Muchos no querríamos estar en los zapatos de nuestro buen intencionado alcalde de Neiva y de sus secretarios de Gobierno y Movilidad, es un caso dilemático y trágico, frente a problemas de urgente solución como lo son el de la seguridad y convivencia ciudadana y de transporte.
Primero entendamos que después de cuatro años de anarquía se torna más difícil el retorno a la normalidad y al orden constitucional e institucional. Eso lo deberían saber los representantes de los mototaxistas que anuncian oposición, revocatoria del mandato y medidas arbitrarias y, de hecho.
A nuestro humilde parecer, el Consejo de Estado (a juzgar por su línea jurisprudencial) el decreto 183 de 2024 que ya rige, no sería inconstitucional. Administraciones anteriores y la actual han realizado encuestas que determinan que en gran parte de los eventos sicariales, hurtos callejeros y raponazos, ha intervenido una motocicleta, sin embargo, cuando se les pregunta a los ciudadanos sobre medidas tales como la restricción del parrillero o el control al mototaxismo, esos mismos ciudadanos se encuentra en desacuerdo con su aplicación.
Los dirigentes de los mototaxistas deberían considerar que esa misma actividad es vista con reatos de inseguridad y es la única excepción y el único “pero de los ciudadanos”. En efecto, la ciudadanía acepta el transporte en motocicleta y al mototaxismo como medio de transporte de bajo costo, un servicio puerta a puerta, como una alternativa de trabajo para tantos neivanos que necesitan tener ingresos familiares.
Cerca del 40% de los mototaxistas son bachilleres y casi el 75 % son padres de familia (y no quieren dejarse morir de hambre). También sabemos que el transporte irregular es la causa más grave de la disminución de tasa de pasajeros, de rutas y del parque automotor; el cumplimiento de los compromisos de las empresas transportadoras que encuentran también disminuidas sus ganancias que son cada vez más pírricas.
Lo anterior hace inane el esfuerzo por la prestación de un servicio de transporte de calidad en la última etapa de implementación del SETP. La visión estatal de la problemática es más evasiva si se descubre que es un caso dilemático no solucionable con acciones legales ni de fuerza, aunque cualquier acción positiva o coactiva pueda ser interpretada como revictimización o estigmatización de los usuarios de motocicletas.
Pero el dilema continúa si el servicio de mototaxismo o los problemas de seguridad no tienen sus estrategias propias de prevención o la necesidad de persecución punitiva de los motociclistas y mototaxistas cuando en realidad cometen delitos.
El transporte sigue siendo un servicio público de control del Estado y tal control es irrenunciable constitucionalmente, incluso por parte de los alcaldes. Es de advertir que el autocontrol sobre los mototaxistas por parte de los gremios que los aglutina es invisible. Es innegable que muchos mototaxistas si aprovechan su actividad para delinquir, que no existen mecanismos de seguridad en la salud y de protección de vida de pasajeros y de los mismos mototaxistas.
Que en caso de no ejercer el control del servicio de transporte podrían venirse graves consecuencias de demandas de responsabilidad civil extracontractual contra el municipio y acciones de repetición con culpa grave por no implementar medidas. Señores representantes de los gremios de mototaxistas y motociclistas, el camino y tratamiento de tal problemática no es envalentonar a sus grupos o llamarlos a los bloqueos o las acciones de hecho. La tragedia reside en una calamidad social que debe enfrentarse con alternativas legítimas.
Frente a la consecución de la paz, la tranquilidad y el orden, la alternativa no es la presión, la amenaza, el atentado o las acciones arbitrarias e injustas. El diálogo social nos sigue esperando.