Por la destrucción de los dos templos y la casa cural de Colombia (Huila) durante un violento ataque guerrillero, el Estado ordenó una indemnización a la parroquia ‘Nuestra Señora de las Mercedes’. El sacerdote, Alirio García, otro damnificado.
RICARDO AREIZA
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Cuando todos se aprestaban a descansar, una descarga de ametralladora M60 rompió la tranquilidad en Colombia (Huila).
Después de los disparos repetidos contra la estación de policía, comenzó una lluvia de cilindros cargados de metralla que impactaban indiscriminadamente contra edificaciones públicas, en el centro del pequeño poblado, en el norte del Huila.
El alcalde Níctor Bastidas fue retenido cuando se desplazaba en un vehículo oficial.
“Me bajaron del campero y me llevaron hacia el puesto de salud de la localidad. Allí me detuvieron hasta las nueve de la noche, observando los guerrilleros que subían al puesto de policía y ubicándose en puestos estratégicos del casco urbano”, relató.
“Desde allí observé la cantidad de cilindros que bajaron y el sitio donde los ubicaron para lanzarlo hacia la población y el puesto de policía,” recordó el funcionario.
“A las nueve de la noche aproximadamente me llevaron a una distancia aproximada de setenta metros del puesto de policía, retenido por los guerrilleros, cuando se escuchó una descarga de al parecer un fusil, en ese momento se inició el enfrentamiento entre la fuerza pública y la guerrilla”, explicó Bastidas. Luego, en medio del ataque, fue dejado en libertad.
“Salí corriendo hacia mi casa, así pasé toda la noche con la familia allí, y a las seis de la mañana del día 13 de julio cesó el hostigamiento”.
“Luego salimos con varios amigos a la población a ver qué había sucedido, y encontramos totalmente destruido el edificio de Telecom, la galería, la casa cural con sus dos templos, dos escuelas, el colegio y aproximadamente unas ocho casas que quedan contiguas al puesto de policía”, reportó en forma preliminar el jefe de la administración municipal. El balance no podía ser peor.
El ataque, en realidad era mucho más grave: afectó las dos iglesias, la casa cural, la estación de Policía, un colegio, dos escuelas, el edificio municipal, la Casa de la Cultura, la sede de Telecom, el centro de salud y otras123 viviendas particulares resultaron con afectaciones.
Además, seis civiles perdieron la vida entre ellos tres menores de edad y seis más resultaron heridos.
Las únicas víctimas fueron los miembros de la familia del agente Weilmer Lozano. Su esposa Luz Manrique, de 35 años, y sus tres hijos, de 16 y 9 años y una bebé de 18 meses.
En la mira
A esa misma hora hubo ataques simultáneos en el el corregimiento de Vegalarga y Alpujarra (Tolima).
El ataque hacía parte de una ofensiva militar de las Farc para presionar un cese de hostilidades en medio de los diálogos de paz. Hasta ese momento se reportaron 45 acciones armadas, en 24 municipios cercanos a la zona de distensión.
Colombia (Huila) estaba en la mira, según la denuncia que elevó el personero de la localidad Carlos Francisco Salazar y el párroco Alirio García Soto.
El documento, también suscrito por el alcalde Níctor Bastidas, fue remitido al gobernador el 17 de diciembre de 1999, siete meses antes de la arremetida guerrillera.
Dos años después el presbítero Alirio García Soto, demandó al Estado, reclamando el pago de los perjuicios ocasionados a los dos templos, a la casa cural y la pérdida de algunas pertenencias, entre ellas sus libros en latín y griego, sus prendas personales y 30 ovejos. Ahora, luego de 20 años, la indemnización fue liquidada.
Horrible noche
“El ataque se dio desde las ocho de la noche del 12 de julio del 2000 hasta las seis de la mañana del día siguiente, es decir, duró al menos diez horas, sin que hubiera una reacción inmediata y efectiva de los organismos del Estado”, reportó el sacerdote Alirio García Soto.
Los sediciosos, provenientes de cuatro frentes, al mando de una mujer, utilizaron armas de largo alcance y pipetas de gas, llenos de explosivos. En uno de los costados del puesto de Policía, colocaron la ametralladora M60 con la que abrieron fuego.
