Después de 18 años, la planta de tratamiento de aguas residuales de Neiva sigue al garete. Las medidas para su ejecución han resultado insuficientes. La justicia administrativa anunció nuevas medidas para asegurar la ejecución de la obra, cuya inversión asciende a 553.000 millones de pesos.
RICARDO AREIZA
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La construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para frenar la carga contaminante al río Magdalena a su paso por la capital huilense sigue en el aire, sin los diseños terminados, sin la viabilidad técnica, sin licenciamiento, y, lo más grave: sin la financiación total que la dejó al garete.
El proyecto salió del limbo, donde ha permanecido sin ningún rumbo desde el año pasado cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le negó por tercera vez la viabilidad técnica.
A pesar de una orden judicial, después de 18 años, la obra pasó al ‘purgatorio’, hasta que logre conjurar los ‘pecados’ técnicos que originaron la devolución de la propuesta y, por lo tanto, la negación de la licencia ambiental.
Las gestiones ejecutadas por Empresas Públicas de Neiva y las demás entidades vinculadas judicialmente en la cofinanciación del proyecto, no han sido suficientes ni efectivas para garantizar la construcción y operación por lo menos de la primera de las tres fases del megaproyecto, que costaría alrededor de 553 mil millones de pesos.
Después de casi dos décadas de haberse fallado una acción popular, los avances son precarios y, pese a la trascendencia del proyecto, la obra sin dolientes.
La parálisis del proyecto, provocará de oficio, otra sanción por desacatar la orden judicial. La decisión quedó planteada el jueves pasado, durante una nueva audiencia de verificación, convocada por el Tribunal Administrativo del Huila. “Lo evidente es que después de todo este tiempo el fallo no se ha cumplido”, concluyó el magistrado Jorge Alirio Cortés Soto. El funcionario anunció que tomará las medidas del caso ante el reiterado incumplimiento.
Durante la diligencia judicial, todas las entidades vinculadas para cumplir con la sentencia, expusieron las razones, pero todas, sin excepción, terminaron lavándose las manos.
Pura negligencia
El vocero de la Asociación de Usuario de Servicios Públicos, Gustavo Mora Perea, quien instauró la acción popular en el 2004 insistió en la negligencia de las entidades obligadas a concurrir mancomunadamente en la cofinanciación y ejecución del proyecto.
“La actuación de la CAM en ese año fue de una monumental torpeza porque la entidad, encargada de proteger el medio ambiente, apeló el fallo y solo hasta el 2009, el Consejo de Estado la confirmó. Se perdió tiempo. La primera planta debía estar en funcionamiento en el 2011 pero no se pudo por la apelación y luego por la negligencia”, afirmó.
“Esto se puede dilatar más allá de los 18 años que llevamos si el Tribunal no toma medidas serias y suficientes para poder contener la negligencia de todos los responsables de las entidades que tienen el compromiso de cumplir con esa orden judicial”, explicó Mora Perea.
“Una planta de tratamiento como la que Neiva necesita no se hace silbando. Se requiere que todas las entidades comprometidas participen mancomunadamente en la financiación. Y lo que hemos vistos es que no hay esfuerzos suficientes y efectivos para cumplir con la sentencia”, expresó Mora Perea.
El dirigente cívico demandó con urgencia la evaluación de todas las medidas adoptadas para determinar si se está cumplimiento la orden judicial.
Orden judicial
La orden judicial fue proferida el 27 de junio de 2005 en el trámite de una acción popular. El Tribunal Administrativo del Huila ordenó en esa época la ejecución de las obras a más tardar en el año 201, al menos una de las tres plantas de tratamiento proyectadas. Además, dispuso que antes de finalizar el año 2015, tenían la obligación de garantizar una solución completa al problema de contaminación del río Magdalena por aguas residuales que se descargan sin ningún tratamiento.
La decisión fue confirmada por el Consejo de Estado el 11 de junio de 2009. Sin embargo, la orden judicial sigue en la cuerda floja.
Desde entonces se han tramitado varios desacatos que han terminado con multas a los anteriores gerentes de Empresas Públicas y alcaldes y gobernadores de las últimas cinco administraciones.
Ahora, el incidente de desacato, una medida de presión para hacer cumplir los fallos, con multas o con arresto, vuelve a tomar fuerza.
Graves falencias
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) archivó por tercera vez la licencia ambiental por serias falencias.
Las tres solicitudes fueron rechazadas “porque la información requerida para su trámite resultó insuficiente, generaba incertidumbre, y registraban serias falencias técnicas y ambientales, que no lograron subsanar”.
La medida fue consignada el 9 de junio de 2022 (Auto No. 04357 de 2022).
Según el Concepto Técnico 3165 expedido el 6 de junio de 2022, la documentación estaba incompleta y registraba incertidumbres que frenaron el trámite de la licencia.
Entre otras falencias la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales destacó la carencia de una descripción detallada de la infraestructura a emplazar, ausencia en la descripción las actividades de las etapas de construcción y operación; información no concluyente sobre el control de olores e información insuficiente sobre el dique a construir como medida de control ante las inundaciones de las eventuales crecidas del río Magdalena.
Igualmente encontró insuficiencia en el detalle y cuantificación de los residuos sólidos, líquidos y gaseosos, incluyendo el material sobrante de excavación, a generar por parte del proyecto y su respectivo manejo.
Las excusas
La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) reiteró su disposición para la cofinanciación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR y confirmó que aportará diez mil millones de pesos, como quedó consignado en el pacto de cumplimiento.
El director de la entidad Camilo Agudelo Perdomo confirmó que estos recursos están programados, pero condicionó su giro.
