La congresista, Leyla Rincón, deja claro que no está de acuerdo con terminar el cese al fuego con las disidencias de las Farc en el Huila. “Es colocar a nuestros soldados en mucha vulnerabilidad”, dice. Habla además sobre “legalizar” el narcotráfico, el “golpe blando” contra el presidente Gustavo Petro y la “zona de riesgo” en que se convirtió La Cañada por culpa de El Quimbo.
Jesús Antonio Rojas Serrano
La representante a la Cámara del Pacto Histórico, la ‘profe’ Leyla Rincón, se desliga de la clase política huilense que ha pedido el levantamiento del cese al fuego con las disidencias de las Farc para que las autoridades puedan combatirlas. Dice abiertamente que no está de acuerdo con esa solicitud. De este y otros temas, la dirigente política conversa con LA NACIÓN.
Usted coordina la Comisión Accidental por El Quimbo, ¿Cuál es el panorama hoy alrededor de las compensaciones por la construcción de esta represa?
15 años después, la lectura que hago es que la licencia ambiental para El Quimbo se diseñó para que se incumplieran las compensaciones. La licencia ambiental se hizo a la medida de la empresa Enel, antes Emgesa. No fue para garantizar la recuperación de la productividad de la región y reconocer las afectaciones. Ha habido una afectación muy fuerte a los derechos humanos de las comunidades ubicadas en la zona y esto no se tuvo en cuenta. No se tuvieron en cuenta que se generarían unos hechos sobrevinientes, es decir, lo que iba a pasar después del llenado de la represa como el caso simbólico de la comunidad de La Cañada, la cual no fue tenida en cuenta como afectada; hoy La Cañada es una zona de riesgo. Se desconocieron los efectos colaterales o afectaciones indirectas. El Quimbo arrasó además con los mitos y leyendas del río Magdalena. Con este gobierno, ha habido un cambio y unas lógicas diferentes por parte del Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla. Ha sido muy complejo porque, por ejemplo, había informes de cumplimientos ambientales que aparecían como si se hubiesen cumplido. Hemos avanzado de una manera significativa.
¿Qué han dejado las acciones legislativas que ha promovido?
Jesús, hicimos un debate de control político el 12 de abril de 2023 y ahí el Gobierno adquirió varios compromisos como ratificar el cumplimiento de la licencia ambiental. Con las tierras, hay un tema fuerte; en la licencia quedó que 5.200 hectáreas de tierra tienen que tener unas condiciones especiales para garantizar la recuperación de la productividad del Huila y no las hay. Es un tema complejo, pero en este momento existe una política nacional de reforma agraria. Tenemos el compromiso del Gobierno de garantizarles tierra a personas desposeídas. Esperamos que el próximo viernes 17 de mayo, la ministra de Ambiente esté en Neiva y se refiera a esa situación. Algunos afectados están reclamando tierras, pero hay otros que consideran que ya no están en condiciones de producir; son personas que tenían 50 años y ahora tienen 65, por lo que ya no están en condiciones de ponerse a labrar la tierra. A ellos hay que buscarles otro mecanismo de compensación.
Congresista Leyla, ¿qué es lo que ocurre en La Cañada?
Es uno de los hechos sobrevinientes que no se tuvieron en cuenta. Resulta que a partir del llenado de la represa, esa zona perdió la estabilidad y sus viviendas están en estos momentos en condiciones de alto riesgo porque las paredes se han roto. Nuestro equipo de trabajo ha estado en ese tema; se desarrollaron unas tutelas, las cuales fallaron a favor de las comunidades. Ya se dio la orden de que se tienen que reubicar las personas, pero resulta que la responsabilidad recae en la Alcaldía de El Agrado y no en Enel. Hemos requerido al Gobierno para que se hagan las verificaciones y ya la Unidad de Gestión del Riesgo está tomando información sobre la situación. Y no es solo la comunidad, hay una escuela que también está afectada. Yo invito al Diario LA NACIÓN a que con su equipo periodístico visite la región. Lo interesante además es que la Anla ya reconoció a estos nuevos afectados gracias a nuestras acciones jurídicas.