A pesar de la gravedad y los efectos de la acción bélica contra bienes públicos y propiedades civiles, la demanda, no tuvo eco.
El 28 de octubre del 2002 la demanda fue admitida. El 26 de enero del 2007 el Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia de primera instancia, negando las pretensiones.
“Por tratarse de un ataque indiscriminado, el estado no está llamado a responder”, argumentó.
El magistrado Gerardo Iván Muñoz, estimó que este ataque “no se dirigió de manera exclusiva contra instituciones estatales, sino contra todos los habitantes de la población de Colombia, razón por la cual se vieron afectadas tal número de viviendas”.
“Las Farc usaron la zona de distensión para incrementar su fuerza militar e intimidar a la población colombiana. Pero, – aclaró- esas acciones eran difíciles de prever y repeler por parte del Estado, a causa de que el pie de fuerza con el que contaba era insuficiente y por la manera sorpresiva en la que se ejecutaban”, precisó el magistrado Gerardo Iván Muñoz para rechazar la demanda. No obstante, esa decisión fue revocada en segunda instancia.
Riesgo excepcional
La destrucción de los templos y la casa cural de la Parroquia ‘Nuestra Señora de las Mercedes’ de Colombia (Huila), se dio como resultado de una acción terrorista que tenía como último objeto el ataque de la estación de Policía municipal, lo que con a título de riesgo excepcional.
Desde un enfoque normativo, no todos los objetos “claramente identificables como Estado” pueden ser considerados como factores generadores de riesgo, sino solamente aquellos que, según las normas del derecho internacional humanitario, revisten carácter militar, pues ellos no están protegidos por la prohibición general de convertirlos en blancos de ataques o represalias, como sí lo están los bienes de carácter civil”, afirmó el consejero de Estado Danilo Rojas Betancourth.
En su criterio, no se probó la existencia de una falla en el servicio atribuible a las entidades demandadas, es decir, no hay certeza de que el ataque particular fuese previsible para las entidades e instituciones.
Sin embargo, este hecho no obsta para que se configure la responsabilidad estatal a título de riesgo excepcional.
“La estación de Policía no fue la única edificación afectada, está demostrado que las demás averiadas se encontraban alrededor y en cercanías a la base castrense”, apuntó el magistrado.
Lo perdió todo
“La guerrilla se metió y destruyó todo, como la iglesia por completo y la casa cural. Había dos iglesias, la antigua se destruyó totalmente el techo, y todas las imágenes que habían dentro, imágenes en bulto o hechas en yeso protegidas por estopa, un promedio de doce imágenes… las bancas de la iglesia se destruyeron totalmente y en general lo que estaba por dentro fue totalmente destruido”, precisó el sacristán, Omar Devia Caviedes.
“Había una cantidad de ornamentos para los oficios religiosos bordados a mano, había una biblioteca en la habitación del padre, compuesta de alrededor de unos 800 libros, de propiedad del padre Alirio, los cuales eran valiosos porque estaban escritos en latín y griego, eran una reliquia religiosa y entre esos libros estaban los misales y rituales”, precisó el acólito. El cura párroco perdió sus pertenencias personales.
Unos treinta ovejos que tenía la parroquia, también murieron.
Liquidación
La semana pasada, el Tribunal Administrativo liquidó la condena en abstracto proferida por el Consejo de Estado, en favor de la parroquia ‘Nuestra Señora de Las Mercedes’.
La Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional fueron condenados a pagar los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente por destrucción de las sedes religiosas en la suma de 1.562 millones de pesos, más otros 23 millones de pesos por daño emergente por la pérdida de los muebles. La condena fue la primera que se ordenó contra bienes destinados al culto.
Además, ordenó el pago de una indemnización al sacerdote Alirio García Soto, a título de perjuicios morales, la suma de 30 salarios mínimos mensuales.
El religioso, quien ejerce actualmente como vicario parroquial en la Iglesia San Judas Tadeo en el barrio Las Granjas de Neiva, después de 20 años, espera la indemnización.