Rodolfo Valderrama
Indignante, aunque entendible que un régimen como el que nos agobia, antidemocrático, represivo y camandulero, esté planteando una reforma penal y carcelaria clasista, pues continúa favoreciendo principalmente a estratos altos. Antes del 2020 teníamos graves problemas sociales derivados de las políticas neoliberales, pero con la pandemia el desempleo y la pobreza empeoraron y por ende la inseguridad, aunque sectores malvados y retardatarios no reconozcan que la miseria unida a la falta de oportunidades es poderoso ingrediente contra la seguridad ciudadana. Razonable, la pobreza no justifica la delincuencia ante cualquier código, conservador, social-demócrata o socialista pero ocurre, es decir no hay relación de causalidad pobreza-delincuencia, pero existe correlación en sentido estadístico y en la práctica.
Sin discusión, es obligación de cualquier régimen prevenir y reprimir la delincuencia, el inconveniente es acudir principalmente a instrumentos represivos, algo insuficiente, pues no se da adecuada respuesta a la problemática social, causa primaria del flagelo. El proyecto, Ley de seguridad ciudadana, contempla mayores penas por delitos menores, limitación a pena extramural y libertad condicionada; esto no afectará a genocidas, grandes desfalcadores y corruptos, como los patrocinadores de Aída Merlano, los Lule, los Moreno, parapolíticos que disfrutan durante su prisión en clubes militares o casas lujosas, tampoco a culpables del MINTIC que por ineptos y corruptos tenemos embolatados $70.000 mil millones, tampoco afecta los asesinos al volante y piques ilegales, generalmente personas de estratos altos como Manzanera y Vives; en cuanto a perros potencialmente peligrosos debió aprovecharse para que el propietario responda penalmente por muerte o integridad personal de los afectados por ataque del canino. Se incrementan penas para quienes atenten contra los miembros de la fuerza pública, algo sensato, lo absurdo es que no haya reciprocidad, es decir penas más drásticas para contener la atrocidad policial y la impunidad de algunos irresponsables que desvirtúan sus funciones, como sucedió con los jóvenes incinerados en el CAI de Soacha o los asesinatos en las recientes protestas.
También se contempla solucionar el problema de los reincidentes y otros aspectos que aumentarán la población carcelaria, ya de por sí en condición tortuosa; no se mejorará el sistema carcelario para re-socializar y evitar ser escuela del delito. ¿Quién va a emplear un expresidiario si tampoco contratan personal honrado? Entonces mientras tengamos una clase oligárquica indolente, una juventud desesperanzada porque las mayores oportunidades se encuentran en la delincuencia común o estructurada y una población carcelaria donde la mayor parte de presidiarios han sido acusados por hurtos menores, cometidos principalmente por personal vulnerable, sometidos a vejámenes, mientras los grandes pícaros están libres o recluidos en sitios especiales, seguiremos padeciendo una política de seguridad y sistema penitenciario, costosa, perversa, represiva, clasista, inocua e insostenible, y las reformas que se proyecten estarán infestadas de esta caracterización.