“Los recursos serían aportados una vez Empresas Publicas de Neiva compre la totalidad de los predios requeridos, se obtenga la viabilidad técnica del proyecto a través de Ventanilla Única del Ministerio de Vivienda, obtenga la licencia ambiental y certifique el cierre financiero del proyecto”, explicó.
Los recursos fueron autorizados el año pasado por el consejo directivo (Acuerdo 002 de 2022). De éstos 7.000 millones de pesos provenientes de un crédito respaldado con el recaudo esperado de la renta Tasas Retributivas de los diez años posteriores a la consecución del empréstito.
“Los 3.000 millones de pesos restantes fueron transferidos a el Patrimonio Autónomo (FIA), recursos que se encuentran disponibles y libres de toda afectación”, certificó el subdirector administrativo y financiero Vitelio Barrera Álvarez.
El consejo directivo autorizó el 28 de enero de 2022 al director de la corporación para que adelante los trámites previos requeridos para la negociación y contratación del empréstito cofinanciar la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Sin embargo, condicionó el aporte al cumplimiento de todos los requisitos previos.
El acuerdo fue suscrito por el gobernador Luis Enrique Dussán, en calidad de presidente del consejo directivo.
“La CAM, tiene todo el interés y voluntad de cumplir los compromisos adquiridos para la cofinanciación de este proyecto”, precisó la subdirectora de Gestión Ambiental, Edisney Silva Argote.
En veremos
Según Ricardo Vega, el proyecto costará 553 mil millones de pesos, lo que implicará que las cifras inicialmente proyectadas después del fallo proferido en el 2005, tendrá que modularse para que se distribuya entre las entidades, de acuerdo con sus competencias.
La primera fase costaría 120 mil millones de pesos, según el cierre financiero de 2019. De éstos están comprometidos cerca de 47.648 millones y están pendientes de gestión otros 74.899 millones de pesos.
Al no lograrse la consecución de las fuentes de los recursos requeridos para garantizar el cierre financiero del proyecto para su ejecución bajo la modalidad de obra pública el Ministerio de Vivienda devolvió el proyecto el 22 de agosto de 2022.
“La decisión del Ministerio nos dejó sin piso técnico, económico y financiero para constituir cualquier figura de giro de recursos de las entidades accionadas en la acción popular, ya que para financiar proyectos por parte de las entidades públicas se debe contar con el concepto técnico”, informó Ricardo Vega, quien asistió en calidad de gerente encargado.
Avances
Con la devolución del proyecto debe reiniciarse el respectivo trámite. El 10 de marzo de 2023 volvió a presentarse la propuesta. Luego se presentó la solicitud para la compra del predio al Comité Directivo del Plan Departamental de Agua No. 73 realizado el 23 de marzo ele 2023. En ese lote, según el Estudio de Amenaza, deberá construirse previamente un jarillón a lo largo del río para mitigar fenómenos de origen geomorfológico o hidrológico (como remoción en masa, inundaciones y avenidas torrenciales) en el río Magdalena.
El funcionario anunció que la ANLA solicitó estudios adicionales y diseños de las vías de acceso a nivel de detalle de la vía principal propuesta (acceso por la ruta 45) y de contingencia para vehículos de carga, así como los estudios y diseño de alternativas. Estos estudios cuestan alrededor de 750 millones de pesos, que podrían financiar en conjunto las entidades comprometidas, lo que desató la polémica.
Ni la CAM, ni Cormagdalena y menos la Gobernación se opusieron a la propuesta que presentó el equipo jurídico de Empresas Públicas.
El lote para el jarrillón tendría un costo de 235 millones de pesos, según avalúo comercial realizado por la Lonja de Propiedad Raíz en julio de 2023.
La junta directiva autorizó a EPN la compra del predio con un área de 3.885 metros cuadrados (Acuerdo 012 de 2023).
Como pilato
Aunque en el plan de desarrollo del actual gobierno (Huila Crece 2020-2023) se incluyó el apoyo para la construcción de la PTAR en Neiva, la Gobernación del Huila se lavó las manos.
El abogado de la Oficina Jurídica Iván Bustamante descartó la posibilidad de nuevos aportes.
El Plan de Desarrollo contempla la construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales con prioridad cabeceras urbanas con mayor impacto de contaminación en Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata.
De entrada, advirtió que en el PDA vigencia 2020, no se cuenta con los recursos del SGP o regalías petroleras para financiar la construcción de la PTAR Neiva.
“A la fecha el Departamento del Huila, aún no han sido notificados de viabilidad técnica del proyecto presentado por el municipio de Neiva, requisito indispensable para que los posibles actores incluido la Gobernación realicen gestiones presupuestales para darle cierre financiero del proyecto”, indicó Bustamante.
En el 2014, la Gobernación se comprometió con aportes para la adquisición del predio, y adicionalmente diez mil millones de pesos, argumentando que la responsabilidad en el manejo de las aguas residuales, la implementación y operación de las plantas de tratamiento de están a cargo de los municipios.
En esas condiciones, la Gobernación solamente cofinanciaría este proyecto con el aporte acordado una vez se hubiese cumplido con todas las acciones previas que las entidades del orden municipal quienes deben tramitar, cuando el proyecto global costaría alrededor de 553.000 millones de pesos.
“En este sentido y de acuerdo a la Ley 142 de 1994, insistimos es el municipio de Neiva quien tiene la competencia como garante y gestor en materia de servicios públicos domiciliarios”, insistió la administración seccional. La misma posición la asumió el vocero de Cormagdalena.