Una situación recurrente, originada en la Gobernación, que al parecer se viene volviendo costumbre sacó ayer de casillas a los diputados de la Asamblea Departamental.
Los asambleístas se quejan de que ya es repetitivo el hecho de que las iniciativas del Gobierno Departamental pocas veces tienen dolientes a la hora de ser sustentadas en la plenaria de la corporación.
Y más grave aún, que cuando los funcionarios son citados a debates de control político, muchos de éstos llegan sin documentación que sustente sus informes o lo que es peor, apenas si esbozan alguna palabra como para salir del paso.
La gota que rebozó la copa
Sin duda alguna, la molestia en el seno de la Asamblea Departamental venía haciendo nido desde el gobierno pasado, cuando a decir de los diputados la propuesta del entonces gobernador (e) Julio César Triana, de que se le autorizara la contratación de licores, llegó sin quién la presentara siquiera.
Hace algunos días algo parecido se vivió con la directora de Infihuila, Sandra Liliana Rojas Hernández. En este caso estaba pendiente la aprobación de una adición para la entidad proveniente de excedentes por más de $1.700 millones, pero la funcionaria no estaba en el recinto de la Asamblea y ante su ausencia, hubo que pasar el asunto al último punto de la agenda en tanto ella llegaba para poder llevar a cabo el proceso.
Ayer, el turno fue para la Secretaría de Hacienda. En plenaria se analizaría una adición de $4.000 millones, pero nuevamente hubo que aplazar su discusión, pues el jefe de esa oficina Eduardo Serrano Tafur, quien se posesionó hace dos semanas, no tenía conocimiento del tema.
‘La cultura quiere hacer ley’
El diputado Alfadil Ortigoza, uno de los más molestos, resaltó que el reglamento interno de la Asamblea es claro cuando señala que siempre que se presente una iniciativa debe estar sustentado por cada secretario de despacho, o jefe de la oficina.
“Llevamos como diputados 16 meses y nos preocupa mucho que la cultura quiere ser ley, y es que dependiendo de la cercanía que tenga el funcionario con los diputados, no se le exige que venga, sino que pasa de agache y cuando hay inquietudes o dudas, entonces ¿quién las aclara? Con responsabilidad y criterio”, advirtió Ortigoza.
Para Ortigoza, resulta inconcebible que la Asamblea no conozca cuáles son los excedentes de entidades descentralizadas como Infihuila o el Terminal de Transporte donde el Departamento tiene participación.
A su turno, la diputada liberal, Migdonia Patiño sostuvo que si bien el gobernador Carlos Mauricio Iriarte es amigo de los diputados, pues hasta le hicieron campaña, eso no significa que la Asamblea no vaya a exigir el cumplimiento del reglamento.
“Los proyectos ante la Asamblea tienen que ser presentados con todos los sustentos jurídicos, documentos y sustentos, para que la decisión que tomemos esté respaldada. Hemos dicho que cada funcionario debe venir a defender su proyecto y a responder por las inquietudes que a través del debate pueda surgir”, subrayó.
La diputada se quejó de que ayer precisamente, la secretaria de Educación (e) Lidia Aya, quien estaba citada para que defendiera un proyecto de adición, tampoco se hizo presente y hubo que aplazarlo, nuevamente.
También el diputado del Partido Verde, Víctor Félix Tovar, advirtió que se trata de un sentir generalizado y la incomodidad generada por la costumbre que viene haciendo carrera en la Asamblea por parte de los funcionarios de la Gobernación.
“Hay muchos proyectos de los que necesitamos que haya claridad, y que haya quién lo haga. Además, el reglamento es preciso en ese sentido, que debe estar el secretario o un delegado, aclarando las inquietudes del proyecto, y acá con una adición de $4.000 millones con importantes inquietudes, pues amerita que dentro de la seriedad que se le debe a la Asamblea, el titular de la cartera debe estar acá precisando lo pertinente”, afirmó Tovar.