Con libertad condicional quedaron esta tarde en Bogotá por orden del Juez Tercero Penal del Circuito, los exfuncionarios Carlos Hernando Ordóñez Acevedo, ex gerente de la Lotería del Huila; José William Sánchez Plazas, asesor jurídico, quienes fueron capturados el pasado 25 de marzo por agentes del CTI de la Fiscalía implicados dentro del escándalo de la licitación del chanche en el Huila. Se determinó que la medida de aseguramiento en contra de ellos era desproporcionada y que no se reunieron los requisitos para que estén bajo prisión intramuros.
La decisión se conoció esta tarde luego de una segunda audiencia, donde la Defensa de los procesados argumentó que la medida de detención era injusta porque no eran un peligro para la sociedad, no tenían antecedentes penales, ni entorpecer el proceso.
De esta manera se determinó a partir de la fecha la libertad inmediata que será tramitada en las próximas horas por los abogados de los dos capturados.
Ordóñez Acevedo y Sánchez Plazas están implicados en el hecho ocurrido en el año 2008, donde en la Gobernación del Huila, al parecer funcionarios públicos adscritos a la empresa de Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento, habrían concertado de manera ilícita con un particular para favorecerlo en la adjudicación de la operación del “chance”.
Recuento del caso
Todo comenzó cuando el jefe de la Unidad Nacional Anticorrupción, Mario Montes Giraldo, afirmó que después de una rigurosa investigación, se confirmaron algunas anomalías para terminar favoreciendo a una pequeña chancera, sin experiencia y solidez financiera, resucitada poco antes para participar en el ‘enredado’ proceso licitatorio.
En Neiva fueron detenidos los abogados Carlos Hernando Ordóñez Acevedo, ex gerente de la Lotería del Huila y José William Sánchez Plazas, asesor jurídico y miembro del comité evaluador cuando se encontraban en sus apartamentos; mientras que en Tena (Cundinamarca) fue privado de su libertad Gustavo Guevara Aldana, representante legal de la empresa Apuestas Nacionales de Colombia, a quien se le adjudicó el millonario contrato.
La diligencia fue realizada por funcionarios desplazados desde la capital colombiana.
La unidad nacional anticorrupción de la Fiscalía ordenó el traslado a Bogotá donde se adelantaron las audiencias de legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento. Los tres detenidos fueron trasladados a la capital colombiana.
Carlos Hernando Ordóñez y José William Sánchez poco antes de ser trasladados a Bogotá.
Cargos anticipados
La investigación se venía instruyendo desde hace dos años de oficio, pero solo hasta ahora, cuando el contrato fue ejecutado por otro concesionario y ya fue liquidado, se destaparon las anomalías.
“Funcionarios públicos adscritos a la Empresa de Loterías se concertaron ilícitamente con un particular para favorecerlo en la adjudicación de la operación exclusiva de juegos y apuestas permanentes (chance). Para ello se profirieron actos administrativos manifiestamente contrarios a la ley para favorecer, al parecer, a la firma Apuestas Nacionales en la adjudicación del contrato”, explicó Montes Giraldo en una rueda de prensa realizada en Bogotá.
“Por estos hechos- agregó- un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción formulará imputación por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción”. La investigación fue anticipada la semana pasada por el vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo.
“Esta es la primera fase de esta investigación. La Fiscalía sigue con su labor de investigación y en la medida en vayamos teniendo mayores elementos de juicio, imputará otros cargos o vinculará a otras personas”, explicó Montes Giraldo.
Polémica adjudicación
Gustavo Guevara Aldana.
La firma Apuestas Nacionales de Colombia (antes Apuestas Chiquinquirá) se quedó con la concesión por cinco años a partir del primero de octubre de 2008. Sin embargo, tres meses después no pudo cumplir y terminó vendiendo su participación a Su Chance, su más duro competidor.
La pequeña chancera fue constituida como sociedad de responsabilidad limitada, en agosto de 2003. Sin embargo permaneció inactiva y con escasa trayectoria en el mercado.
