Cuando estaba a punto de fallarse la pérdida de los dineros usados para entregar mercados a pescadores artesanales de Villavieja, la Contraloría tuvo que archivar el juicio de responsabilidad por caducidad. El plazo para fallar superó los cinco años.
RICARDO AREIZA
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Un proceso de responsabilidad fiscal iniciado hace cinco años por la pérdida de las ayudas humanitarias para damnificados de Villavieja, fue archivado, en cero, por ‘vencimiento de términos’. Increíble pero cierto.
Aunque se confirmó que los mercados fueron adquiridos con recursos públicos para atender a los damnificados de la ola invernal, en realidad nunca llegaron a los pescadores artesanales y campesinos de Villavieja, afectados por las fuertes inundaciones ocurridas a finales del 2011.
Los mercados contratados a todo costo, abreviando los trámites por la ‘urgencia manifiesta’ fueron adquiridos y pagados en tiempo récord, ingresaron debidamente al almacén pero jamás llegaron a los verdaderos damnificados.
Semanas antes de terminar su mandato, la alcaldesa Tania Peñafiel, recientemente posesionada como secretaria privada del gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán, expidió la medida de excepción, para agilizar la contratación directa. La funcionaria ordenó la compra de mercados. Sin embargo, los afectados por el invierno nunca los recibieron.
La historia se develó durante una audiencia de seguimiento sobre las inversiones ordenadas para atender a los damnificados por la temporada invernal, lo que originó las investigaciones respectivas.
En el caso de la Contraloría, el proceso estuvo a punto de fallarse con responsabilidad, pero en el umbral de la sanción, la acción fiscal, prescribió. Quedó en cero.
Urgencia para contratar
La urgencia manifiesta fue declarada por la alcaldesa Tania Peñafiel el 5 de diciembre de 2011, en la recta final de su mandato.
Con un improvisado estudio de mercadeo, la mandataria contrató directamente, a todo costo, el suministro de mercados para las familias afectadas por la ola invernal.
El contrato fue firmado con la empresa Distribuciones Mary, representada por Maritza Losada Peña por un valor de 12 millones de pesos. El negocio quedó registrado según factura de venta No. 17037 de 2011.
El 28 de diciembre la administración expidió la orden de pago. El contrato fue liquidó el 30 de diciembre, dos días antes de terminar su mandato.
Los mercados perdidos
Los mercados ingresaron al almacén el 16 de diciembre de ese mismo año, según lo certificó la auxiliar administrativa, Elizabeth Calderón y luego fueron retirados con rumbo desconocido.
La alcaldesa Tania Peñafiel aseguró que los mercados fueron entregados el 17 y 18 de diciembre según las actas firmadas, entre otros por Carlos Castillo e Isaac Mossos, líderes de la Asociación de Pescadores Artesanales.
Además, anexó las firmas de algunos pescadores artesanales, que habrían recibido los mercados.
La funcionaria aportó un listado de los supuestos beneficiarios y las actas de entrega, aparentemente rubricadas por los damnificados.
Sin embargo, un año y medio después, su sucesor, el alcalde Raúl Arturo Ramírez Olaya, la desmintió.
“Revisados los archivos de la contratación del Municipio de Villavieja no se encuentra la relación de las personas beneficiarias que recibieron los mercados entregados por la administración municipal, según contrato 024 de 2011”, certificó el mandatario.
Enredada entrega
Los mercados salieron del almacén el 20 de diciembre de 2011 pero nunca fueron entregados a los damnificados, sencillamente porque éstos nunca aparecieron.
Para demostrar la supuesta entrega, funcionarios de la administración municipal presentaron dos actas de entrega fechadas el 17 y 18 de diciembre, refrendada además por la Cruz Roja, encargada de la operación.
Sin embargo, el almacenista certificó que los alimentos perecederos supuestamente destinados para pescadores artesanales y damnificados salieron dos días después del almacén. Además, la directora ejecutiva de la Cruz Roja, Esperanza Ortiz desmintió que la entidad haya realizado esa entrega.
“Una vez revisado el sistema y nuestro archivo documental, no se tiene soporte que indique la presencia de la Cruz Roja Colombiana Seccional del Huila en el mes de diciembre de 2011 en el municipio de Villavieja”, confirmó en un certificado expedido el primero de agosto de 2019.
En esa fecha tampoco aparecieron los soportes sobre la entrega de la ayuda humanitaria a los damnificados de escasos recursos económicos.
Gato por liebre
El organismo de socorro confirmó que la entidad, siete meses antes, en mayo de 2011, realizó la entrega de alimentos en varios municipios del Huila, entre ellos Villavieja, para los afectados por la ola invernal.
“Los bienes entregados fueron fruto de las donaciones que se recibieron por parte de la comunidad y gestionadas directamente por la Cruz Roja” y no a los adquiridos con los dineros oficiales”, precisó la fuente.
El informe de la entrega realizada en mayo de ese año está firmado por el director de Socorro, Carlos Adolfo Rodríguez.
“Queda claro que las ayudas entregadas por la Cruz Roja no corresponden a los elementos de consumo adquiridos por el Municipio de Villavieja a través del contrato de compraventa 024 de 2011”, confirmó uno de los funcionarios de la Contraloría que adelanta la investigación.
