RICARDO AREIZA
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La Contraloría General de la República falló con responsabilidad fiscal en uno de los tres procesos que adelanta por las irregularidades registradas en la construcción de la primera fase del megacolegio Ana Elisa Cuenca Lara de Yaguará.
En este caso, el proceso se adelantó por el pago de obras no ejecutadas durante la construcción de la primera etapa cuyos montos terminaron favoreciendo al contratista.
El constructor, según el examen fiscal, desconoció el contrato de diseño y construcción No. 005 de 2010. Contemplaba el diseño y construcción de las dos edificaciones y el espacio peatonal descubierto de la institución educativa. La imputación se hizo por cantidades canceladas y no evidenciadas de la primera etapa. La segunda, quedó totalmente abandonada y es objeto de otro proceso de responsabilidad fiscal.
El contrato fue firmado el 12 de febrero de 2010 con el consorcio Megaconstrucciones Yaguará cuyo principal accionista corresponde a la firma Delta Construcciones representada por José Raúl Bonilla Zea.
El plazo de ejecución quedó establecido en un término 15 meses por un valor inicial de 3.530 millones de pesos.
El contrato inició el 20 de septiembre de 2010, y tuvo dos modificaciones y un adicional, con un plazo total de ejecución de 37.5 meses. Como fecha de recibo final se fijó el 31 de julio de 2014. El costo final ascendió a 8.576 millones de pesos.
El contrato fue liquidado mediante el 10 de Febrero de 2015. En el acta el interventor certificó que las obras fueron entregadas en su totalidad como estaba contemplado en el contrato.
Sin embargo, durante una inspección se detectó que no todas las obras se terminaron como quedó consignado en el acta final de entrega. En este caso el faltante corresponde a la instalación de barandas metálica en tubo.
El detrimento
El daño patrimonial, según la Contraloría, tuvo asidero en el pago de una obra que nunca se ejecutó, avalado por el consorcio CFM & N, como interventor.
“Con ocasión a ello se produjo la cancelación de un trabajo que no fue ejecutado correspondiente a la instalación de las barandas metálicas y pasamos”, precisó el ente de control.
“El daño, añadió, no sólo se presenta por la cancelación de una obra no ejecutada en favor del contratista, sino también por deficiencias de supervisión y control al desarrollo del contrato, que conlleva a la pérdida de recursos públicos”.
La otra cara
No obstante, el contratista se opuso argumentando que ese ajuste nunca existió. “En la ejecución del contrato de diseño y construcción N° 005 de 2010, no se ha realizado ningún reajuste o actualización de los valores de los ítems que conforman el presupuesto económico de la obra, encontrando un claro desequilibrio económico en el mismo en contra de mis representados y configurándose un enriquecimiento sin causa por parte del Municipio de Yaguará en la obra mencionada”, alegó su apoderado.
“La situación antes descrita fue ocasionada por deficiencias en el seguimiento y control de las actividades que tenía a cargo el contratista interventor, lo que generó que el contratista ejecutor recibiera unos reconocimientos por costos y/o gastos que no realizó en cumplimiento del contrato”, explicó el organismo fiscalizador.
Resulta evidente que el consorcio CFM & N., integrado por el señor Carlos Fernando Medina Noreña y la sociedad CFM Ingenieria Ltda, vulneró de manera manifiesta los preceptos contractuales y normativos, al no efectuar el seguimiento debido en la ejecución del contrato de obra celebrado.
Adicionalmente tendrán que responder el consorcio Megacolegio Yaguará representado por José Raúl Bonilla Zea y su empresa Delta Construcciones.
Otras falencias
La auditoría encontró que tampoco se ejecutaron todos los ítems necesarios para que las aulas contaran con la red de voz y datos.
Los dos ítems ejecutados (gabinete de pared y canaleta porta-cables) representan obras inconclusas y en deterioro que no permiten la prestación de dicho servicio para las aulas de clase de la institución. Este detrimento fue estimado en 52,85 millones de pesos.
Adicionalmente se detectaron otras falencias de la primera fase. El proyecto de aulas interactivas y la estructuración de una plataforma de educación virtual en la misma institución resultó un estruendoso fracaso.
