Pese a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis de la salud, la prestación de los servicios a los más necesitados sigue siendo el principal dolor de cabeza. Y la tutela sigue siendo el mecanismo más afectivo para lograrlo.
Según la Defensoría del Pueblo, cada cuatro minutos se interpone una tutela para invocar el derecho a la salud en el 80 por ciento del territorio nacional.
De las 498.200 tutela colocadas durante el 2014 invocando protección a derechos fundamentales, casi el 24 por ciento de ellas, es decir 118.281, reclaman adecuada atención de los servicios de salud. El reporte oficial revela que los servicios más reclamados por tutela corresponden a tratamientos, suministro de medicamentos, citas médicas especializadas, entrega de insumos y cirugías.
Las medidas adoptadas por el Gobierno en la práctica, no han garantizado el acceso, continuidad e integralidad de los servicios. Tampoco han asegurado los presupuestos necesarios que se requieren para asegurar una atención adecuada en términos de oportunidad, calidad y eficacia. El alto volumen de tutelas demuestra que la Ley Estatutaria no está funcionando y que la salud sigue en cuidados intensivos.
Aunque la unificación del POS es un gran avance en la ampliación de medicamentos, insumos y procedimientos médicos, el acceso efectivo constituye el principal cuello de botella. Los engorrosos trámites administrativos se han convertido en las barreras de accesos y en las talanqueras para autorizarlos. Igual ocurre con el acceso a las nuevas tecnologías contempladas en el nuevo POS.
Las trabas administrativas son estrategias para limitar el acceso, dilatar o negar la prestación del servicio. Es claro que esta estratagema está orientada a evitar la afectación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y con ello asegurándoles mayor rentabilidad financiera a los intermediarios del sistema, aseguradores o prestadores de servicios de salud, convertidos en los grandes beneficiarios.
Las cuantiosas deudas que mantienen las EPS con la red pública, como lo hemos advertido, tiene a los hospitales al borde de la quiebra. Y por supuesto, en alto riesgo la atención de por lo menos 700.000 huilenses, como se acaba de denunciar. No en vano, la sociedad huilense reclama del Gobierno Nacional soluciones. Y la primera es asegurar el giro de las deudas atrasadas para evitar el colapso.
“El alto volumen de tutelas demuestra que la Ley Estatutaria no está funcionando y que la salud sigue en cuidados intensivos”.
Dos personas que se desplazaban en una motocicleta murieron ayer en Neiva en un trágico accidente provocado al parecer por un terraplén de material sobrante que dejaron quienes repararon una tapa de alcantarilla. No había señalización. No es el primer caso. Es una práctica recurrente de contratistas. ¿Quién responde?