Por: Eduardo Gutiérrez Arias
Más de medio centenar de jóvenes asesinados, 18 mujeres violadas, 20 adolescentes que han perdido uno de sus ojos por disparos del Esmad, 680 desaparecidos y 1.600 heridos, es el saldo inicial que a la fecha dejan las acciones de la fuerza pública contra los manifestantes colombianos, en tres semanas de paro nacional que muestran el carácter sanguinario y fascista tanto del gobierno como de las instituciones armadas que lo sostienen. A esto se suma la aparición en varias ciudades de bandas paramilitares que salen de los barrios aristocráticos en camionetas de alta gama, a disparar contra los manifestantes y las mingas indígenas, generalmente protegidos por piquetes de ejército y policía como sucedió en Cali el 09 de mayo con saldo de 9 heridos. Estas acciones han estado acompañadas de una fuerte propaganda dirigida a las fuerzas armadas para que actúen militarmente contra las barricadas urbanas, los bloqueos de carreteras y en general contra los manifestantes, pidiendo darle tratamiento de guerra a la protesta popular, lo cual significa una ruptura del orden constitucional colombiano que reconoce el derecho de los ciudadanos a expresar en cualquier sitio público su descontento y oposición a cualquier medida oficial. También se ha propuesto la declaratoria del Estado de Conmoción Interior, para legalizar el actual proceso de militarización de la vida nacional como forma de responder al descontento popular. Algunos de estos agentes fascistas como la médica caleña Juliana Rojas, piden el asesinato de miles de indígenas y manifestantes para acallar la rebeldía.
El primero que propuso dar un tratamiento militar a la protesta social fue el expresidente Álvaro Uribe quien calificó a los jóvenes inconformes que han liderado las barricadas como terroristas y vándalos, creando el ambiente propicio para los asesinatos masivos y la represión indiscriminada de las movilizaciones. Contrasta esta promoción de la violencia con la posición de autoridades departamentales y municipales como el gobernador del Huila y el Alcalde de Neiva quienes se niega a el uso de la fuerza como medio de solución al actual conflicto social y solicitan del gobierno nacional una real y efectiva negociación con los dirigentes del paro. Es la misma posición de 53 senadores norteamericanos que piden cesar la violencia oficial y negociar los reclamos de los manifestantes. En el mismo sentido se han pronunciado presidentes, expresidentes y parlamentarios europeos y latinoamericanos. También lo han hecho expresidente colombianos como Gaviria y Samper y un amplio grupo de congresistas, incluso de la derecha. En lo más democrático y civilista de las fuerzas armadas existe un gran malestar porque nunca han creído que su misión sea disparar contra el propio pueblo desarmado. Se rumora que cerca de 1.000 de sus integrantes han pedido la baja en estos días. Pero el gobierno de Duque sigue sordo ante estos reclamos y ciego ante la realidad.