La masacre de los jóvenes Carlos Alberto Ibáñez, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz, a manos de un grupo de policías el 25 de julio pasado en Chochó, departamento de Sucre, es un doloroso e indignante episodio que jamás debe volver a repetirse.
Los tres muchachos fueron asesinados inmisericordemente y luego, públicamente, acusados de pertenecer a la organización criminal conocida como ‘Clan del golfo’ y de haber participado en el crimen de un policía. “Se logró la neutralización de tres presuntos delincuentes del ‘Clan del golfo’ de la subestructura Manuel José Gaitán”, fue el reporte que entregó la Policía, señalando además que ellos habían estado involucrados en el homicidio del patrullero de la Policía Diego Felipe Ruiz que se perpetró en el municipio de Sampués, a 20 kilómetros de Chochó.
De acuerdo con la investigación desplegada por la Fiscalía General de la Nación tras las denuncias ciudadanas que desde el primer momento de sucedidos los hechos surgieron, los jóvenes ni estuvieron en Chochó, ni pertenecían al ‘Clan del golfo’. Además, fueron asesinados a sangre fría por orden del coronel Benjamín Núñez Jaramillo, quien para el día de los hechos era el comandante operativo del Departamento de Policía Sucre.
La reacción de la Fiscalía, motivada por el clamor ciudadano y la cobertura en los medios de comunicación, ha permitido la captura de todos los uniformados involucrados en lo que fue un ‘falso positivo’ por parte de la Policía, a excepción del coronel Núñez, quien está prófugo de la Justicia.
La Policía Nacional debe ser un ejemplo en la protección de los derechos humanos. Por eso, un episodio de esta naturaleza debe ser objeto no solo de investigación sino de las máximas sanciones disciplinarias y penales. La Policía, responsable de la seguridad ciudadana de los colombianos, debe garantizar que nunca más vuelva a ocurrir una masacre de civiles inocentes en manos de sus hombres.