Es una especie de rito: cada año se anuncian o se proponen reformas para atender los mismos “problemas estructurales” que siguen sin resolverse. Y el año que comienza no tendría por qué ser la excepción. Los ejemplos abundan: -Cuando el gobierno busca bajar la tasa de desempleo suele apoyarse en “grupos de pensamiento” de clara orientación pro–mercado, para quienes la solución consiste básicamente en reducir el salario mínimo…sin mucho éxito. -Otra propuesta recurrente es disminuir o eliminar de tajo los costos parafiscales del salario, aun cuando éstos sirven para financiar los sistemas de salud y de pensiones. -Periódicamente, la agenda pública contempla la reforma del sistema pensional. Entonces el gobierno plantea la necesidad de elevar la edad de jubilación, de aumentar los aportes de los trabajadores y empleados, así como de abrir el camino que permita pagar pensiones inferiores al salario mínimo, evitando eso sí – en la medida de lo posible– confrontaciones directas con sectores que detentan claros privilegios pensionales: las Cortes, el Congreso y las Fuerzas Militares. -Otro ejemplo: se propone financiar la infraestructura aumentando aún más las tarifas y reduciendo las distancias de los peajes. Sin embargo, en muy pocas ocasiones se estudia la conveniencia de elevar los impuestos a la gasolina y al diesel. Además de los beneficios en términos económicos, ello tendría otras ventajas: racionalizar el uso de vehículos; contribuir al pago de los costos ambientales; contribuir a financiar vías troncales y regionales, con la consecuente reducción de costos de transporte de los productos de consumo de los centros urbanos. Los intereses creados No hay gobierno que se respete que no ejecute o proponga una o varias reformas tributarias y fiscales. Los financiadores de las campañas electorales conocen esta constante en el comportamiento gubernamental, lo cual implica incentivos perversos para desplegar anticipadamente su generosidad “apoyando la democracia”, a cambio de poder influir en la redacción del articulado de la siguiente reforma tributaria y así conservar privilegios u obtener nuevos. Otra forma aberrante de apropiación privada de bienes públicos. Históricamente, las propuestas de reforma tributaria tienden a aumentar el impuesto sobre el valor agregado (IVA) y a ampliar su base de aplicación dentro de la canasta familiar básica. De igual manera, se busca aumentar la tasa nominal del impuesto de renta, manteniendo eso sí generosas exenciones cortadas a la medida, que de hecho reducen la tasa de tributación para quienes ostentan más poder de influir sobre la toma de decisiones públicas. Al discutir la orientación del gasto público se considera axiomático que éste se encuentre predeterminado y que la única forma de ejecutar políticas redistributivas sea manteniendo el nivel de gasto y aumentando los impuestos. De otra parte, numerosos análisis nacionales e internacionales concluyen que la baja eficiencia del sistema de justicia representa uno de los mayores obstáculos al desarrollo y a la construcción de ciudadanía. Las reformas en este campo no se han orientado a lograr lo obvio — como sería una “pronta y equitativa” justicia — sino a introducir ajustes marginales en el delicado mecanismo de pesos y contrapesos, como acaba de suceder: una suerte de retaliación, aunque se ponga en riesgo la esencia democrática reflejada en la separación de poderes. *Razón Pública