Jesús Antonio Rojas Serrano
La semana empezó con una tragedia. Una roca cayó sobre un rancho de un asentamiento ilegal del norte de Neiva y mató a dos personas y dejó a otras tres heridas. El personero, Oscar Húber Zúñiga, fue uno de los primeros en llegar al lugar del episodio. “Fueron muy fuertes las escenas”, acepta.
En esta entrevista con LA NACIÓN, el representante del Ministerio Público entrega sus impresiones sobre la problemática de las invasiones en la ciudad, pero prende las alertas sobre lo siguiente: a Neiva están llegando por estos días desplazados por la violencia, provenientes del Putumayo y del Tolima.
El Personero también habla de la crisis en la cárcel de Neiva y del ‘jalón de orejas’ de la Procuraduría al alcalde Rodrigo Lara Sánchez. Y aprovecha para lanzar fuertes críticas a la Administración Municipal por la forma en que se están desarrollando las obras de intervención de la carrera Séptima. “Están violando una serie de normas técnicas”, advierte.
Neiva fue sacudida el lunes pasado por una tragedia en el asentamiento La Esperanza. Dos muertos y tres heridos. ¿Qué opina?
Nosotros tan pronto tuvimos conocimiento de la situación nos desplazamos hacia el lugar, yo directamente acudí al lugar de los hechos. Valga resaltar lo paradójico que resulta el nombre del asentamiento con lo que encuentra uno allá en sus habitantes, los cambuches en los que habitan. Cuando llegamos allí observamos la tragedia. No fue fácil el acceso ya que es una zona accidental, incluso los mismos pobladores han asentado el terreno con colchones, una técnica totalmente artesanal. Preliminarmente, observamos filtraciones de agua de las redes de alcantarillado y acueducto. Fueron muy fuertes las escenas. Yo pido el respeto a las víctimas porque han querido revictimizarlas, han sido señaladas porque en el 2003 fueron beneficiarias de un plan de vivienda, pero de 2003 a la fecha pudieron haber sucedido muchas cosas. En las indagaciones, descubrimos que hace dos o tres años se había hecho una visita, pero mire que el riesgo era tan latente que se concretó y se llevó dos vidas de las personas más humildes, murieron de la forma más indignante y humillante con una roca que les cae encima.
¿Qué hacer con los asentamientos ilegales en Neiva?
Son 177 asentamientos en Neiva. Al día siguiente se convocó por parte de la Administración Municipal a un comité que tiene como finalidad tocar todos los temas de la política de asentamientos y allí lo que la Personería solicitó es que, con ocasión de la temporada de lluvias y al aumento de esos riegos, se prioricen los sectores de mayor riesgo.Tenemos que aprender de la experiencia y no puede ser posible que, en pleno siglo XXI, la gente siga muriendo de esta manera tan indignante. En ese orden de ideas, el Municipio está desarrollando labores para intervenir y desarrollar unos programas de reubicación en los sectores más críticos.
¿Ha faltado autoridad en la ciudad para evitar las invasiones?
Hay que ser realistas y sensatos. El tema de los asentamientos es un problema estructural, es un problema de orden nacional, no solamente en Neiva. En Bogotá es una cosa exageradamente voluminosa, en términos de número de personas que llegan diariamente. Súmele a eso a la migración de venezolanos y la situación de recrudecimiento del conflicto en el Putumayo, en esas zonas del sur en donde han salido actores armados y estos sitios son copados, no por la fuerza pública del Estado, sino por otras fuerzas irregulares y esto genera una serie de desplazamientos, de movimientos de personas. Hemos tenido información de varios desmovilizados que están llegando del Putumayo, donde se está presentando una situación de orden público difícil, que no sale por los medios. Creo que es muy complejo culpar a la Administración Municipal de una circunstancia que es de orden nacional. Lo que se debe observar es que hay un acuerdo municipal que establece una política, pues hay que ponerla en marcha.
¿Y cómo están las cosas en la zona rural?
Para nadie es un secreto lo que viene ocurriendo en la zona occidental de Neiva, en donde hay tres corregimientos muy bonitos que son Chapinero, San Luis y Aipecito, tradicionalmente golpeados por el conflicto armado, y resulta que con ocasión del acuerdo de paz, la guerrilla de las Farc se fue de allí. Pero, el Estado no ha copado debidamente este espacio, y cuando digo copar este espacio no hablo sólo de la fuerza pública, sino también con salud, educación, pavimentación de vías. La vía en el tramo que le corresponde a Palermo en realidad está en unas condiciones lamentables, además de eso, es de conocimiento público, que en Planadas, Tolima, que queda allí muy cerca de Aipecito, hay actores armados irregulares, lo que llaman disidencias de las Farc. En las últimas semanas, en Planadas se han presentado cuatro homicidios. Familiares y amigos de estas víctimas han llegado a Neiva. Al parecer, las disidencias están tomando justicia por mano propia. Este es un llamado a prender las alarmas porque el hecho de que el Estado no haya llegado implica que esas zonas pueden ser ocupadas por estos actores y la población está muy temerosa.
