Tal como lo anunció en el debate que promovió en el Senado de la República, el senador huilense del Centro Democrático, Ernesto Macías Tovar presentó ante el procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, el memorial que contiene la solicitud que pide al jefe del ministerio público, intervenir para que se suspenda la construcción de la Hidroeléctrica de El Quimbo.
El congresista argumenta que se han presentado una serie de incumplimientos de la multinacional y múltiples contradicciones entre las autoridades ambientales en torno a la ejecución del proyecto.
Según Macías, son irregularidades especialmente en temas como el manejo de los residuos sólidos, las medidas propuestas para controlar la tala y aprovechamiento ilegal, las actividades compensatorias de reforestación, aspectos en los que según la CAM y la Contraloría General de la Republica, se ha incurrido en incumplimientos.
No siendo así para la ANLA, autoridad ambiental nacional, la cual, en respuesta a los cuestionamientos del congresista huilense, señaló que todo se estaba cumpliendo.
“Son muchos los compromisos que no se han cumplido y que estaban pactados en el momento que se otorgó la licencia para la ejecución de la obra”, afirmó Macías.
Componente ambiental
Afirma el congresista huilense en el memorial que presentó al Procurador, y que conoció LA NACIÓN, la multinacional Emgesa, que construye la represa, presentó la propuesta del Plan de Restauración la cual no aceptó la CAM, después de una profunda revisión.
Con el concepto negativo debido a observaciones de fondo a dicho Plan, la Corporación regional entregó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sin embargo inexplicablemente el mismo fue aprobado por la ANLA, como autoridad nacional.
Así mismo, por graves afectaciones ambientales, la CAM mediante resolución 1349 del 14 de junio de 2011, ordenó suspender las actividades del proyecto, tales como la construcción del terraplén en el área y/o sector de ventana 1 y 2 sobre la margen derecha del cauce del Rio Magdalena, hasta tanto no se cuente con las obras de control hidráulico necesarias que garanticen la estabilidad de la obra, y el no aporte de sedimentos al río Magdalena mientras se ejecutan las obras definitivas de las actividades de disposición inadecuada de cortes, producto de la construcción y apertura de la vía vertedero y vía industrial.
Esta medida preventiva fue levantada por la ANLA, retomando por competencia la investigación del caso sin que hasta la fecha de presentado el memorial del senador Macías, se hubiese realizado pronunciamiento alguno.
Además, a través de la resolución 2381 de octubre 18 de 2013, se estableció la medida preventiva por aprovechamiento forestal en la zona de vías sustitutivas, sin el pago de la tasa de aprovechamiento forestal, la cual fue levantada cuando la empresa EMGESA canceló la respectiva tasa, por liquidación realizada por la CAM, con base en el acuerdo 048 de 1982.
También, expone Macías, que mediante resoluciones 1561 y 1562 de agosto de 2014, la CAM impuso medidas preventivas a Emgesa por la apertura de vía ilegal dentro del área del PHEQ y tala de rastrojos altos por fuera del área del proyecto, ordenándose a la empresa suspender la utilización de la vía y el aprovechamiento forestal por fuera del área del proyecto, hasta tanto se modifique la licencia ambiental otorgada.
“En las áreas y/o frentes autorizados por la ANLA para la explotación de materiales de construcción destinados para la presa del proyecto Hidroeléctrico, durante los días 5 y 6 de agosto se identificaron irregularidades ambientales en las áreas de explotación de materiales de construcción 14, 14ª y 21 razón por la cual se impuso medida preventiva por la CAM, ordenándose mediante resolución 1793 de septiembre 4 de 2014, la suspensión a prevención de la explotación de materiales de construcción en el área contigua a los sectores No. 14 y 14ª, ubicada en la vereda El Espinal del municipio de Tesalia” dice.
En atención a denuncia de la ciudadanía la CAM mediante resolución 1794 de septiembre 4 de 2014, ordenó la suspensión de manera inmediata de la tala e intervención de coberturas vegetales en el predio Santiago y Palacio de propiedad de Emgesa en la vereda Jagualito de Garzón.
