Juan David Huertas Ramos
La política económica no puede ser ajena a ciudadano alguno. Este es un asunto de interés general dado su influjo en todos los hogares colombianos.
En pocas palabras, la política económica es el conjunto de medidas que el gobierno central toma para garantizar el crecimiento económico y la estabilidad del sistema económico-social.
Estos dos grandes objetivos de la política económica (crecimiento y estabilización) son muy importantes, pues aun cuando parezca un pleonasmo, el crecimiento económico marca la diferencia entre países ricos y pobres. En ese sentido, la política económica debe fortalecer el proceso social de acumulación de capital que consiste en la inversión en activos productivos que soportan la producción de bienes y la generación de servicios.
En otras palabras, será la inversión en activos productivos una variable fundamental para el crecimiento económico que suele cuantificarse en términos del PIB; indicador macroeconómico que, desde la perspectiva de la demanda agregada, plantea la interacción del gasto público, la inversión del sector privado, el consumo y las operaciones en el mercado internacional (importaciones y exportaciones).
Es importante aclarar entonces que la capacidad de producción nacional no se garantiza en sí misma ya que requiere de un mercado (o sociedad) con capacidad adquisitiva que demande los bienes producidos y los servicios generados para la satisfacción de sus necesidades.
Usualmente, se reconocen como los principales instrumentos de la política económica a las políticas fiscal, monetaria y de sector externo.
Así las cosas, la política fiscal intentará mantener el equilibrio entre el gasto público estatal y los impuestos, que representan, infortunadamente, el componente más importante del ingreso público. De la relación ingreso-gasto dependerá el nivel de endeudamiento del estado, lo cual implica comprometer los ingresos futuros de los colombianos en operaciones de endeudamiento que atienden, mayoritariamente, necesidades coyunturales (entiéndase, “ayudas” Covid-19 y demás).
Por su parte, la política monetaria intentará mantener un nivel de precios (inflación) que dinamice la actividad productiva pero que no asfixie las decisiones de compra del consumidor. Eso implica que el sistema general de tipos de interés deberá enfocarse a incentivar la inversión y el consumo.
Finalmente, la política de sector externo se verá reducida mayormente a operaciones de intercambio comercial solapadas en la cooperación científica y humanitaria.
En ese sentido, el gobierno central deberá tomar decisiones que proporcionen niveles racionales de certidumbre en medio de la crisis, pues inversión y consumo se relacionan negativamente con incertidumbre. Hecho que resulta relevante si consideramos que el ingreso de todo agente económico se distribuye en rubros de inversión y consumo, principalmente.
Por demás, el gobierno deberá generar incentivos a productores y consumidores evitando que el Covid destruya la estructura productiva del país y caigamos en los niveles de pobreza que favorecen los intereses populistas y de extrema izquierda. El año 2021 podría ser el ejercicio fiscal adecuado para fomentar el emprendimiento y la aceleración de nuevos negocios, pues estos generan empleo, contribuyen a la formación de capital, protegen la democracia y dinamizan la economía.