De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en la franja que conecta a estos dos municipios con el Caquetá se hallan importantes corredores de movilidad que las disidencias de las Farc-EP quieren ocupar. Concretamente, el Estado Mayor Central ha “iniciado la imposición de mecanismos violentos de control territorial y poblacional”, así mismo, “extorsiones, amenazas, presuntos asesinatos selectivos, restricciones a la movilidad”, entre otros.
Debido a la expansión territorial y operación del Estado Mayor Central – EMC sobre Gigante y Garzón, disidencia de las antiguas Farc-EP, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de riesgo inminente de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (AT. 012 del 2024).
La Defensoría puntualiza que son los Frentes Iván Díaz (Gigante) y Rodrigo Cadete (Garzón), ambos pertenecientes al Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño la amenaza para esta región del Huila.
En el caso del Frente Iván Díaz su expansión se da desde el municipio de Algeciras, donde este grupo “ya posee un importante control territorial y social”, mientras que en el caso del Frente Rodrigo Cadete su ingreso se produce por la cordillera oriental, desde el departamento del Caquetá. Esta dinámica conlleva una importante ampliación de las zonas de dominio del EMC y particularmente del Bloque Jorge Suarez Briceño, tanto como una significativa fuente de recursos a explotar por vía de las economías ilegales, en especial las extorsiones.
De acuerdo con el documento del que también tiene conocimiento la Gobernación del Huila, “el riesgo para la población civil se caracteriza por la imposición violenta pautas de control social y territorial por parte del Estado Mayor Central, habiéndose registrado además la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos consistentes en homicidios, amenazas, extorsiones, cobros forzados, posibles casos de reclutamiento forzado, restricciones a la movilidad, así como diferentes repertorios de gobernanza criminal”. Todo esto continúa en la actualidad.
Argumentó que el riesgo identificado es inminente, pues es altamente probable “la consumación de nuevos hechos de violencia armada en perjuicio de la población civil, y de manera selectiva y diferencial en contra de personas líderes y defensoras de derechos humanos, personas defensoras del medio ambiente, así como para personas en proceso de reincorporación, sus familias y formas organizativas”.
Adicionalmente, apuntó que por cuenta de conductas vulneratorias de los derechos humanos como extorsiones y/o exacciones, se han visto afectados varios sectores económicos, entre los que se encuentran comerciantes, transportadores, servidores públicos, agricultores, ganaderos y pescadores.
Dentro de las viviendas
Y se han registrado, además, combates entre esta estructura y las Fuerzas Militares, sin que se conozca afectación a personas o bienes civiles, pero librados en áreas habitadas y en medio de las viviendas de la población. Este año se han registrado por ejemplo los días 2 de febrero, 24 de marzo y 6 de abril donde han resultado muertos de ambos bandos, entre otros. De igual manera, “no se descarta que nuevas acciones bélicas puedan generar diversas afectaciones humanitarias como desplazamientos individuales o masivos”.
Cabe recordar que en el departamento del Huila se encuentra vigente el cese al fuego bilateral temporal y nacional sobre la base de un Acuerdo para el respeto de la población civil entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las Farc-EP. Por eso los enfrentamientos son otro tema que le llama “poderosamente la atención” a la Defensoría.
Incluso hay una queja radicada ante el Ministerio Público por la presencia de integrantes del Ejército Nacional dentro de las viviendas de los pobladores. Esta conducta también se habría realizado por integrantes del Estado Mayor Central, quienes buscaron refugio en las mismas habitaciones.
Tercerización
La defensoría también entregó indicios de la manera de operar del Estado Mayor Central – EMC sobre esta zona.
Sostuvo que en el escenario expuesto se considera la existencia de grupos de delincuencia común, de alcance local y principalmente dedicados al microtráfico, quienes podrían ser tercerizados por la mencionada facción disidente de las Farc-EP.
El objetivo de estos grupos al margen de la ley es la expansión y control territorial de corredores estratégicos. De acuerdo con la entidad, la franja que conecta a Gigante y Garzón con el Caquetá se hallan importantes corredores de movilidad que las disidencias de las Farc-EP también quieren ocupar.
Y adicionalmente, “los riesgos advertidos guardan unidad de propósito respecto de la consolidación del Estado Mayor Central en el vecino municipio de Algeciras, a través de la estructura Frente Iván Díaz, y en Tello, a través del Frente Darío Gutiérrez”.
La Plata es otro municipio sobre el cual meses atrás se emitió una alerta temprana, allí se “ha identificado el control hegemónico del EMC a través del Frente Ismael Ruiz (antes Columna Móvil Dagoberto Ramos)”, detalló la Defensoría.