En el tratamiento de residuos sólidos peligrosos, de acuerdo con el seguimiento adelantado por la CAM, se evidenciaron falencias en la gestión interna del manejo de respel, específicamente en las etapas de caracterización, señalización y almacenamiento; al respecto se realizó requerimiento a Emgesa, sin tener respuesta a la fecha, afirma Macías.
Compensaciones
Como medida de compensación, Emgesa debía comprar predios, en donde se desarrollarán programas de manejo y conservación de bosques naturales, estímulo de la regeneración natural y revegetalización con especies nativas propias de cada ecosistema por 18.561 hectáreas, compromiso que no estaría cumpliendo.
Añade que sólo reconoce un área de 11.079, las cuales tampoco ha demostrado haber adquirido. “Afirmación que ratificamos con lo expresado por la CAM, en respuesta a nuestra petición en la Comisión V del Senado el pasado 21 de octubre; y hasta el momento de presentar el memorial al Procurador no se había recibido ninguna solicitud de EMGESA para que la CAM reciba los predios adquiridos dentro del compromiso de la compensación por el aprovechamiento forestal del proyecto….”, señala Macías.
A la fecha la ANLA a través de un oficio indica que “es posible autorizar mediante acta de concertación la adquisición de predios y entrega de los mismo a las alcaldías municipales, proceso que actualmente se adelanta y cuenta con el acompañamiento técnico de la CAM…”; sin que se haya dado cabal cumplimiento al compromiso adquirido en la licencia ambiental.
Censo Poblacional
Respecto al censo de afectados denuncia Macías que “…a la fecha no se ha cumplido con lo ordenado por la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que lo único que se realizó fue la inscripción de las presuntas personas afectadas sin que para la fecha en que se debía realizar el mismo se tuviera un censo real de la población afectada.”
Y continúa el congresista, “El Gobierno no puede permitir que sea el ejecutor del proyecto quien unilateralmente realice la inscripción de la población afectada, el análisis y la verificación de la información para determinar finalmente el censo. Y por otra parte, debe garantizarse el cumplimiento eficaz en la inclusión en el censo de la población realmente afectada de acuerdo con la sentencia de tutela de la Corte Constitucional”.
Vía Perimetral
En reunión de seguimiento a los compromisos del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, realizada el pasado 24 de julio de 2014, quedó contemplado en el acta lo siguiente:
“La Sociedad de Ingenieros huilenses hizo la presentación de los avances del estudio de pre factibilidad para las dos alternativas viales; indicaron que el corredor vial 1: Vía perimetral que conecta el municipio El Agrado con Paicol, por las veredas Pedernal- Domingo Arias – Vía Nacional; en una longitud aproximada de 45 km y que el corredor vial 2: vía que conecta al municipio de El Agrado con el municipio de Paicol por la Veredera El Carmen; con una longitud aproximada de 38 km, el corredor vial 1 tiene la siguiente cobertura: Gigante (Matambo), (Paicol) (Domingo Arias) Agrado (Mesitas, Bajo Buna Vista – Pedernal) (sic); el corredor vial 2 tiene la siguiente cobertura: Paicol ( Santa Inés, San Marcos, El Alto, La Cumbre y El Carmen) y Agrado (Sabaneta, San Antonio, Montecitos, Horizonte, Las Orquídeas, La Ondina, El Carmen y los Pinos); indican que el porcentaje de ejecución programada es 70%, que el porcentaje de avance ejecutado es 70% y que el proyecto se viene ejecutando acorde a la programación.”
Al respecto Macías, afirma: “Si bien es cierto hay opiniones, sugerencias o recomendaciones tanto de algunas comunidades, como de organizaciones gremiales, para considerar alternativas distintas a la vía perimetral establecida en la licencia ambiental, tal y como lo advierte la Contraloría y otras autoridades, el cumplimiento debe ceñirse a lo ordenado, es el restablecimiento de la comunicación entre dos cabeceras municipales, la cual se ve interrumpida por el embalse, luego se planteó tal alternativa como perimetral en virtud a que su recorrido debe ser en el contorno del embalse con el fin de recortar distancia y hacer más amable el tránsito por la misma. La otra opción no es perimetral.”
