La Nación
EDITORIAL

¿Quién responde?

Las sospechas resultaron ser ciertas. La defraudación en el hospital ‘San Carlos’ del municipio de Aipe, algo que ha venido denunciando el Diario LA NACIÓN, fue multimillonaria. En este centro asistencial del departamento del Huila hicieron lo que quisieron con los recursos públicos durante un buen tiempo y nadie vio ni oyó nada.

Según concluyó la Contraloría Departamental, el valor de la plata que se robaron en el centro hospitalario es cuatro veces superior a los hallazgos inicialmente develados. Tal como lo divulgó LA NACIÓN, la investigación hecha por el órgano de control permitió establecer en poco tiempo todo el entramado técnico y contable para apropiarse indebidamente de los recursos públicos durante seis años. En total, la Contraloría encontró seis graves hallazgos, cuatro con incidencia penal, fiscal y disciplinaria.

Entre otras cosas, los investigadores del organismo de control detectaron, al revisar los pagos efectuados por concepto de nómina y demás prestaciones laborales correspondientes a las vigencias 2017 y 2018, pagos dobles o montos superiores a los devengados por los funcionarios de planta. Los pagos irregulares ascendieron a 380 millones de pesos. Los dineros fueron girados mediante cheques, transferencias bancarias o autorizaciones de pago a través de la Cooperativa Coopeaipe. Durante los cuatro años anteriores (2013-2014-2015 y 2016) se registraron las mismas irregularidades (pagos superiores a los devengados).

Todo indica que el subgerente administrativo y financiero del hospital de Aipe, Edilberto Macías Villarraga, y otros funcionarios del centro asistencial, se apropiaron ilícitamente de los recursos que ascienden a 1.621 millones de pesos. Macías Villarraga, al parecer, el ‘cerebro’ de la operación fraudulenta, fue relevado fulminantemente del cargo, una vez se conoció el escandaloso episodio. También fueron desvinculados de la entidad, la jefe de facturación y cartera, Eliana Medina, vinculada por prestación de servicios y el almacenista, Héctor Díaz, quienes aparecen como beneficiarios finales de giros irregulares, hechos a nombre de supuestos contratistas o proveedores.

¿Es posible que un subgerente maneje a su antojo los dineros públicos de un hospital y no haya habido controles? ¿En Aipe nadie vio ni escuchó nada?