En un documento de cinco páginas, la Procuraduría le pidió al ministro de Salud información sobre la destinación de casi siete billones de pesos asignados para este año.
Redacción Web/LN
La Procuraduría volvió a requerir al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, pero esta vez la solicitud pide que entregue información detallada sobre la destinación de cerca de siete billones de pesos a través del Presupuesto General de la Nación 2024 para esa cartera.
El documento de cinco páginas firmado por la procuradora Diana Ojeda, delegada para la Salud, dice: “En atención a la defensa de los derechos fundamentales, los intereses de la sociedad y el ejercicio eficiente de las funciones públicas, realiza seguimiento a los recursos asignados a su cartera por medio del Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023, ‘Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos’”.
La procuradora explicó que en la página web del Ministerio de Salud se evidencia en la asignación presupuestal que más de cinco billones de pesos quedaron a disposición para el apoyo a programas de desarrollo de la salud Ley 100, razón por la cual requirieron información sobre la identificación de los proyectos aprobados destinados a ese ítem.
Así mismo, el ministro Jaramillo debe remitir la “planeación de ejecución del rubro desagregado por territorios y por entidad o institución beneficiada (Empresas Sociales del Estado beneficiadas)”.
La Procuraduría también registró que para el Plan Nacional de Salud Rural se asignó inicialmente más de 13 mil millones pesos y un presupuesto de casi dos billones de pesos relacionado en programas como un modelo de fortalecimiento de infraestructura en centro de atención primaria, acceso a medicamentos y dispositivos médicos, planeación epidemiológica, prevención para poblaciones vulnerables, entre otros programas.
“Se solicita explicar en detalle en qué consisten cada uno de los planes, programas o proyectos presentados, su fundamento jurídico, la planeación de ejecución del rubro desagregado por territorios y por entidad o institución beneficiada (ESE)”, dice el documento del Ministerio Público.