RICARDO AREIZA
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El alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, se salvó. El procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial Germán Calderón España lo eximió de cualquier responsabilidad disciplinaria por la contratación de una prueba técnica sobre el colapso de las graderías en el estadio Guillermo Plazas Alcid, ocurrido el 19 de agosto de 2016.
La decisión favoreció igualmente a la secretaria de Infraestructura, Diana Paola Solaque; a la directora de Deportes, Liliana María Ocampo Martínez y al abogado Vladimir Salazar Arévalo.
Sin embargo, en este proceso verbal, sólo sancionará al jefe de Contratación, Fernando Mauricio Iglesias, quien decretó, incorporó y contrató una prueba técnica para soportar el proceso sancionatorio que adelantaba contra el consorcio encargado de la obra pública y el equipo de interventoría.
“Es la crónica de una muerte anunciada”, expresó en su red social. Sin dar más detalles. El sentido de la decisión fue conocido ayer en forma preliminar, durante la lectura del extenso fallo de primera instancia.
En la primera etapa que se prolongó durante cuatro horas, Calderón España anticipó el sentido del fallo absolutorio para el mandatario capitalino y sus demás colaboradores. En el caso de Salazar Arévalo, el procurador decretó la nulidad del proceso disciplinario.
En cambio, anunció una sanción de suspensión contra el Jefe de Contratación Fernando Mauricio Iglesias por una supuesta ilicitud en el proceso de contratación del peritaje. El tipo de sanción no alcanzó a ser revelado.
Absuelto
“La audiencia fue suspendida. En mi caso, la Procuraduría me liberó de cualquier culpa en este tema. Esa decisión me da mucha tranquilidad, porque siempre hemos obrado acorde con la ley, acorde con la Constitución. Nos sentimos, de verdad, tranquilos”, expresó el alcalde Lara en diálogo con LA NACIÓN.
“Esperamos que se logre esclarecer todo este tema, confiamos en que la justicia obre con prontitud y en estricto derecho en todos los casos que adelantan por la tragedia en el estadio”, afirmó. Sin embargo, no anticipó más detalles, argumentando que el fallo no se conoce en su totalidad.
“Nosotros hemos obrado con rectitud y voluntad para resolver este doloroso tema”, remarcó Lara Sánchez. “Igualmente-dijo- esperamos que esa misma decisión se haga en favor de Iglesias, una vez concluya la valoración final”.
La extensa providencia, no alcanzó a leerse completamente lo que originó la suspensión de la audiencia verbal. La diligencia fue reprogramada para continuarla el próximo miércoles, cuando se conocerá la decisión de fondo. No obstante, durante la lectura parcial, se dejó en evidencia la absolución para el mandatario neivano, su secretaría de Infraestructura y la directora de deportes.
El proceso
El proceso verbal, curiosamente, se originó por una queja que elevó el año pasado el ingeniero civil Miguel Alejandro Lozano Castañeda, representante legal del consorcio Estadio 2014, responsable de la remodelación del escenario deportivo.
Lozano Castañeda tramitó otra denuncia ante la misma Procuraduría por haber permitido el uso parcial del estadio de Neiva. Por este caso el mismo procurador Calderón España ordenó una investigación preliminar. La diligencia se tramita desde el 5 de agosto de 2018
La apertura de esta investigación sirvió para soportar las múltiples recusaciones formuladas para frenar la caducidad del contrato por grave incumplimiento. Pero no fue la única acción legal que se interpuso con este mismo propósito. El 16 de enero de 2018 el ingeniero Jarlinson Hurtado Salas, el principal accionista del consorcio, formuló otra queja por supuestas violaciones al debido proceso en el proceso sancionatorio que se venía tramitando.
Y para completar, el entonces procurador Provincial de Neiva, Yofran Mauricio Silva abrió otra investigación preliminar contra Lara Sánchez y su jefe de Contratación por la adición presupuestal en enero de 2016.
Pliegos de cargos
Los pliegos de cargos fueron formulados el 10 de mayo pasado por presumibles anomalías en la adjudicación de un contrato de prestación de servicios con la firma Ingeniería Sísmica y Estructural SAS para evaluar las probables causas que originaron el desplome de la gradería.
La firma especializada en vulnerabilidad sísmica, patología estructural, reforzamiento y rehabilitación de estructuras fue contratada efectivamente examinar sobre el terreno las posibles causas del siniestro que dejó cuatro muertos y diez heridos. El peritaje tuvo un costo de 245 millones de pesos cofinanciado con Coldeportes.
Sin embargo, el Procurador Delegado consideró que por el objeto y alcance del contrato se requería de un concurso público de méritos para escoger a la firma encargada de rendir el concepto técnico. Los reparos disciplinarios fueron formulados porque el contrato se adjudicó directamente.
Calderón España concluyó que aunque se trataba de un contrato de servicios especializados, se adjudicó en forma directa, sin multiplicidad de oferentes.
“Al aceptar, la oferta de la firma Ingeniería Sísmica y Estructural SAS antes de la publicación de los estudios previos por parte de la alcaldía, los servidores públicos encartados vulneraron, presuntamente, los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva”, aseguró el funcionario al sustentar los pliegos de cargos a cada uno de implicados.
Alegatos
Durante el análisis de los alegatos, Calderón España señaló que una parte del contrato de prestación de servicios, incluida un componente de consultoría y por lo tanto debió abrirse un concurso público. La experticia fue solicitada por el jefe de Contratación como soporte para la valoración probatoria durante el interferido proceso sancionatorio iniciado 20 días después de la tragedia ocurrida el 19 de agosto de 2016.
“Lo que se contrató no fue una consultoría como lo interpretó la Procuraduría, sino unos servicios profesionales especializados, una asesoría especializada en temas de ingeniería estructural”, recalcó Iglesias Gaona, en los alegatos finales de conclusión. “El estudio a nivel de peritazgo -dijo- era necesario para determinar el cumplimiento de la normatividad sismo-resistente en l remodelación de la tribuna”.
El peritaje, contemplado en la Ley 80 de 1993 (estatuto de contratación estatal) fue decretado en un auto de pruebas para determinar el grado de cumplimiento de la normatividad sismo-resistente, verificar si el diseño estructural era o no apropiado para la obra contratada y para examinar las causas probables del siniestro”, argumentó.
“Esa asesoría altamente especializada sirvió para soportar técnicamente la caducidad del contrato por grave incumplimiento”, insistió.
La caducidad, decretada el 5 de octubre de 2018, permitió que las aseguradoras le restituyeron al municipio por daños y perjuicios 5.780 millones de pesos. El funcionario, el único sancionado, explicó que la decisión anunciada ayer, será recurrida el próximo miércoles solicitando la revocatoria en la segunda instancia.