¿Ve a la compañía Enel respondiéndole a los afectados por El Quimbo, 15 años después?
No. Vemos a una Enel que no está respondiendo a los requerimientos. A pesar de eso, Enel se sentó en la audiencia que hicimos el mes pasado; Enel dice que ya ha cumplido con sus obligaciones. Yo veo supremamente compleja la situación. Por esa razón, necesitamos como congresistas estar unidos. Lo importante es esto: tenemos a un Gobernador que está completamente comprometido; él ha estado en las mesas que hemos desarrollado sobre El Quimbo. Los alcaldes también están asistiendo a estos espacios. Hay un diálogo con el Gobernador, con los alcaldes, las comunidades y el Gobierno, entonces, tenemos que trabajar todos juntos y esperar que Enel cambie la manera como ha actuado en los territorios.
Congresista Leyla, le pregunto ahora por las reformas sociales planteadas por el Gobierno Petro, ¿qué ha sucedido?
Jesús, hay que reconocer que el ambiente está complicado; es una realidad. La ley estatutaria de educación pasó para Senado; yo creo que va a avanzar. La reforma pensional ya superó su trámite en el Senado que era lo más difícil; yo soy optimista frente a su desarrollo en la Cámara. Sobre la reforma laboral, yo sí creo que necesita unas revisiones. Hay que reconocer la complejidad. Estamos pendientes también de la nueva reforma a la salud. Es lamentable que el Senado de la República no haya permitido que los colombianos escucharan cuáles son los argumentos por los cuales consideraba que tenía que archivarse la reforma a la salud; no hubo ese espacio. Antes del Gobierno de Gustavo Petro quién sabía que era lo que hacían las EPS, quién sabía que existía la Adres, eso no lo sabía el pueblo. Ya tenemos un pueblo informado, a veces mal informado; de todas maneras, hay un porcentaje del pueblo que está leyendo y estamos avanzando.
A su juicio, ¿cuál es el modelo de salud que necesitan los colombianos?
La salud preventiva tiene que fortalecerse. Para mí, el pilar fundamental debe ser la prevención. Y segundo, la salud debe llegar a los territorios apartados. Es impresionante que muchos centros de salud se hayan acabado desde que se implementó la Ley 100. Hay que recuperar los centros de salud para que tengamos médicos, enfermeras y psicólogos. En Neiva, hay casos como los de San Luis y Aipecito, en donde no hay un médico. Quién atiende en estas regiones una señora que va a tener un bebé. Es supremamente complicado. Yo no me imagino a Medilaser o una Uros por allá en Chapinero.
Otro tema que inquieta a los huilenses y colombianos en general: la inseguridad, ¿qué posición tiene sobre los diálogos con las disidencias? ¿Está de acuerdo con que se levante el cese al fuego para permitir que las autoridades puedan combatirlas?
Jesús, no estoy de acuerdo con que se levante el cese al fuego. No. Definitivamente, es colocar a nuestros soldados en una situación de mucha vulnerabilidad y no queremos volver a esas etapas. Cuando se hizo el plebiscito por la paz, perdimos nosotros; cuando se logró el acuerdo de La Habana, cuanto pueblo no se oponía, era muchísimo, y resultó importante porque logramos que se silenciaran las armas y que tuviéramos varios años de relativas condiciones de paz. Hay que seguir luchando por la paz. Por esa razón, precisamente, el próximo 18 de mayo estará en Neiva el Ministerio del Interior porque es consciente de la situación supremamente compleja que vive el departamento del Huila al ser una región bisagra a la que llegan todas estas consecuencias del conflicto. El Gobierno Nacional quiere escuchar directamente a las comunidades afectadas. Esperamos que el señor Gobernador y los alcaldes participen. Necesitamos que los empresarios estén allí, el gremio transportador, los cafeteros, los presidentes de las juntas de acción comunal.
¿Qué le responde, entonces, a quienes que como consecuencia del cese al fuego y el fortalecimiento de las disidencias de las Farc, se han visto afectados por las extorsiones y los artefactos explosivos?
