RICARDO AREIZA
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La ascendente carrera política que había logrado escalar el ingeniero civil German Casagua Bonilla tendrá un insospechado ‘cambio radical’ que lo dejará sin curul, y, lo peor, sin la posibilidad de volver a aspirar de por vida a un cargo de elección popular.
La ‘muerte política’ como lo había anticipado en primicia LA NACIÓN, quedó confirmada. El ejercicio simultáneo de la contratación con entidades públicas y su rol de concejal, prohibido por mandato constitucional, le generó una incompatibilidad insalvable y por lo tanto la pérdida de su credencial y el ocaso prematuro de su carrera política que inició hace siete años.
Casagua Bonilla revalidó su credencial en las elecciones del 25 octubre de 2015 con unos sorprendentes resultados. El dirigente político obtuvo la primera votación en la lista de Cambio Radical con 3.579 sufragios, el doble de los resultados obtenidos en el 2011 cuando aspiró por primera vez. En los comicios del 30 de octubre alcanzó 1.720 sufragios, la segunda votación en la lista que encabezó Dagoberto Gómez.
Sin embargo no logró sortear en esta primera instancia la demanda que formuló el 18 de julio pasado Félix Cruz Sánchez.
Los seis magistrados del Tribunal Administrativo del Huila, constituidos en sala plena, estimaron que en este caso, se configuraba la causal de pérdida de investidura, por violación del régimen de incompatibilidades. Así lo decretó.
¿Concejal contratista?
El ingeniero civil, en un sólo mes ganó tres licitaciones de obra pública por 873,9 millones de pesos. En plena campaña firmó tres contratos para rehabilitación de la red terciaria, con recursos aportados por la Gobernación.
Los contratos fueron adjudicados entre junio y julio de 2015 en los municipios de Colombia, Algeciras y Nátaga, mientras en Neiva ejercía simultáneamente su curul como concejal de Cambio Radical.
Los contratos fueron adjudicados entre junio y agosto de 2015, en plena campaña electoral, en los municipios de Colombia, Nátaga y Algeciras, donde su progenitor, el ex concejal Herman Casagua Albarracín, actuaba como interventor de los convenios que debían firmarse con los municipios.
Sin embargo, en la demanda solo fueron documentados dos de los tres contratos que se gestionaron en la misma época, en las postrimerías de los mandatos locales.
Razones de fondo
La pérdida de investidura decretada ayer por los seis magistrados, tuvo un soporte central.
Los concejales, en la medida en que son servidores públicos, están sujetos a la prohibición contenida en el artículo 127 superior, que establece como incompatible el ejercicio de su función edilicia, con la celebración, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas, mientras ostenten tal condición, salvo las excepciones legales.
En este orden de ideas, la sala plena coincidió con los argumentos expuestos en ese mismo sentido por el procurador judicial David de La Torre.
Esta posición, según la providencia, ha sido replicada en la gran mayoría de las sentencias que ha producido el Consejo de Estado desde 2005 y se ha constituido en uno de los precedentes hito en la línea jurisprudencial.
La decisión es contundente: Quien ostente la dignidad de concejal municipal, no puede paralelamente ser concejal y contratista del Estado.
“Tal prohibición resulta entonces de obligatoria observancia, revisión y análisis previo por parte de aquel ciudadano que ostente la calidad de concejal”, concluyeron los magistrados. En su criterio se configuró la causal
“A pesar de que la norma de incompatibilidad, que el demandado tenía el deber de conocer con anterioridad, le impedía contratar como concejal de su municipio, optó por obviar dicha particularidad y continuar con la celebración de los negocios jurídicos”.
De haber obrado con la diligencia debida- agregó- el señor German Casagua Bonilla, luego de revisar los condicionamientos legales bajo los cuales debía ejercer sus funciones como concejal, hubiese advertido la existencia de una situación potencialmente capaz de ser incompatible con ejercicio de su curul en la corporación municipal, lo que evidentemente no ocurrió así.
Así las cosas, para la Sala quedó demostrado que, teniendo un deber de diligencia ordinaria que atender en el marco de sus funciones – debía saber – evidentemente no los satisfizo con el cuidado mediano que las personas emplean normalmente en sus negocios propios, incurriendo en un descuido que tornó en negligente su conducta, es decir, que lo hizo actuar con la culpa objeto de verificación en el análisis subjetivo de esta causal de pérdida de investidura”.
