El robo de celulares es uno de los delitos de alto impacto que más afectan a los colombianos y uno de los que más pesa en la percepción de inseguridad en las principales ciudades del país.
No en vano, el 40 por ciento de las denuncias realizadas por robo en Colombia corresponde a teléfonos celulares.
A pesar de las medidas adoptadas para enfrentar la criminalidad urbana, el robo de celulares sigue siendo una práctica recurrente más allá del simple raponazo. Neiva no es la excepción.
Detrás de este delito hay una red internacional, verdaderas mafias que manejan un mercado ilegal, según las propias autoridades, más de 830 mil millones de pesos al año. Es una cadena de la que hacen parte comercializadores clandestinos.
Siete de cada diez celulares robados son comercializados en otros países principalmente en Perú, Argentina, Estados Unidos, Venezuela y Ecuador.
Ante la dimensión que está adquiriendo, el Gobierno Nacional, las autoridades judiciales y los propios operadores definieron ayer un nuevo paquete de medidas para enfrentar la alarmante proliferación.
Un grupo élite de la Policía se dedicará a desmantelar estas organizaciones. Se simplificarán las denuncias para asegurar el bloqueo efectivo de los aparatos que sean reportados.
El robo de celulares será elevado al rango de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Esto significa aumento de penas para sus autores.
Es necesario adoptar drásticas medidas para criminalizar a las bandas dedicadas a manipular, reprogramar o clonar los equipos robados.
Los operadores de telefonía móvil no pueden seguir eludiendo la responsabilidad en estos casos. Las compañías poseen la tecnología para que un celular hurtado sea bloqueado oportuna y efectivamente pero además inutilizado. Cada celular tiene un código único, un número de serie pregrabado (Imei), clave para inutilizar de por vida los teléfonos robados.
Las compañías deben implementar, como en otros países, un protocolo de verificación de aparatos celulares y tarjetas SIM, con el fin de evitar la activación de teléfonos robados. El Ministerio de las Tic debe garantizar que esas medidas se hagan efectivas.
La estrategia desde luego debe ser integral. Y el éxito de esta cruzada nacional está en la participación ciudadana. La denuncia oportuna y la cooperación serán fundamentales para enfrentar esta modalidad delictiva que golpea a todos los sectores.
“Detrás de este delito hay una red internacional, verdaderas mafias que manejan un mercado ilegal…”
EDITORIALITO
La continuidad de la tregua unilateral declarada por la guerrilla es un buen síntoma para desescalar el conflicto. La decisión coincide con el informe de la Defensoría del Pueblo que confirma la sensible reducción de las hostilidades.