Desarme y reaparición
Cabe recordar que desde el surgimiento de las antiguas Farc-EP en la década de los 60 en el siglo XX, diferentes subestructuras de esta guerrilla fueron copando la cordillera oriental desde los departamentos del Caquetá y Meta, adelantando un proceso de expansión y consolidación territorial que se expresó en un amplio dominio territorial del corredor que comunica el suroriente, centro y suroccidente del país a través de los municipios de Algeciras, Gigante, Garzón, Suaza y Acevedo, en el departamento del Huila. Sobresalen en los municipios focalizados, la otrora presencia y acción de los Frentes 13 Cacica Gaitana y 61 Cacique Timanco en la zona de Gigante y Garzón, así como el posterior afianzamiento de Columna Móvil Teófilo Forero con sus unidades y milicias urbanas.
Después del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP, en Gigante y Garzón a diferencia de otros municipios del Huila, en el periodo 2017-2022 no se tuvo noticia de procesos de reconfiguración armada por parte de las disidencias.
Pero esa situación cambió en el 2023 “con la creciente expansión del EMC en los departamentos del Caquetá y el Huila, y puntualmente con la aparición del Frente Iván Díaz desde el municipio de Algeciras, y del Frente Rodrigo Cadete en Florencia, Caquetá, teniendo como punto de inflexión los fenómenos de reconfiguración armada y distribución territorial que se sucedieron al Pleno Ampliado del Estado Mayor Central, desarrollado en San Vicente del Caguán (Sabanas del Yarí- Casa Roja) entre los meses de marzo y abril de 2023”, contextualizó la Defensoría.
Detalló que la incursión de ambas estructuras, el Frente Iván Díaz (Gigante) y el Rodrigo Cadete (Garzón) “se produjo de manera gradual y casi subrepticia, a partir de una serie de reuniones a las que fueron citados integrantes de Juntas de Acción Comunal”.
Así las cosas, “la presente Alerta Temprana de inminencia tiene como objetivo movilizar la respuesta institucional al riesgo identificado en estos dos municipios del centro-oriente huilense, impulsando la adopción e implementación de medidas necesarias, oportunas e integrales entre los diferentes niveles administrativos del Estado Colombiano y demás entidades competentes, para garantizar la vida, integridad, seguridad y libertad de sus pobladores, tanto en áreas rurales o urbanas”, subrayó la defensoría.
LA NACIÓN intentó conocer la perspectiva de los alcaldes de Gigante y Garzón pero tras llamadas y mensajes, no fue posible. Así mismo, el personero de Garzón informó que se encontraba atendiendo asuntos personales.
Edgar Martín Lara, secretario de Gobierno del Huila.
“Son varias las reuniones virtuales que se han realizado, y las convocadas por el MinInterior presencial el 7 de mayo en Garzón. Se expidió la AT. 012 del 2024, por la expansión territorial y vulneración de derechos humanos por parte del Estado Mayor Central en los municipios de Garzón y Gigante. Por parte de la Gobernación del Huila, se ha formulado un plan de acción para poder mitigar las problemáticas planteadas por la Defensoría del Pueblo, este en articulación con las alcaldías de Garzón y Gigante, fuerza pública y Ministerio Publicó. La Gobernación del Huila, en articulación con las alcaldías, UNP y Policía, el día 10 y 11 de mayo realizamos jornada de atención a líderes de JAC, en las cuales fueron escuchados y se capacitaron en temas tan importantes como normatividad de Juntas de Acción Comunal, Derechos Humanos, DIH y Autoprotección.
Asimismo, se les explicó la ruta de atención a riesgo de amenazas o vulneración de Derechas Humanos, y a dónde acudir en caso de tener un hecho víctimizante. El día viernes tuvimos reunión con el Ministerio del Interior y la subdirección de proyectos en seguridad y convivencia, con el fin de fortalecer las capacidades operacionales en materia de seguridad en Garzón y Gigante. Por parte de la Gobernación del Huila, nos preocupa la expansión de estos grupos delictivos, sin embargo venimos realizando todas las acciones pertinentes, para evitar la expansión y disminuir estos grupos de nuestro departamento. Además, la otra semana tendremos reunión con el Ministerio de Educación, secretarías de Educación para abordar esta problemática desde el sector educación”.
Sergio Losada, concejal de Garzón.
“Solicitar a las autoridades la protección especial a los menores que están en riesgo a partir de programas sociales, educativos, culturales, de alimentación, de salud mental, abordar la problemática de la violencia intrafamiliar y sexual, ya que todos esos son aspectos que generan condiciones para que los menores tengan apertura sobre la posibilidad de irse a la ilegalidad. Así mismo, a las autoridades militares y de Policia toda la acción para proteger a la población, especialmente a los niños y adolescentes”.
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