Las inversiones, provenientes de regalías petroleras se perdieron y actualmente los equipos que costaron globalmente 3.246 millones de pesos están arrumados y en total abandono.
El proyecto contemplaba un aula interactiva principal con 46 puestos para alumnos y un docente; 20 aulas interactivas básicas; 2 puestos múltiples de consulta y navegación en Internet con 8 puestos para la biblioteca.
Obra abandonada
La segunda fase quedó inconclusa, en estado de abandono y en un avanzado. El contrato No. 007 de 2014, fue celebrado el 27 de junio de ese año entre el Consorcio Megaobras y la Alcaldía por un valor inicial 3.588 millones de pesos y con un plazo final de doce meses.
El contrato fue suscrito entre el representante legal del consorcio Luis Enrique Perdomo Cubides (integrante del consorcio Megacolegio y el alcalde de Yaguará, Reynaldo Castillo Tamayo con plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2014.
El valor ejecutado, según el balance final reportado, corresponde al pago de siete actas de recibo parcial de obra por la suma de 991,46 millones de pesos. De éstos fueron amortizados 495,73 millones. Pendientes: Valor no amortizado: $1.298 millones. Porcentaje ejecución: 27.63 %. El contrato ya fue liquidado.
Según el rector de la institución José Luis Polanía Vargas, la obra quedó suspendida desde diciembre de 2015. “
Los dineros perdidos
El contratista Megaobras recibió de entrada el 50% del costo como anticipo. El 23 de diciembre de 2015, en vísperas de la Navidad, el consorcio recibió la suma de $1.298 millones de pesos (según comprobante de egreso No. 2015001461).
Además, le pagaron otros 991,46 millones de pesos correspondientes a siete actas de recibo parcial los días 20 de febrero, 31 de marzo, 30 de abril, 31 de mayo, 30 de junio, 30 de julio y 3 de diciembre de 2015.
En total recibió 2.289,77 millones de pesos, cifra muy superior a las obras ejecutadas. En otras palabras, el contratista ejecutó realmente sólo el 27.63 % de la obra contratada pero recibió recursos como si hubiera ejecutado el 64%.
Grave improvisación
Según la Contraloría General de la República hubo una deficiente planeación en el proceso precontractual, no se revisaron los diseños que elaborados a través del contrato No. 05 de 2010 no se hizo un adecuado análisis y cálculo de cantidades de obra para la segunda etapa.
Los diseños originales fueron modificados por la administración municipal ajustados a la disponibilidad de recursos. La obra quedó en la mitad del camino ante la imposibilidad de una prometida adición presupuestal.
“La obra, contemplada en la segunda fase, no permite su utilización por parte la comunidad educativa y por lo tanto, no está cumpliendo con el objetivo planteado en el proyecto. Tampoco garantiza una eficiente prestación de servicios educativos de pre escolar y básica primaria, los principales beneficiarios”, aseguró el organismo fiscal.
“Es evidente la deficiente planeación de la ejecución del proyecto, demostrada por la modificación en los diseños inicialmente aportados por la entidad contratante”, aseguró al ordenar la apertura de un juicio fiscal por la pérdida de los recursos en una obra sin terminar.
Incumplimiento
El contratista, según el dictamen inicial, no ha cumplido el objeto pactado, quedando en estado de abandono la construcción de la segunda fase de la institución educativa. “El hecho de no amortizar el anticipo entregado con ocasión del contrato, genera con ello directamente la consumación del detrimento al patrimonio público objeto de investigación”, precisó el ente de control.
Por estos hechos fueron vinculados como presuntos responsables fiscales, el alcalde de la época, Reynaldo Castillo Tamayo y su secretario de Obras Públicas y Planeación, José David Salinas.
Además, el contratista Luis Enrique Perdomo Cubides, representante legal del Consorcio Megaobra Yaguará y miembro de la firma Delta Construcciones.
Igualmente fueron vinculados Guillermo Ortiz Cuenca y Federico García Arbeláez, integrantes del consorcio Santa Isabel, encargados de la interventoría técnica y financiera.
La compañía aseguradora Liberty Seguros fue vinculada en calidad de tercero civilmente responsables.