La otra cara
La contraparte se apartó de la decisión unánime y anunció que será apelada. En ese caso, no será de aplicación inmediata y quedará suspendida hasta que se falle en segunda instancia.
“El tribunal decidió con el prisma de 2017 una conducta de 2015. No comparto esa decisión. Esa posición acaba con el debido proceso, con la seguridad jurídica porque de ese tamaño es el error, respetuosamente lo digo, es un grave error”, afirmó William Alvis, apoderado de Casagua.
“De las cuatro sentencias que reprocha como desconocidas por el concejal, tres son de 2016 y 2017 y solo una es de 2005 que prohibía esa conducta. Pero hay otra de 2010 que es la previa a la firma de los contratos que sostiene que si se podía contratar. Sólo prohibía contratar con las entidades estatales en Neiva.
Lo que sigue
La apelación anunciada por Alvis Pinzón deja con efectos suspensivos la aplicación de la sentencia. La decisión final la tomará la Sección Quinta del Consejo de Estado.
En estas condiciones el concejal podrá seguir ejerciendo su actividad y conservará su credencial hasta que se produzca el fallo en segunda instancia que tardará varios meses.
En caso de confirmarse Casagua perderá su credencial y la posibilidad de volver a aspiración a ésta o a otra corporación pública. En firme la decisión, la silla vacía debe ser ocupada por quien sigue en votos en la lista de Cambio Radical. En este caso le correspondería a Ricardo Vega, cuarto en la lista, ya que los tres primeros ocuparon su curul.
Los contratos de la discordia
El primer contrato lo obtuvo con el consorcio Osman, representado por German Casagua Bonilla para el mantenimiento y mejoramiento de las vías terciarias del municipio de Colombia por 261, 5 millones de pesos con un plazo de ejecución de 120 días.
El proyecto fue adjudicado el 17 de junio de 2015 por el alcalde de Colombia Arbey Vargas Manguera según Resolución 038.
El contrato radicado con el número 95 de 2015 fue celebrado el 25 de junio de 2015. El acta de inicio fue firmada el 28 de julio siguiente.
Las obras se financiaron con recursos aportados por el gobernador de la época Carlos Mauricio Iriarte en un programa regional de mantenimiento de la red terciaria, en 20 municipios del Huila, entre ellos Algeciras, Colombia y Nátaga.
Curiosamente, el ex concejal Casagua Albarracín (padre) ejercía l interventoría técnica administrativa y financiera de los convenios suscritos con los municipios según contrato 0447 de 2015 por 41,76 millones de pesos.
El concejal en pleno ejercicio de su profesión como ingeniero civil.
En Nátaga
El segundo contrato 169-2015fue adjudicado por el alcalde de Nátaga Lubín Pajoy Trujilloen la recta final de su mandato. La adjudicación se hizo mediante Resolución No. 246 de 2015 expedida el 15 de julio de 2015 por 332,5 millones de pesos. Casagua Bonilla se presentó como único proponente en calidad de representante del consorcio Cachita. El objeto: Pavimentación en concreto rígido de la calle 2 sur entre carreras 4 y 5, calle 2a sur entre carreras 4 y 5, calle 3 sur entre carreras 4 y 5 y carrera 4 entre calles 2 sur y 3 sur del casco urbano del municipio de Nátaga.
El contrato fue firmado el 5 de agosto de 2015. La obra debía comenzar el 16 de septiembre de 2015 según el acta de inicio. El primero de diciembre se suspendió y reinició el 4 de marzo de 2016.
En Algeciras
Un tercer contrato (no relacionado en la demanda) le fue adjudicado el 6 de junio de 2015 por el alcalde de Algeciras Alexander Martínez Ballesteros (Resolución 182) para la construcción de obras de drenaje, placa huellas y reposición de afirmado en los sitios críticos de las vías terciarias de Algeciras. El contrato ascendió a $279, 92 millones de pesos. Casagua Bonilla se presentó en este caso en representación del consorcio Macabu en las mismas circunstancias de los dos casos anteriores.
