según el Índice de desempeño de su arquitectura del Foro Económico Mundial (FEM), Colombia cuenta con un sector energético de clase mundial, ocupa el 10º entre 127 países evaluados, constituyéndose en el único país fuera del antiguo continente que figura en el top 10. La ley 143 de 1994 que lo rige se ha visto fortalecida y robustecida con la expedición de la Ley 1715 de 2014, la cual promueve, incentiva y estimula las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), así como el uso racional y eficiente de la energía.
Por su parte la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha sido diligente y asertiva a la hora de expedir las normas regulatorias a las cuales deben ceñirse los diferentes agentes de la cadena. No obstante, hacia el futuro tiene el reto de adecuar su estructura y funcionamiento a las nuevas exigencias que se derivan de la modernización del sector de cara a la Transición energética en curso. Como es bien sabido esta pasa por las conocidas 4D: la digitalización, la democratización, la descentralización y la democratización.
Por ello consideramos de la mayor importancia que la CREG cuente con una plataforma tecnológica y con las aplicaciones requeridas para el cumplimiento de sus funciones y competencias. Deberá disponer hacia el futuro con una Unidad de analítica soportada en la Inteligencia artificial (IA), la Big data y los algoritmos, que le permita procesar todo el cúmulo de información que genera la gestión y operación del Sistema, con miras a tomar mejores y más oportunas decisiones.
Sería deseable que la CREG al momento de expedir sus resoluciones para comentarios evalúe con tales herramientas a su disposición el impacto esperado de las mismas, para evitar sorpresas desagradables y señales inapropiadas a los agentes del mercado. Además, convendría que al término del plazo para los comentarios se concluyera propiciando un espacio, a manera de panel, en el que interactúen los expertos comisionados y los agentes incumbentes, lo cual contribuiría a que los primeros dispongan de más y mejores elementos de juicio en la toma de sus decisiones. Todo ello antes de dejar en firme el texto definitivo de la Resolución objeto de análisis.
Como es bien sabido el Congreso de la República facultó al Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, para crear una “Misión para la modernización de los mercados actuales y la promoción de la innovación”, la cual quedó integrada el 2 de mayo de 2019 con 20 expertos nacionales y extranjeros y tuvo por objeto fundamental delinear la hoja de ruta para la energía del futuro en Colombia. Dicha Misión se propuso como objetivos fundamentales: 1) el cierre de brechas y la corrección de fallas de mercado 2) La desregulación y descentralización 3) el establecimiento de los protocolos e infraestructura de uso común y finalmente 4) la sostenibilidad.
El mayor desafío que encara el Ministerio de Minas y Energía es poner en práctica las recomendaciones de la Misión, que su informe no se quede en los anaqueles oficiales, pues las mismas propenden por la modernización y adecuación tanto del marco institucional como el regulatorio, de modo que se encauce apropiadamente la Transición energética, facilitando la incorporación de nuevos agentes, tecnologías y esquemas transaccionales en el mercado energético. Se trata, además, de poner al usuario en el centro, ahora que su empoderamiento le va a permitir cumplir su doble papel de productor y consumidor (prosumidor) de energía.
En este orden de ideas, nos parece de la mayor importancia la recomendación por parte de la Misión de fortalecer aún más a la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), la cual deberá dotar al sector de una planeación más prospectiva, moderna e integral, incorporando a la misma lo concerniente a redes, microredes, medición inteligente, almacenamiento de energía, así como la habilitación de nuevos modelos de negocio. También aconseja la Misión reformar la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), de modo tal que tenga una instancia de decisión (Consejo) para los temas macro presidida por el Ministro de Energía, sustrayéndolo del día a día de la gestión del órgano regulador.
En última instancia lo que está en juego es la seguridad energética del país, piedra miliar del desarrollo económico y social del país, en los términos planteados en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), a los que ahora, merced a la crisis pandémica habrá que agregar el cierre de la brecha digital. El 7º de los objetivos, la asequibilidad al servicio esencial de la energía y la integración a la matriz energética de las FNCER es la meta de corto, mediano y largo plazo. La mayor diversificación de dicha matriz y la mixtura, las soluciones híbridas, que combinen las fuentes de energías convencionales y no convencionales, las cuales se respaldan mutuamente, ofrecen una mayor resiliencia de la misma frente a los avatares del cambio climático.