El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2307 que establece la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas en el país, la cual deberá ser reglamentada en los próximo seis meses por el Ministerio de Educación.
Redacción Web/LN
¡Buena noticia para el país! El presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó la ley que ordena la gratuidad en los programas académicos de pregrado en las universidades públicas del país, en consonancia con la política de su gobierno del Pacto Histórico sobre la educación.
“A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno nacional garantizará la financiación necesaria para asegurar la gratuidad en el valor de la matrícula de los programas de pregrado en instituciones de educación superior pública”, establece el artículo segundo de la ley.
Con la sanción de esta ley, el Ministerio de Educación tendrá la responsabilidad de reglamentar los requisitos necesarios para que se aplique la gratuidad en los programas académicos de pregrado. La normativa establece que el Gobierno nacional se comprometerá a garantizar la financiación necesaria para asegurar la gratuidad en el valor de la matrícula en las instituciones de educación superior pública.
La ley se aplica a instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias definidas en la Ley 30 de 1992. Además, el Gobierno Nacional implementará un mecanismo de verificación para evitar que un estudiante matriculado en programas de pregrado en universidades públicas reciba más de un apoyo económico del Estado para el mismo propósito, asegurando así la equidad en la distribución de los recursos.
“Para efectos de la presente ley se entenderá que las instituciones de educación superior comprenden instituciones técnicas, tecnológicas o universitarias definidas en el Capítulo IV del Título I de la Ley 30 de 1992. El Gobierno nacional promoverá medidas para garantizar la permanencia y terminación de los procesos formativos de los jóvenes. La política pública de gratuidad en la matrícula se armonizará con las diferentes políticas públicas educativas del Gobierno nacional”, dice la ley.