Otro tema. La Procuraduría le abrió una indagación preliminar al alcalde Rodrigo Lara Sánchez por la crisis en la cárcel de Neiva. ¿Qué está pasando en el centro carcelario?
La situación en derechos humanos es lamentable. Pero de verdad es lamentable. Nosotros en noviembre pasado, hicimos una audiencia pública para hacer visible la problemática porque es necesario que se sepa que la cárcel de Rivera tiene una capacidad para 933 reclusos y en este momento hay 1900. Es un hacinamiento desbordado. Ir a la cárcel y observar de primera mano lo que está pasando allá, los problemas de convivencia, sanitarios, es una cosa muy compleja. Resulta que ese inmueble se abastece de unos pozos y uno de ellos colapsó. Cuando hicimos la audiencia logramos una solución improvisada, consiguiendo el abastecimiento con algún grado de regularidad, sin que sea contínua. Hay una posibilidad que la cárcel se conecte con el acueducto de Rivera. Estamos haciendo esa gestión ante Aguas del Huila, pero que bueno sería que el Municipio también contribuyera en este propósito.
¿Y qué opinión tiene de ese ‘jalón de orejas’ que está haciendo la Procuraduría sobre la crisis carcelaria?
Hay que señalar las cosas como son. Acá tengo unos datos del Inpec. Es importante señalarle a la comunidad que los internos sindicados son responsabilidad de los entes territoriales y los condenados del Inpec. En el año 2017, Neiva tenía 608 internos procesados. Cada uno de esos internos, al año, le cuesta al Inpec $18,3 millones. Y el aporte de Neiva fue de 100 millones de pesos. Campoalegre tuvo en 2017 58 internos y aportó, $15 millones. Algeciras tuvo 50 y aportó $3 millones. El orden nacional nos entrega la responsabilidad de los internos, pero no nos dicen de dónde van a salir los recursos para atender este tipo de población y en últimas los que terminan viéndose afectados son los derechos de esta población carcelaria. La población carcelaria es objeto de caridad. Aquí parece que alguien se equivoca y quieren que lo encierren en donde no lo veamos nunca más. Pues no, acá hay que preguntarse cuál es el programa de resocialización, en qué condiciones están, si esas condiciones permiten una verdadera resocialización y la conclusión no será la más positiva.
Finalmente, la Personería de Neiva acaba de inspeccionar el avance de las polémicas y eternas obras de intervención de la carrera Séptima, ¿Qué encontró?
Este ha sido un proyecto verdaderamente ambicioso por parte de la Administración Municipal, no hay que restarle importancia a la pertinencia, a la necesidad de organizar el parque automotor. Pero intervenir las vías, si bien es cierto es una necesidad, es importante de qué manera se va a hacer y quiero citar ejemplos concretos. En la carrera Segunda entre calle 15 y calle 15A, encontramos que estaban aplicando la capa asfáltica y no habían restituido las redes de alcantarillado que tienen más de 60 años. Nosotros hicimos las observaciones ante el Setp y Empresas Públicas, afortunadamente, logramos que se hicieran los correctivos pertinentes, pero es que nosotros no somos co-administración, en qué condiciones se estaba ejecutando esa obra, estaban violando una serie de normas técnicas y era un hallazgo tanto disciplinario y fiscal, en incluso no sé si penal. Otro ejemplo: visitamos la carrera Séptima y nadie nos atendió. No estaba el ingeniero residente, el arquitecto, no estaba el señor interventor. El Personero no tuvo quién le resolviera sus inquietudes. De todas formas, recorrimos la obra y nos llamó la atención el incumplimiento de algunas normas técnicas. Allí, hay unas empresas de salud que se encuentran sobre la margen oriental y no hay unos accesos adecuados para las personas en condición de discapacidad. También advertimos que los frentes de obra no son los suficientes para cumplir con el cronograma de actividades. Seguiremos con el seguimiento porque nos duele que un proyecto tan importante para la ciudad no se esté desarrollando conforme a las expectativas de los ciudadanos.