La empresa se transformó en marzo de 2008, cuando estaba en marcha el proceso licitatorio, lo que puso en tela de juicio su trayectoria.
La empresa pasó de ser una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad anónima y se incorporaron nuevos accionistas.
La firma, convertida en Apuestas Nacionales de Colombia, ganó la licitación, pese a las dudas sobre su solvencia financiera y su poca experiencia, y serias inconsistencias legales y contables con que se soportaron la capacidad financiera.
Oferta ganadora
La empresa Apuestas Nacionales, ofreció en su propuesta, recursos por $22.679 millones, superior a la de los otros dos proponentes y por encima de las expectativas del negocio. De éstos $17.674 millones correspondían a derechos de explotación; $500 millones para inversión social voluntaria y otros $4.505 millones por condiciones económicas adicionales. Estos ofrecimientos le sirvieron para sumar puntos y ganar el contrato que no puedo ejecutar, por desconocimiento del negocio y por falta de recursos, como se demostró en los primeros tres meses.
Contexto jurídico
En su momento el gerente de la Lotería se defendió.
Estimó que la adjudicación, consignada en la Resolución 181 fue proferida, según su opinión, “objetivamente, en un contexto eminentemente jurídico y contable”, según un concepto que rindieron el contador Eber Barrera y el abogado José William Sánchez.
Los dos profesionales, miembros del comité evaluador, habían declarado desierto el proceso, argumentando inconsistencias técnicas, jurídicas, financieras y contables. Sin embargo, pese a las observaciones, fue adjudicado y se firmó en total secreto, sin que la junta directiva tuviera conocimiento, como lo alegó luego el mandatario seccional, presidente de la junta.
El ex funcionario, estimó que los aspectos financieros cuestionados por los otros oferentes, constituyen hechos económicos, no jurídicos, que deben ser verificados y registrados contablemente.
El gobernador sabía
El abogado José William Sánchez, quien asesoró al Comité Evaluador, aseguró que el proceso no se hizo a espaldas de la junta directiva, como lo alegó luego el gobernador de la época Luis Jorge Sánchez.
En su opinión el proceso licitatorio fue público, desde el inicio y sometido al ordenamiento jurídico y contable.
El 28 de julio de 2008, rendió su concepto escrito y así lo radicó en el despacho del Gobernador. “Eso no está en la clandestinidad, esto ha sido público y ha sido dado a conocer en su oportunidad al gobierno seccional. El Gobernador tenía conocimiento, desde el 28 de julio yo le radiqué mi concepto, también el señor contador público le radicó un concepto por escrito”, afirmó el jurista. Una semana antes de la adjudicación, confesó, se reunió con el propio mandatario seccional y debatieron el tema.
“Tenemos disparidad de criterios, hay disentimiento conceptuales desde el punto de vista jurídico y contable, pero eso no quiere decir que no tuviera conocimiento”, remarcó.
Dudas sin aclarar
Por su parte Gustavo Guevara Aldana, representante de Apuestas Nacionales suscribió el contrato que no alcanzó a ejecutar. No obstante, en su momento, señaló que las dudas se logaron aclarar. “No solamente en el recurso, sino en el análisis jurídico, contable y financiero que tuvimos la oportunidad de hacer, les permitió reconocer las equivocaciones que se habían dado a lo largo del proceso y que habían sido revisadas con un criterio muy superficial Pero una vez se confrontaron con muchos más actores, las sumas de esas opiniones, les permitió soportar la decisión y que nos permitió ser los adjudicatarios del contrato”.
Sin embargo, en enero de 2009, tres meses después de iniciadas las operaciones, la firma ganadora vendió su participación a sus antiguos rivales. Después de 90 días de negociaciones la empresa cambió de dueños y Aldana renunció dejando sin pagar la mayoría de las deudas que soportaron en la propuesta, inflada para ganar la concesión.