Firmas adulteradas
Para corroborar la pérdida de los mercados, las propias víctimas desmintieron que en esa fecha hubieran recibido las ayudas.
Los damnificados revelaron otro dato sorprendente. Las firmas utilizadas en las actas para confirmar la entrega no corresponden a las que usualmente utilizan para otras gestiones.
En otros casos, las firmas reales que aparecen en el documento corresponden no a un acta de entrega de ayudas, sino al listado de asistencia de una reunión convocada por la Asociación de Pescadores con Alternativas de Trabajo.
Todos los testigos afirmaron que “nunca recibimos ayuda por parte de la administración municipal de Villavieja”. Entre ellos figuran Carlos Eduardo Castillo, Isaac Mossos Yusunguaira, líderes de la agremiación. También Yesid Medina Muñoz, Reynel Medina Pérez y Duvan Cardozo, miembros de la agremiación.
La investigación
La investigación fue iniciada el 20 de abril de 2014 y en febrero de 2015 abrió el proceso de responsabilidad fiscal.
El 10 de julio de 2019 la Contraloría Departamental les imputó responsabilidad fiscal a la alcaldesa de la época Tania Beatriz Peñafiel, al jefe de Planeación, Bladimir Moreno Vanegas, quien ejercía la supervisión y a la auxiliar administrativa Elizabeth Calderón Soto, en calidad de almacenista.
Con base en las pruebas allegadas en la etapa de instrucción, la Contraloría Departamental les imputó responsabilidad fiscal el 18 de septiembre de 2019 a los dos primeros y excluyó a la almacenista, quien probó que los elementos ingresaron y salieron del almacén tal como lo dispone el manual de funciones específicas de su cargo.
Responsabilidad
“En estas condiciones, el fin propuesto por la administración no se cumplió, desconociéndose el destino final de los elementos de consumo adquiridos mediante el contrato de compraventa y los supuestos beneficiarios nunca los recibieron, lo que generó una pérdida de recursos públicos”, precisó el investigador.
“En tal sentido, la erogación de recursos públicos concretizada en el comprobante de egreso No. 2011001651 de fecha 28 de diciembre de 2011 causó una pérdida en el patrimonio público del Municipio de Villavieja en cuantía de 12 millones de pesos”, puntualizó la Contraloría.
Las ayudas fueron contratadas directamente, facultada por la urgencia manifiesta decretada por la alcaldesa de ese momento, Tania Peñafiel para atender en forma prioritaria a los damnificados por el intenso invierno.
“La Contraloría pudo determinar la configuración de una presunta responsabilidad fiscal al no existir medio de prueba útil y pertinente sobre el destino final de los elementos adquiridos a través de ese contrato de compraventa”, confirmó el organismo de control.
Imputación
Aunque inicialmente había sido excluido, el ex jefe de Planeación fue imputado en noviembre de 2019.
El exfuncionario fungía como supervisor del contrato y le correspondía el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico del objeto contractual y garantizar la correcta ejecución.
La Contraloría le imputo a la ex alcaldesa Peñafiel, hoy secretaria Privada de la Gobernación y a su jefe de Planeación Bladimir Moreno responsabilidad en cuantía de 12 millones por la pérdida de estos recursos públicos “porque no cumplieron el fin estatal determinado legalmente dentro de la urgencia manifiesta como también el estudio de conveniencia y oportunidad, quedando demostrado en los elementos de consumo no fueron recibidos por los pescadores artesanales y demás residentes de Villa vieja”.
A finales de 2019, el 8 de noviembre, fue resuelto el grado de consulta decisión que ordenó en el artículo primero revocar no respecto a la primera instancia en el artículo tercero del auto de imputación de fecha 18 de septiembre del 2019 en el que se había ordenado desvincular al Señor Vladimir Moreno en tanto ordeno ni segundos en el artículo segundo confirma negra de consulta de los demás artículos
Una vez regresó el archivo se procedió a resolver la nulidad invocada por la alcaldesa Tania Beatriz Peñafiel radicado del 17 octubre del 2019, cuando se produjo la prescripción.
“De la valoración de los medios de prueba posible es concluir que la erogación de recursos públicos concretizada en el comprobante de ingresos causó una pérdida en el patrimonio Público de Villavieja en cuantía de 12 millones de pesos producto del manejó ineficaz de los recursos públicos logrando corroborar que el gasto público no cumplió con el fin propuesto definido en el estudio de conveniencia y oportunidad”, concluyó el contralor Amaury Luis Flórez.
“Sin embargo, -añadió- encontramos que en el trámite de la notificación del acto administrativo operó la figura de la prescripción del proceso fiscal, razón por la cual la oficina de responsabilidad profirió auto de archivo”.
Según las cuentas del organismo fiscalizador, el proceso fue abierto el 18 de febrero de 2015 y el 18 de febrero de 2020, cinco años después, no se había proferido decisión en firme.
La acción no podía proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción de la acción fiscal.
“Como quiera que operó la prescripción de la responsabilidad fiscal dentro de la actuación se procederá a dar traslado con el fín de iniciar la investigación disciplinaria frente de incumplimiento a los términos dispuestos para el trámite del respectivo proceso”.