Ciertamente, es muy complejo. Mire el Cauca: es impresionante la cantidad de personas afectadas, especialmente líderes indígenas, En 1492 se dio ese genocidio y lo mantenemos todavía. El Gobierno tiene que articularse de una manera más efectiva. Yo creo que hay que mejorar la comunicación porque la conectividad es fundamental; el campesino cómo le avisa a su vecino que vio pasar a personas extrañas. Yo sí quiero decir que el problema en Colombia es el narcotráfico hasta tanto se legalice; el Estado no va a poder hacer control de los cultivos ilícitos. Recordemos que el alcohol era ilícito y el tabaco era ilícito; ahora, hay una regulación; quien se fuma un tabaco es consciente que es nocivo para la salud. De la misma manera tiene que ocurrir con la coca, la marihuana y otro tipo de productos. Es un proceso que estamos demorados en realizarlo.
¿Cree que, por lo menos, es necesario ponerle límites y tiempos a las conversaciones de paz que el Gobierno Petro está sosteniendo con las disidencias para evitar que se sigan expandiendo y extorsionando a los huilenses?
El límite es llegar a la concertación. Yo creo que lo que se le debe colocar es celeridad. Ciertamente, se necesita más presencia del Estado en los territorios. Y no se trata de traer más soldados o policías. Se necesita más presencia del Estado y que haya más comunicación. Por ejemplo, el campesino debería tener un sitio en donde informar cualquier situación anómala. Para mí, los actores principales en los territorios son las juntas de acción comunal y los maestros. El Estado tiene que buscar unas estrategias, pero que estas salgan del pueblo.
¿No teme que la critiquen al decir que no está de acuerdo con que se levante el cese al fuego con las disidencias, cuando el resto de la clase política, incluyendo al gobernador Rodrigo Villalba, está pidiendo lo contrario?
Que me critiquen. Yo lo que sí le pido al Gobierno es más celeridad y más presencia. El señor Gobernador será respetuoso de las opiniones de las demás personas. Yo he sido también muy respetuosa. Si él quiere criticar, hará la crítica debida.
Por último, ¿cómo ve al presidente Gustavo Petro, a casi dos años de haber llegado a la Casa de Nariño? ¿Cómo ha visto su gestión? ¿Qué piensa del golpe blando del que él habla permanentemente?
Jesús, el golpe blando es verdad.
¿Usted cree, en verdad, esa teoría?
No lo dudo en lo más mínimo. Cómo es posible que esta semana tuvimos un debate sobre la prohibición al toreo y los congresistas del Pacto Histórico terminamos recusados. Por todos los frentes, lo están haciendo. Lo están haciendo contra el señor Presidente, contra los ministros, contra los funcionarios; lo que acaba de pasar con el superintendente Luis Guillermo Pérez, quien es un adalid de la defensa de los derechos humanos. Sí hay un golpe blando. Esto ya lo vivimos en el Brasil, en el Perú, en Bolivia. Es la estrategia que implementa la ultraderecha. Cómo le quitaron la curul a Alexánder López; hay que ser respetuoso, pero eso cuándo se había dado. Son acuerdos que hay en la derecha. Necesitamos a los empresarios, pero es mucho dinero que ellos han manejado toda la vida. Un ejemplo: en la época de Álvaro Uribe cómo se otorgaban los títulos mineros; en el Huila fueron otorgados desde un escritorio en Bogotá sin estudios. El ejemplo de las EPS. Por esa razón, Petro es una amenaza.
Para nadie es un secreto los bajos niveles de ejecución presupuestal y de inversión del Gobierno Petro, ¿hay autocrítica en temas como estos?
En eso estoy completamente de acuerdo. Es increíble cómo logramos nosotros una reforma tributaria tan robusta y es lamentable cuando los ministerios dan un informe de ejecución de 10% o 14%. El nivel de ejecución en muchos ministerios no ha sido conforme a las expectativas. Esa ha sido una gran preocupación. La reconocemos.
La congresista Leyla Rincón en la entrevista con el editor General de LA NACIÓN, Jesús Antonio Rojas Serrano.