El Plan Nacional de Desarrollo que acaba de aprobar el Congreso de la República mantuvo la minería en páramos y el otorgamiento de licencias ‘exprés’. Pese a la dura oposición de críticos y ecologistas, la iniciativa se mantuvo en el PND y será ley.
Las licencias en tiempo récord y los títulos mineros aprobados antes del 2010 se mantendrán hasta su culminación, contrariando expresamente las restricciones legales en esta materia. Y no son inventos de la oposición.
La Agencia Nacional de Minería confirmó que actualmente hay 448 los títulos mineros en 26 zonas de páramo. De estos, 347 tienen licencia ambiental.
El PND no incluye medidas contundentes para prohibir la minería en estos ecosistemas. Tampoco promueve medidas de protección y representa un retroceso en materia de conservación de los páramos.
No se trata sólo de reducir el tiempo para los trámites. Lo grave es la incapacidad para evaluar y analizar los impactos ambientales. La eficiencia de la gestión ambiental está en el seguimiento de los Plan de Manejo y no en la expedición de una licencia.
De acuerdo con el Consejo de Estado (Sentencia C-339 de 2002) las zonas prohibidas para la minería no se limitan a los parques naturales, sino que existen otros ecosistemas que también tienen protección constitucional como los páramos, la selva amazónica, bosques secos y bosques aluviales, entre otros.
A pesar de los argumentos de seguridad jurídica y derechos de las multinacionales derivados de las concesiones, el polémico artículo contenido en el Plan de Desarrollo desconoce un mandato constitucional: la prevalencia del derecho colectivo al ambiente sano, frente a derechos de carácter particular y concreto como el derecho al trabajo, la libre empresa, la iniciativa privada y los derechos adquiridos.
Igualmente desconoce la normatividad ambiental según la cual, los páramos, subpáramos y zonas de recarga de acuíferos son áreas de protección especial. Según la legislación interna el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso de los recursos hídricos, el paisaje deberá ser protegido por ser patrimonio común.
Los páramos son los ecosistemas más vulnerables y amenazados del país. Y no solo por la minería a gran escala. El calentamiento global, la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola, el pastoreo y la quema provocadas por el hombre están amenazando estos ecosistemas estratégicos.
“No se trata sólo de reducir el tiempo para los trámites. Lo grave es la incapacidad para evaluar y analizar los impactos ambientales”.
El separador de la carrera primera, frente a la CAM, sorpresivamente fue tomado por ventas informales. Numerosas casetas de ventas informales, se han multiplicado. Lo insólito: todas tienen servicios públicos. ¿Quién protege el espacio público?