LA NACIÓN
Iván Ramírez Quintero, Luis Roberto Pico Hernández, Miguel Eduardo David Bastidas, José Joaquín Cortés Franco y Hernando Pérez Molina son los generales que esperan sumarse a la lista de oficiales de alto rango con investigaciones por crímenes durante el conflicto que manifestaron su deseo de someterse a la Justicia Especial para la Paz.
Pico Hernández, era comandante de la VII División del Ejército cuando, por cuenta de los ‘falsos positivos’ de Soacha, en el 2008, hubo una purga en las Fuerzas Militares que descabezó a 27 miembros del Ejército, entre ellos tres generales y 20 oficiales.
Por su parte, el general Bastidas fue acusado por la Fiscalía como coautor, por omisión, de 32 homicidios en persona protegida, 14 desapariciones forzadas, tres detenciones ilegales, 10 episodios de tortura y desplazamiento forzado, entre otros delitos.
Mientras Cortés Franco fue otro de los generales que salió en la purga del 2008 por las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de Soacha. Por otro lado, el general Ramírez, estuvo investigado por la tortura y desaparición de 11 personas tras la retoma del Palacio de Justicia, cuando se lo tomó la guerrilla del M-19. Fue absuelto en primera instancia pero su caso está en revisión en el Tribunal Superior de Bogotá.
Pérez Molina, fue comandante de la Tercera División del Ejército, con sede en el Valle, y llamado a calificar servicios cuando se destaparon los nexos de militares con los carteles de la droga del norte de ese departamento.
Hasta ahora la JEP ha aceptado las solicitudes de sometimiento de cuatro generales en retiro del Ejército que han sido investigados o condenados en la justicia ordinaria. Se trata de Rito Alejo del Río, Jaime Humberto Uscátegui, Mario Montoya Uribe y Henry Torres Escalante. Sus casos ahora los asumirá la justicia transicional. Sin embargo, han aclarado que aunque se sometan, no implica que reconozcan los hechos por los cuales son investigados.
Ayer precisamente, tras un intenso debate la bancada de gobierno en el Congreso y los sectores afines al acuerdo de paz se lograron una histórica alianza para otorgar seguridad jurídica a los uniformados en el conflicto y proteger el derecho a la verdad de las víctimas.
El Centro Democrático, dirigido por su jefe natural, el expresidente Álvaro Uribe, quien en una inusual sesión participó como miembro de la Comisión Primera a pesar de no hacer parte de ella, reconoció por primera vez la legitimidad del sistema de justicia transicional.
El acuerdo político al que se llegó implicó la aprobación de 14 magistrados más, que, según el Centro Democrático les den garantías de imparcialidad a los militares. “Eso no implica a que renunciemos a las opiniones que tenemos de la JEP, eso sí, que no nos llevan en ningún momento a incumplir este acuerdo. Sobre otros temas, nos reservamos de buscar tramitarlos en otros proyectos, no en este para honrar el acuerdo político”, dijo Uribe.