Esperanza Andrade
Hay tres aspectos que hoy golpean a los colombianos, que nos preocupa demasiado. Primero, el más difícil, la inseguridad, causante de dolor, miedo y nerviosismo en la gente, con el peligro de deteriorarse aún más. La salud por el Covid-19; la reactivación económica y el desempleo.
Y es que los permanentes actos criminales y delincuenciales que vienen sucediendo, suficientemente informado en medios y redes sociales, envían a diario el terrible mensaje que las bandas están reactivadas y multiplicadas tras los encerramientos, aunque en cada ciudad el fenómeno tiene sus propias especificaciones. Lo más grave es que parece haber mermado la capacidad de respuesta de las autoridades en las calles. El trabajo operativo no está generando los efectos esperados. Son muchos los capturados y pocos con medida de aseguramiento. El sistema judicial está cojeando…
Según estadísticas de la misma Policía Nacional, en el país crecieron los homicidios; el robo a comercios; se disparó el atraco a personas y a residencias; creció el hurto de celulares, bicicletas. Por eso, el temor ciudadano a salir de casa es real no una percepción. Así lo muestran las encuestas. Por ejemplo, para el 96 por ciento de la opinión la inseguridad está empeorando, dice Invamer. Y el 15.3 por ciento de los consultados por Ecoanalítica lo ve como el primer problema.
Las razones de la delincuencia desbordada son variadas: la crisis económica; el desempleo; la falta de oportunidades, principalmente para los jóvenes; la combinación de desintegración familiar y ausentismo escolar (se sabe de niños de 13, 15 y 17 años delinquiendo); consumo de alcohol y drogas; y consecuencias del conflicto armado y el narcotráfico, entre otras.
Como respuesta se plantean diversas opciones: endurecer penas para reincidentes; reestructurar la Policía; más cámaras de seguridad y prisiones; encarcelar a los portadores de armas blancas y pistolas traumáticas. Suena bien y correcto, pero para nosotros la salida es una acción urgente y efectiva de las autoridades, del aparato judicial y criminal, que deben contar con todos los medios para conseguirlo.
Porque, ojo, es irracional dejar que cualquier persona haga justicia por sus propias manos, como ya sucede y es alentado por parte de algunos. La acción legítima corresponde a la Policía, a las autoridades judiciales, Fiscalía y jueces que deben actuar con prontitud ante la denuncia ciudadana, que no debe callar, y contra quien haya violado la ley.
Estamos seguros que todos tenemos el mismo propósito nacional: se garantice la seguridad general. Debemos unirnos contra los malos. No puede haber diferencias políticas, la prioridad es la protección de la vida y la defensa de los bienes de la gente honrada y buena. Tengo fe y esperanza de que así podemos iniciar un verdadero proceso de reactivación como lo requiere, en todos los escenarios, nuestra hermosa Colombia.