Pese a la demora en la reglamentación, el debate sobre la eutanasia, Colombia avanza en un tema espinoso pero necesario: la muerte voluntaria asistida para pacientes terminales en dolorosa agonía, desahuciado y sin posibilidades de curación.
La eutanasia fue autorizada en Colombia por la Corte Constitucional desde 1997. En esa época se falló una acción de nulidad que despenalizó el homicidio por piedad previsto en el Código Penal. Esa conducta se sancionaba con prisión de seis meses a tres años.
La Corte consideró que en el caso de los enfermos terminales que expresen su libre voluntad de poner fin a su vida, no puede derivarse responsabilidad penal para el médico pues la conducta está justificada por compasión y solidaridad.
En su criterio, el deber del Estado de proteger la vida debe ser compatible con el respeto a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. En el caso de los enfermos terminales que experimentan intensos sufrimientos, este deber estatal cede frente al consentimiento informado del paciente que desea morir en forma digna. Un argumento central inspiró esa posición.
El derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho a morir dignamente. Condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia, cuando no lo desea y padece intensas aflicciones, equivale no solo a un trato cruel e inhumano, prohibido por la Carta (Artículo 12), sino a una anulación de su dignidad y de su autonomía como sujeto moral. En estas condiciones, el Estado no puede oponerse a la decisión del individuo que no desea seguir viviendo y solicita que le ayuden a morir, cuando sufre una enfermedad terminal que le produce dolores insoportables, incomparables con su idea de dignidad.
El debate debe abarcar otros tópicos esenciales en una sociedad democrática: la dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad; el previo consentimiento de los pacientes, el derecho a recibir la información clínica adecuada, el derecho del paciente a decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles y a negarse al tratamiento. Y por supuesto que se abre otro camino que debemos recorrer: El reconocimiento de los derechos y obligaciones de los pacientes, que son los que sustentan la relación clínica entre profesionales y ciudadanos. Colombia está en mora de regular este tema que sigue generando reacciones encontradas y rupturas.
“El derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho a morir dignamente”.
Editorialito
Inesperadamente falleció en Neiva la docente Graciela Álvarez, madre de la periodista Yanine Álvarez, comunicadora de Ecopetrol. Sentimos su partida y nos unimos de corazón en este difícil trance.