Sergio Felipe Salamanca Borrero
Al igual que varios países americanos, europeos y asiáticos, Colombia ha comenzado a dejar atrás décadas de adormecimiento social y conformismo, lo cual ha quedado plasmado no sólo en las largas y continuas jornadas de manifestaciones, sino también en las últimas elecciones regionales, en las que para sorpresa de muchos, se rompió completamente el esquema tradicional de votaciones.
En nuestro caso particular, siempre he considerado que desde cualquier punto de vista, Colombia plantea grandes retos al gobierno de turno, pues a diferencia de otros países contamos con uno de los conflictos armados internos más largos del mundo, lo que ha llevado al surgimiento de otros problemas como la inequitativa distribución de tierras, la masacre de lideres sociales, ambientales y sindicales, así como el repunte del narcotráfico y la minería ilegal, esto sin mencionar la corrupción y la urgente necesidad de invertir en salud y educación.
Frente a las problemáticas existentes considero que uno de los puntos que debe fortalecer este Gobierno, es el de la articulación de sus diferentes carteras. Muestra de esta falta de articulación es la expedición de disposiciones normativas que despiertan el rechazo social inmediato, por un lado; y por el otro, la expedición de normatividad con un gran potencial, como es el caso del Decreto Ley 2106 de 2019, mediante el cual se busca simplificar los procedimientos y consultas ante las entidades del Estado.
Si bien este tipo de disposiciones normativas no son nuevas; al existir antecedentes como el Decreto Ley 019 de 2019 conocido popularmente como la “ley antitrámites”, el nuevo decreto elaborado por este Gobierno tiene una serie de planteamientos y propuestas que además de llamativas, me resultan un tanto innovadoras.
En concreto, dentro de las grandes novedades que trae el Decreto me gustaría destacar las siguientes: i. Modifica el D.L 960 de 1970 (Estatuto del Notariado), con el fin de implementar las escrituras electrónicas, lo que en mi concepto plantea un nuevo reto de modernización para las notarías, a la vez que le imprime mayor celeridad a trámites que dependen de escritura pública, como es el caso de la compraventa de inmuebles; y ii. Pretende centralizar procedimientos y consultas ante el Estado por medio de la creación de una sede electrónica compartida por todas las entidades del Estado, denominado Portal Único del Estado Colombiano.