Adquisición de tierras
También denuncia que en el proyecto de adquisición de 2000 hectáreas por parte de Incoder, de acuerdo con acta de seguimiento No. 17 del 26 de agosto de 2014, a dicho compromiso aún no se le ha dado cabal cumplimiento.
Al respecto, el director de Inoder ha dicho que “se ha tratado de nuclear las fincas seleccionadas y que hay fincas de 600 hectáreas cada una; por ejemplo en El Agrado se encontró una finca de más de 300 hectáreas. Considera que se debe tener un banco de tierras y por otro lado un listado de posibles usuarios; también considera necesario determinar la UAF”.
En este caso, las autoridades han evidenciado de las actas de avances sobre los compromisos, que no existe avance real en la ejecución de ésta obligación.
Macías también informa al Procurador, que en cuanto a la revisión de los POT, “ha sido mínimo el avance obtenido a la fecha, pues además de las inconsistencias encontradas por la Contraloría General de la República relacionadas con una presunta intromisión indebida de las directivas de la empresa constructora en la función a realizar por parte de las administraciones locales, a la fecha aún faltan por concertar la revisión de los POT de tres municipios.
Constructores
Dentro de los terrenos donde se construye la represa han sido encontrados restos arqueológicos.
Igualmente, afirma Macías, que la empresa ejecutora del proyecto hidroeléctrico El Quimbo no ha concertado con los pequeños constructores de los municipios afectados sus futuros lugares de trabajo; esto es, los sitios para la extracción del material de playa del cual viven más de 1500 familias de Garzón, Gigante, El Agrado y El Pital; perjudicando así a todos los habitantes de dichos municipios, especialmente, porque se incrementarían los costos de la construcción.
Dentro de las denuncias que presentó el senador Macías, está la del hallazgo arqueológico por parte de Emgesa, durante las etapas de excavación en el sitio de presa y que la empresa constructora no informó oportunamente a las autoridades.
“No se cumple con un seguimiento estricto por parte de la autoridad ambiental, a pesar de tener indicios de la presencia de piezas de valor científico y cultural durante los procesos de excavación como lo denuncia la fundación El Curíbano", dice el memorial.
Frente a este hecho el gerente de Emgesa, Lucio Rubio, durante el debate de control político, realizado por Macías, aceptó que se habían encontrado más de cuarenta mil piezas arqueológicas en la zona.
Afectación durante el llenado
Macías afirma en el documento al Procurador, que de no tomarse las precauciones establecidas por las autoridades, “Se generaría una catástrofe ambiental y económica por la mortalidad de peces que se cultivan en jaulas flotantes, debido a la drástica disminución del caudal y por ende del volumen de oxígeno, al bajar el caudal mínimo por segundo de 160 m3 a 36 m3.”
“Este hecho traería afectaciones económicas a la población huilense teniendo presente el crecimiento que ha tenido la industria piscícola en los últimos cinco años, especialmente, ya que el 51% por ciento del mercado acuícola nacional es manejado desde el Huila.”, sentenció.
Solicita Macías que “así como se han modificado otros aspectos de la licencia con el propósito de beneficiar a la comunidad, es urgente que se modifique la decisión sobre el caudal mínimo, para garantizar la supervivencia de las especies y de la industria piscícola establecidas aguas abajo del dique o de la presa de El Quimbo.”
Con la solicitud al Ministerio Público, el congresista huilense dijo que espera que luego de la revisión detallada del contenido de los incumplimientos se hagan efectivos o se tomen medidas sancionatorias o preventivas, como la suspensión de las obras, hasta tanto la multinacional cumpla todos los compromisos adquiridos en beneficio de la comunidad afectada.