La gente suele responder: el gobierno. Pues no; es una respuesta errónea. Los fallos contra el Estado los pagamos los contribuyentes. Lo que hace el ente público respectivo que ha perdido la demanda, es pagar, indemnizar a la persona natural o jurídica que ha ganado la demanda. Somos los ciudadanos quienes pagamos los impuestos; la tarea del gobierno es administrar esos recursos que tributamos y a veces, los administra muy mal: o bien por despilfarrarlos, por no priorizar necesidades, por no optimizar el gasto, por la falta de planeación, cuando el ordenador del gasto en su decisión ejecuta el presupuesto respondiendo a un interés personal o de grupo, afectando el bien común; o bien, por los peculados en todas sus formas, de manera más horrenda, el peculado por apropiación, -que debe ser condenado siempre-.
El Estado gasta billones de billones en el pago de esas obligaciones por los fallos judiciales. Claro, el ciudadano tiene todo el derecho de demandar cuando se siente lesionado por arbitrariedades que se han cometido en su contra. Pero, ¿quién paga los platos rotos? Repito, los contribuyentes. El gobierno no tiene ni un peso; el gobierno en cada una de sus manifestaciones, especialmente a través de la rama ejecutiva del Poder Público, ejecuta esos recursos recibidos.
Habría que hacer una estadística para saber cuántos pleitos pierde el Estado y cuánto presupuesto se gasta en esas contiendas. Seguramente con los billones pagados, se podrían construir buenos hospitales, excelentes vías y enorme capacitación para salir de la pobreza mental en la que viven muchos colombianos que no son gestores de su propia historia; o bien, porque no están capacitados o bien, porque no se les da la gana de aprender; a pesar de ingentes recursos que se invierten en la educación.
Yo tenía una frase cuando trabajé en el sector público: “Quien es el causante del problema, que lo arregle”. O, también: “Quien comete el error que lo pague o que lo subsane”. Pero desafortunadamente a muchos les toca pagar los platos rotos, sin tener velas en ese entierro. Hay funcionarios que pasan sin pena ni gloria, pero sí han cometido unas “bestialidades”, ¡qué horror! Y lo más grave, no pasa nada. ¿Por qué no vuelve el Estado contra aquellos funcionarios que cometieron el error? Hay gente que ha sido destituida de un cargo por la malquerencia de un nominador, por pertenecer a otro grupo, por pensar distinto o; sencillamente, porque ese cargo lo necesito para un cliente mío que me dio tantos votos. ¡Qué pobreza mental! ¿Y qué decir de algunos fallos judiciales? Falló el debido proceso, las imputaciones fueron tomadas a la ligera, no se sopesaron; se tomaron decisiones viscerales, la presión de los medios o del más alto funcionario sobre el pobre que da el fallo, etc., son entre otras las causas de las pérdidas de las demandas contra el Estado. Señores legisladores, piensen en el BIEN COMÚN y busquen la manera de legislar para que autor del error, pague algo. Se castiga solo cuando actuó con dolo. Y, ¿cómo se prueba el dolo? “Averígüelo Vargas”. Mientras tanto, sigamos pagando las “burradas” de algunos funcionarios. ¡Y a qué costo!
*Obispo de Neiva