RICARDO AREIZA
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Aunque la multinacional Emgesa desistió definitivamente del proyecto hidroeléctrico de Oporapa, la comunidad decidió blindarse.
El alcalde de la localidad, Pablo John Trujillo Motta reanimó la consulta popular para impedir de una vez por todas, la construcción de la represa en la región El Guineo como estaba planteado. Pero además, para prohibir expresamente en su territorio la ejecución de proyectos mineros de alto impacto.
La solicitud para realizar una consulta popular sobre esas restricciones resucitó en el Tribunal Administrativo donde había naufragado el primero de junio pasado. No obstante, la iniciativa tomó un nuevo giro y quedó agendada.
“Resulta imprescindible la participación activa y efectiva de las poblaciones potencialmente afectadas en la definición de los impactos ambientales, culturales y sociales que pudiera generar dicha actividad”, afirmó la magistrada Lida Yaneth Manrique al respaldar el mecanismo ciudadano.
El trámite
La consulta popular fue presentada por el alcalde Pablo John Trujillo Motta desde el año pasado. Pero en un primer intento fue hundida. Aunque contaba con el respaldo del Concejo y era avalado por las comunidades campesinas, la iniciativa no pasó el control de legalidad en el Tribunal Administrativo.
Desde entonces, el proceso arrancó de cero. El mandatario municipal, convencido de los impactos negativos que generarían en su territorio proyectos de minería de alto impacto, reinició el proceso.
El 8 de agosto solicitó el concepto previo del concejo para impulsar la consulta popular para que la comunidad se pronuncie sobre las actividades minero-energéticas que puedan desarrollarse en ese territorio. La corporación avaló la iniciativa el primero de septiembre.
Posteriormente la Procuradora 34 Judicial Administrativa estimó que la pregunta que se someterá a consulta popular cumple con los requisitos de claridad, lealtad y objetividad.
Respaldo
La iniciativa recibió además el apoyo de varias ONG`s entre ellas la Corporación Podio y agremiaciones campesinas de la región como la Asociación de Productores Agrícolas (Surcafé) de la vereda “El Carmen, la Asociación de Productores Agrícolas de San Roque, la Asociación No a Represas en el Territorio (Asoranet), el Comité por la Defensa del río Magdalena y la parroquia San José de Oporapa y Plataforma Sur.
Según el expediente en Oporapa se tramitan siete solicitudes mineras para la explotación de oro, materiales de construcción y agregados pétreos. También está registrado un proyecto de perforación exploratoria San Gabriel entre Pitalito y Palestina.
“Estos como otros proyectos resultan una amenaza para nuestra comunidad, por esencia campesina y tenemos que frenar las afectaciones”, afirmó Fabián presidente del Concejo.
Las razones
La consulta popular regresó en septiembre pasado y concluyó con un espaldarazo a esa iniciativa.
“Este Tribunal- dijo- no encuentra reparo alguno a la viabilidad jurídica de realizar la consulta popular en el municipio de Oporapa en relación con la ejecución de proyectos de hidroeléctricos, de exploración y explotación minera a gran escala o de hidrocarburos”. “La iniciativa –agregó- tiene su fundamento en el ejercicio del principio de participación democrática, y lleva implícita la oportunidad del pueblo de manifestarse respecto de aquellos aspectos que les afecta directa e indirectamente, que en el caso particular se concreta en la determinación de si se ejecutan o no actividades de alto impacto ambiental en su territorio”.
La magistrada Lina Yaneth Manrique avaló el procedimiento.
Además-enfatizó- la iniciativa para llevar a cabo el mecanismo de participación democrática tiene sustento en el principio constitucional de precaución el cual le permite a la administración, adoptar medidas preventivas para hacer frente a una afectación derivada de un hecho o situación o para conjurar un riesgo grave que amenaza con dañar el medio ambiente en forma irreparable o de muy difícil tratamiento”.
“Como vemos se encuentra latente en el departamento del Huila, un riesgo de afectación del suelo de su jurisdicción, y específicamente en el área de influencia del municipio de Oporapa, a través de solicitudes de licencia ambiental para la ejecución de proyectos de hidrocarburos, por tanto se evidencia una amenaza que hace imperante la consulta popular como mecanismos de participación de la comunidad, a iniciativa de ésta o como en el presente caso, de la autoridad gubernamental”. La magistrada respaldó la viabilidad de la pregunta.
“Vemos que el cuestionamiento es claro en cuanto a que en ella se determina concretamente la actividad sobre la cual se desea interrogar al electorado, sin que se advierta que con ella se pretenda distorsionar su voluntad y decisión” remató al .
Regalo anticipado
“Para Oporapa y para el sur del Huila la decisión del Tribunal es un regalo del Niño Dios. Excelente. Todo el mundo está feliz porque la consulta toma un nuevo aire y se abre paso para prohibir la explotación minera que tendría graves impactos para el municipio”, afirmó el presidente de la corporación, Fabián Calderón.
Agotado este paso, la iniciativa se remitirá a la Registraduría para que se fije la fecha de realización de la consulta ciudadana.
“Esperamos que la Registraduría agilice este trámite y fije la fecha en el menor tiempo posible”, aseguró el dirigente.
Otra consulta popular en trámite es la propuesta por las comunidades de Íquira. El Consejo Nacional Electoral refrendó las 1.725 firmas respaldando una consulta similar para frenar el proyecto petrolero VSM-22, adjudicado en el 2010 a la compañía Telpico.
La represa que se apagó
El proyecto para la construcción de la tercera represa fue presentado el 9 de agosto de 2012 por Emgesa pero se apagó en el camino.
Por la fuerte oposición de las comunidades del sur fue desmontado el 17 de abril de 2017. El gerente General de la compañía Bruno Riga le notificó la decisión a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) donde se surtía el respectivo trámite.
El complejo, un poco más pequeño que El Quimbo, tendría una capacidad instalada de 280 megavatios con impactos en los municipios de Oporapa, Isnos, Saladoblanco, Tarqui, Timaná, Elías y Pitalito.
El expediente NDA 0821, con el que se tramitaba la licencia ambiental quedó por ahora cerrado.
Las comunidades en defensa de sus ríos y su territorio.