Marcos Silva Martínez
La dramática amenaza de la Pandemia del Covid 19 y sus ineludibles efectos sociales económicos y políticos que producirá en todas las naciones, debe obligar al Poder Público y en particular colombiano y al gobierno en general, asumir las responsabilidades políticas y sociales que les corresponde y redefinir, a la mayor brevedad posible, la estructura y Marco Legal del Sistema Nacional de Salud.
La estructura y Marco Legal del Sistema Nacional de Salud vigente, lo convirtieron en un sucio negocio al servicio de oportunistas, corruptos y politiqueros, explotadores de los recursos públicos y de los trabajadores de la salud.
Es un sistema al servicio de la acumulación de capital, incondicionalmente consonante con los objetivos de explotación y dominación del Consenso de Washington, sumisamente aceptado y suscrito (1989) por gobiernos de naciones en desarrollo.
Con dicho Consenso, se profundizo el capitalismo salvaje, se hipotecó la soberanía de naciones, se renunció a la equidad y desarrollo socio-económico responsable y se convirtió la caricatura de democracia impuesta, en instrumento de explotación de los recursos nacionales y protección del poder del capital nacional y transnacional.
Ahí están las causas de la precariedad de la infraestructura y logística, del Sistema Nacional de Salud, de la pésima calidad de los servicios que debe suministrar a los ciudadanos que los requieran y del carácter de negocio para producir utilidades, a particulares. El sector privado domina el negocio y el capital transnacional progresivamente se apodera del mismo, como ocurre en todos los sectores de la economía nacional.
El Sistema Nacional de Salud de Colombia, está sobre-diagnosticado. Se conocen las casusas de su precariedad e inaceptables deficiencias del servicio. Se conoce la amenaza de la Pandemia de la Corrupción, el accionar de los corruptos y la inoperancia cómplice de la justicia. No obstante, los gobiernos y el régimen institucional, se niegan a reestructurarlo para ponerlo al servicio de la ciudadanía y a que cumpla con los postulados sociales constitucionales vigentes.
El Régimen y sus gobiernos privilegian y garantizar los intereses y objetivos del gran capital nacional y transnacional, en contra de los intereses y los derechos fundamentales de las mayorías nacionales.
Los gobiernos hacen simulacros para mejorarlo. Con más de 200 decretos reglamentarios, dos leyes reformatorias de la ley 100 y una estatutaria, los resultados son cada día peores. Las leyes que lo rigen, mantienen caprichosamente, todos los factores que lo hacen inviable.
La Ley 1122/2.007, fue aprobada para mejorar la prestación del servicio. La Ley 1438/2.011, para fortalecer el sistema general de seguridad social en salud. Los resultados son totalmente contrarios al supuesto propósito.
El sistema es inviable, por corrupción e irresponsabilidad de los gobiernos y no obedece a falta de recursos monetarios.
Los recursos financieros del sistema, provenientes del Situado Fiscal, para el 2.019 superaron los $56 billones. Suficientes para garantizar, bajo racional control del Estado, servicio en salud de calidad, a todos los colombianos.
Todos los gobiernos han sido defensores incondicionales de las EPS privadas. En particular la perversidad de Uribe Vélez, para acabar con las EPS públicas, hasta lograrlo. Uribe, señaló como causa de la crisis financiera del sector, a la irresponsabilidad médica. Criminalizó el ejercicio médico, por recetar remedios demasiado costosos, cuando él mismo ordenó desregular los precios, entre 2.002 y 2.006. Las EPS y ARS tenían definido el porcentaje que debían destinar a la atención en salud y a gastos de promoción y administración. No lo respetaron. Se dedicaron a capitalizarse con esos dineros. Nadie hizo control oportuno. El gobierno, como representante obsecuente de una clase política corrupta e irresponsable, es el único responsable de la pésima calidad del servicio y del caos económico que lo ahoga.
Las EPS privadas, en 20 años, multiplicaron su patrimonio 177 veces. Sin eliminar totalmente la injerencia del sector privado, no puede haber solución.
Debe haber sanciones penales y económicas para particulares y funcionarios responsables de los desfalcos, incluido el enriquecimiento ilícito, con exclusión definitiva, del negocio de la salud. El ciudadano debe saberlo.