La administración de Luis Enrique Dussán entregó a ‘dedo’ a un comerciante el contrato, de 4 mil millones de pesos, para adquirir seis carrotanques para cuerpos de bomberos. El contratista debía comprar doble-troques y terminó adquiriendo tractocamiones. Los vehículos, ya comprados, permanecen sin utilizar en el sur de Neiva. La Procuraduría empezó a investigar el escándalo.
Rafael Rodríguez C.
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Un contrato multimillonario para la adquisición de seis vehículos para atender incendios, que serían entregados a igual número de cuerpos de bomberos, fue entregado, al parecer, a ‘dedo’ a un comerciante neivano sin la idoneidad para su ejecución, en la administración departamental del entonces gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López.
Hoy, cuatro meses después de suscrito el contrato, por $4.356.600.000, los vehículos adquiridos, no eran los requeridos, por lo que no han podido ser modificados y los cuerpos bomberiles beneficiados se encuentran a la espera.
Las presuntas anomalías en la adjudicación y ejecución del contrato están siendo investigadas por la procuraduría regional del Huila, que ya ofició a la Gobernación del Huila para que entregue la documentación relacionada con el contrato.
El proyecto, que terminó siendo entregado a Jhon Farid Méndez Lugo, por el entonces secretario de Gobierno Andrés Mauricio Muñoz Leguizamo, el día 26 de octubre 2023, se había diseñado en el año 2022 para ser financiado por el Fondo de Regalías del Departamento junto con los municipios de Neiva, Rivera, Campoalegre, Garzón, La Plata y Pitalito y las instituciones de bomberos de Rivera y Garzón.
“Cada municipio cofinanciaron el proyecto con aproximadamente 146 millones de pesos junto con los dos cuerpos de bomberos para poder ser beneficiarios del proyecto”, dijo el capitán Edinson Fernández, delegado Departamental de Bomberos del Huila.
Sin embargo, pasaron los meses, se dilataba la ejecución del proyecto, y fue aprovechada la declaratoria de calamidad pública tras los incendios forestales en los municipios de Yaguará, Palermo, Rivera y Campoalegre, entre otros.
“En sesión de Consejo Departamental de Riesgo el gobernador Luis Enrique Dussán López, solicitó que se declarara la calamidad pública, para poder atender de manera oportuna los requerimientos que estaban haciendo los cuerpos de bomberos para atender las conflagraciones que se estaban presentando por la temporada seca e inicio del fenómeno de El Niño”, manifestó el representante de los bomberos en el Huila.
Al contrato inicial le hicieron un Otro Sí, para adquirir un vehículo más, al darse cuenta de que solo habían comprado cinco y no los seis como estaba estipulado. “La Gobernación subscribe un Otro Sí modificatorio porque inicialmente había comprado cinco carros y después compra un sexto carro para completar el grupo de seis carros”, señaló Fernández. http://
‘Alargarán el chasis’
El capitán Fernández indicó que el proyecto de los vehículos consistía en realizar el montaje de un módulo contra incendio en un tanque en acero inoxidable con capacidad de 3.300 galones de capacidad de agua, una bomba de 500 galones por minuto, montado en un chasis compacto. “El contratista tenía que fabricar el módulo contra incendio, que es encarrozarlo, montarle la bomba americana porque la traen directamente de los Estados Unidos”.
No obstante, la Gobernación del Huila realizó la modificación de la especificación técnica del vehículo de chasis compacto tipo doble troque, luego de haber entregado al contratista el anticipo del 50% ($2.178.300.000). “El carro que inicialmente fue aprobado por regalías para adquirir el doble-troque, procedieron a comprar vehículos articulados, un tractocamión”, explicó el jefe bomberil.
El vocero de los cuerpos de bombero huilenses precisó que a los vehículos comprados “articulado tipo minimula”, ahora para ajustarlo a las especificaciones que requerían les alargarán el chasis. “Como el vehículo se tiene que montar, por tamaño y peso, sobre un chasis compacto tipo dobletroque, ellos pretenden ahora alargar dos metros el chasis, montar un segundo eje, para que quede soportando el peso, pero eso no lo permite el Código Nacional de Tránsito”.
Y es que la maniobra no solo le quitaría estabilidad al vehículo, sino que pondría en riesgo la vida de sus ocupantes. “Nos preocupa que al hacer esa modificación, de entrada el chasis pierde garantía con el fabricante, con el concesionario, por la modificación; no tenemos certeza de la capacidad de carga del mismo, no tenemos certeza de la capacidad de rotación y de giro, y lo peor aún, pues, del equilibrio del vehículo porque el vehículo va a transportar es agua. Desde ese punto de vista se puede poner en riesgo la seguridad de la tripulación, y la comunidad”, explicó Fernández.
Como si fuera poco, la asesoría técnica para el montaje que se debe hacer de los vehículos está a cargo de un abogado y no de un experto en el tema. “Tuvimos varias veces reuniones, mesas técnicas con el secretario de Gobierno, Andrés Mauricio Muñoz, él hizo caso omiso y el proyecto fue porque fue. El apoyo técnico de supervisión lo está haciendo un abogado y no un ingeniero mecánico, que es quien tiene la idoneidad para ese tema”, expresó Fernández.
Sostuvo que ya se reunieron con el nuevo Secretario de Gobierno, pero no se ve una rápida solución a lo que está pasando con los carros, con el proyecto que se encuentra suspendido. “Hemos tenido reuniones con el secretario de Gobierno, Martín Lara, ha sido muy atento a escuchar, pero solución no ha habido ninguna; nosotros consideramos desde la experticia técnica que la única solución es cambiar el chasis, pero el departamento ya los recibió ¿cómo los va a cambiar?”.
A nombre del Departamento
Los seis vehículos ingresaron al almacén del Departamento. “Son solo los cabezotes de esos tractocamiones, o la cabina y el chasis, y procedieron a autorizar el pago del 40% restante del valor del contrato”, señaló el vocero de los bomberos.
La entrega fue el pasado 29 de diciembre de 2023, sin el montaje de los tanques de agua. “Prácticamente, el último día hábil recibieron esos vehículos, al contratista tengo entendido que le pagaron ya el 90% y él ni siquiera ha hecho el montaje contra incendio (sistema de iluminación, tanque, bomba, luces, perifoneo), que es el 70% u 80% del vehículo”.
Las tarjetas de propiedad no fueron expedidas a nombre de los Municipios ni de los cuerpos de bomberos a donde llegarán los vehículos, fueron puestas a nombre de la Gobernación del Huila. “Los vehículos fueron matriculados a nombre de la Gobernación, cuando debieron ser matriculados a nombre de los beneficiarios, que eran los cuerpos de bomberos, y fueron matriculados como tractocamión”.
Bajo sospecha
Este escándalo prendió las alarmas en la Procuraduría Regional del Huila, que ya requirió a la Gobernación del departamento para que entregue la documentación alrededor de la compra de los vehículos.